Por encima de las tuberías, los contadores y las depuradoras, hay una capa de software que decide cuándo se abre una válvula, dónde se busca una fuga y qué datos se entregan al regulador. Esa capa —la inteligencia operativa de la red— se está construyendo ahora en las utilities españolas del agua con fondos del PERTE, sobre plataformas que en la mayoría de los casos no son suyas. Quién la posee, quién la opera y en qué condiciones es una pregunta que necesita respuesta para comprender el entramado tecnológico en el que está sumergido el sector del agua.
Una utility española de tamaño medio lleva tres años gestionando su red a través de una plataforma de gestión digital contratada con fondos del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua: sus ingenieros han calibrado el modelo hidráulico, los algoritmos de detección de fugas llevan meses generando alertas y los operadores trabajan a diario con los paneles del sistema. Cuando llega el momento de renovar el contrato y la empresa quiere comparar ofertas, pregunta al proveedor si puede exportar el historial de eventos, los modelos calibrados y las alarmas en un formato que otro sistema pueda leer. La respuesta no es una negativa directa, sino una oferta de «servicio de migración asistida», con coste adicional y plazos de varios meses. La empresa firma la renovación.
El escenario no tiene nombre propio —es solo un ejemplo ficticio—, pero la mecánica que describe es la que un equipo de investigadores identificó en 2019 trabajando con la utility italiana CADF (Consorzio Acque Delta Ferrarese): «La falta de un estándar de comunicación abierto y ampliamente aceptado significa que los proveedores típicamente proponen soluciones propietarias de captura de datos cuya adopción causa problemas no triviales a las operadoras de agua en términos de coste, dependencia tecnológica y falta de control sobre la infraestructura». Ese problema, entonces circunscrito a la capa de telemetría, afecta hoy al conjunto de la inteligencia operativa de la red: modelos hidráulicos, historiadores SCADA, gemelos digitales y algoritmos de detección de fugas.
Y la pregunta de quién controla esa capa tiene ahora una urgencia regulatoria nueva, porque el Reglamento (UE) 2023/2854 (Data Act), aplicable desde el 12 de septiembre de 2025, obliga a que los datos de «productos conectados» —contadores inteligentes y sensores SCADA incluidos— sean accesibles para el operador por defecto, en formato estándar y sin coste, mientras que su Capítulo VI establece un calendario de reducción progresiva de los costes de cambio de proveedor que culmina en enero de 2027, cuando esos costes no podrán exceder los de la mera transmisión de datos. A ello se añade que la NIS2 ha convertido la auditoría de la cadena de suministro digital en una obligación legal con responsabilidad personal del órgano de dirección para todas las utilities de agua potable y saneamiento.
Quién posee y quién opera la inteligencia operativa de la red, y en qué condiciones, es una pregunta que necesita respuesta para comprender el entramado tecnológico del sector del agua
Quién posee las plataformas y qué controlan
Para entender quién controla hoy la capa de inteligencia del agua, hay que empezar por lo que ha pasado en el mercado de plataformas digitales. En marzo de 2021, AVEVA absorbió OSIsoft por 5.000 millones de dólares, integrándolo en el grupo Schneider Electric; ese mismo mes, Autodesk cerró la compra de Innovyze por 1.000 millones de dólares, incorporando uno de los paquetes de modelización hidráulica más extendidos entre las consultoras de ingeniería. En 2022, Veolia completó la adquisición de Suez, consolidando Hubgrade como plataforma digital del grupo resultante. En 2023, la integración del AQUADVANCED de SUEZ dentro del EcoStruxure WaterAdvisor de Schneider Electric reunió bajo un mismo paraguas corporativo una cartera de más de 1.500 redes y plantas. En diciembre de 2024, Xylem adquirió la participación mayoritaria en Idrica, cerrando un proceso iniciado en enero de 2023 con la toma de una participación minoritaria. Idrica es la empresa constituida en 2020 por Fomento Urbano de Castellón —holding propietario de Global Omnium— para comercializar GoAigua, la plataforma digital que Global Omnium desarrolló internamente desde 2008. La combinación de GoAigua con las soluciones digitales de Xylem da lugar a lo que hoy se comercializa como Xylem Vue.
El resultado es un mercado articulado en torno a cuatro grandes actores
El resultado es un mercado articulado en torno a cuatro grandes actores: Xylem Vue y Veolia Hubgrade como plataformas de gestión integral de la red —desde la telelectura hasta el gemelo digital—, AVEVA/EcoStruxure como referente en historiadores de datos operativos e integración SCADA, y Autodesk Water Infrastructure con posición dominante en modelización hidráulica. Todos comparten el mismo modelo de negocio: el software como servicio (SaaS, por sus siglas en inglés) en la nube ha sustituido a la licencia perpetua como oferta estándar, desplazando con ello el almacenamiento de los datos, el software que los procesa y el entorno operativo desde los servidores de la utility hacia los del proveedor.
La dependencia que genera esa arquitectura opera en cinco capas superpuestas que se refuerzan mutuamente: el protocolo de telemetría —WMBus, LoRa, NB-IoT o redes propietarias de distintos fabricantes—, que no son interoperables entre sí; el sistema SCADA, con formatos propietarios de almacenamiento; el modelo de datos del gemelo digital, donde el motor que normaliza la información de la red en un esquema unificado combina esa arquitectura con algoritmos propietarios que no son públicos; los modelos hidráulicos calibrados con años de datos operativos reales, cuya recalibración tras una migración puede llevar años de trabajo de ingeniería; y el conocimiento organizacional capturado en dashboards y flujos de trabajo. Cambiar de plataforma implica, en consecuencia, reconstruir la memoria operativa de la red, no solo mover ficheros de un servidor a otro.
Cuando se analizan las condiciones generales publicadas por los principales proveedores, las diferencias son notables. Autodesk es el más explícito en sus condiciones publicadas: su cláusula 5 reconoce que «el cliente retiene sus derechos de propiedad sobre los archivos, modelos, conjuntos de datos y documentos subidos a la plataforma», aunque en sus Special Terms advierte que, a la terminación del contrato, la responsabilidad de conservar copias recae en el propio cliente y que Autodesk puede borrar el contenido sin previo aviso si no se está al corriente de pago. AVEVA reconoce en sus condiciones el «Customer Content» como información confidencial del cliente, pero establece que, transcurridos sesenta días desde la expiración del contrato, no tiene «ninguna obligación de continuar almacenando, exportando o devolviendo» dichos datos. Veolia Hubgrade reserva en sus términos y condiciones a Veolia la propiedad de «la plataforma HUBGRADE, los módulos y todos sus componentes», sin especificar los mecanismos de exportación al término del vínculo. En el caso de Xylem Vue, María Gil Cabrera, Country Manager Spain, afirma que «la titularidad de los datos personales y operativos es siempre de la operadora» y que en caso de finalización del contrato «se garantiza la portabilidad completa de los datos, facilitando su exportación en formatos estándar e interoperables, así como los mecanismos necesarios para su entrega segura dentro de los plazos acordados». Sobre el modelo de despliegue, Gil confirma que la plataforma se ofrece «principalmente bajo un modelo SaaS en nube», aunque añade que existen «opciones de despliegue on-premise o híbrido para aquellas utilities que, por requisitos regulatorios, de soberanía del dato o políticas internas, así lo requieran, evaluándose caso a caso».
Fondos públicos, arquitectura privada: lo que el PERTE prometió y el BOE no recogió
La memoria descriptiva del PERTE, aprobada por el Consejo de Ministros el 22 de marzo de 2022, citaba FIWARE como plataforma que «intenta proveer de una arquitectura totalmente abierta, pública y libre» y comprometía que los sistemas financiados deberían «garantizar una compartición fluida de datos» siguiendo las directrices de la Oficina del Dato y del Esquema Nacional de Interoperabilidad; compromisos razonables para un programa de fondos europeos que alcanzaría al 60% de la población española y que movilizaría finalmente más de 1.200 millones de euros entre 469 proyectos y 2.731 municipios.
La exigencia más próxima a una obligación de gobernanza del dato en todo el articulado es el artículo 5.2 de la Orden TED/934/2022
Sin embargo, esos compromisos no se trasladaron al articulado vinculante publicado en el BOE. La Orden TED/934/2022 no contiene ningún artículo específico sobre interoperabilidad, portabilidad de datos o estándares abiertos —la única referencia tecnológica de su articulado es a «Internet of Things (IoT)», en sentido puramente descriptivo—, y ni la Orden TED/919/2023 ni la Orden TED/1148/2024 añadieron ninguna obligación equivalente. La exigencia más próxima a una obligación de gobernanza del dato en todo el articulado es el artículo 5.2 de la Orden TED/934/2022, que se limita a pedir el envío al MITECO de «un resumen de la información obtenida» durante cinco años, sin especificar formato, portabilidad ni propiedad.
Los estándares abiertos aplicables al sector no solo existían antes del PERTE, sino que contaban con financiación europea específica. WaterML 2.0, aprobado por el Open Geospatial Consortium en 2012 y avalado por el USGS y la Agencia Federal Alemana de Hidrología, es el estándar para series temporales hidrológicas. SAREF4WATR, formalizada por ETSI en septiembre de 2020, proporciona ontologías semánticas específicas para el agua. La OGC SensorThings API permite conectar dispositivos IoT en un modelo interoperable y cuenta con implementaciones de código abierto maduras, entre ellas FROST-Server, desarrollado por el Instituto Fraunhofer y adoptado en varios proyectos europeos de agua. El proyecto europeo Fiware4Water, financiado con 4,997 millones de euros de la Comisión Europea y desarrollado entre 2019 y 2022 con catorce socios —incluido el centro tecnológico catalán Eurecat—, los integró en una arquitectura de referencia con cuatro pilotos operativos; la memoria del PERTE los mencionaba, aunque las órdenes ministeriales no los recogieron como requisito.
El resultado es que más de 1.200 millones de euros en fondos NextGenerationEU se han distribuido entre proyectos de digitalización del agua sin que ninguna convocatoria establezca en qué formato se entregarán los datos generados ni a quién pertenecerán cuando el contrato venza.
Cuatro modelos de control para la misma red
Lo que el PERTE no decidió, cada utility lo está resolviendo por su cuenta, con resultados muy distintos. EMIVASA, en Valencia, cuenta con una red de telelectura de más de 450.000 contadores —según el caso documentado por Idrica— integrados a través de Xylem Vue y con el gemelo digital de la red operando desde el puesto de mando, con la inteligencia operativa de más de 700.000 abonados alojada, desde diciembre de 2024, en una plataforma controlada por Xylem. Aigües de Barcelona, por su parte, operaba con AQUADVANCED como parte del ecosistema tecnológico del grupo SUEZ, del que era filial; tras la OPA de Veolia sobre Suez en 2021-2022, pasó a ser filial de Veolia y con ello cambió el ecosistema tecnológico de referencia; ahora, en el marco del proyecto PERTE RESSONA —subvención de la primera convocatoria PERTE recibida en noviembre de 2023 para el proyecto de resiliencia y sostenibilidad del ciclo urbano del agua en el área metropolitana de Barcelona, impulsado junto con la AMB y la ACA—, su gemelo digital de la red metropolitana abarca una réplica del 100% de la red de transporte y distribución, más de 4.700 kilómetros, con financiación pública.
Lo que el PERTE no decidió, cada utility lo está resolviendo por su cuenta, con resultados muy distintos
Frente a ese modelo, EMASESA ha optado por distribuir los contratos entre varios proveedores: Contazara para los contadores (77.300 unidades más 41.500 concentradores en cuatro años), Telefónica Tech para la conectividad y Magtel para sensorización y caudalímetros (2,25 millones de euros en dos adjudicaciones), de manera que Xylem Vue figura como aliado del proyecto «Embalse Digital 5.0» —que, según la propia EMASESA, obtuvo la mejor puntuación técnica nacional en la primera convocatoria del PERTE, con 90 sobre 100— sin asumir la propiedad de la plataforma principal. El lago de datos es de EMASESA. En el webinar celebrado el 28 de mayo de 2026 con centenares de profesionales del sector, José Luis López, jefe de la División de Transformación Digital de EMASESA, y Ángel Mena, jefe de la División de Distribución, presentaron los resultados concretos de esa arquitectura: 7,5 millones de lecturas diarias procedentes de más de 313.000 contadores con una conectividad del 99,6%, un gemelo hidráulico con 138.000 nodos y precisión superior al 90% en presiones, caudales y niveles, y una reducción superior al 60% en el consumo de agua destinado a purgas de red desde la incorporación del gemelo a la operación. María Gil, por su parte, describió en ese mismo foro la plataforma Xylem Vue como una solución «agnóstica», diseñada para «preservar las inversiones tecnológicas ya realizadas por EMASESA y evitar dependencias de proveedores concretos». La descripción no deja de ser significativa: el proveedor presenta su propia capa de integración como herramienta de independencia tecnológica.
La decisión más explícita del sector la ha tomado Aigües de Manresa, que abastece a 170.000 habitantes en 18 municipios de la Catalunya central. Sergi Grau Torrent, responsable del proyecto PERTE de la utility, explica que «en el diseño del proyecto se priorizó que los datos operativos generados no se almacenasen fuera de los servidores propios; con ello se ha buscado mantener la gobernanza y el control de los datos sin delegar dichas funciones a un tercero». Para ello, la arquitectura se construye sobre PostgreSQL/PostGIS como repositorio, MQTT como protocolo de comunicación, la OGC SensorThings API como estándar de almacenamiento IoT y electrónica de código abierto —microcontroladores ESP32 y Raspberry Pi— para evitar la dependencia de un único fabricante; cuando los datos se comparten con aplicaciones externas, se hace a través de un intermediario MQTT desde los sistemas de gestión informática, manteniendo el entorno de tecnología operacional cerrado por seguridad. La consecuencia sobre el coste de cambio es directa: «Poseer la gobernanza y el control de los datos facilita cualquier cambio», explica Grau Torrent, porque «cualquier cambio, mientras respete el sistema implantado, puede ser rápido y sin unos costes de salida y entrada elevados». La motivación del proyecto, añade, ha sido alejarse del modelo contrario: «Programas y sistemas muy cerrados y poco configurables que en general tienen unos costes de salida muy elevados con largos tiempos de transición».
Cuatro operadoras españolas, cuatro arquitecturas distintas para la misma pregunta. La diferencia entre ellas no la ha establecido ningún pliego ni ningún regulador: la ha establecido cada equipo técnico en el momento de diseñar su proyecto.
Lo que exige el regulador y lo que España todavía no ha llegado a plantear
En el Reino Unido, la pregunta sobre el control de los datos del sector del agua tiene desde hace cinco años una respuesta regulatoria en construcción sistemática. Ofwat publicó en octubre de 2021 H2Open, encargó una revisión técnica a PwC en 2022 y publicó en junio de 2023 Open data in the water industry: making the change, donde su directora de operaciones Lisa Commane anunció que el regulador estaba «desarrollando una nueva condición de licencia que dará nuevas competencias para actuar contra las compañías de agua que no progresen suficientemente» en la apertura de datos. Las PR24 Final Determinations de diciembre de 2024 autorizan para AMP8 (2025-2030) un gasto de hasta 104.000 millones de libras —un 71% más que en PR19 (AMP7, 2020-2025)—, con 455 millones específicamente asignados a ciberseguridad, mientras que el proyecto Stream, liderado por Northumbrian Water con 16 de las 18 grandes compañías de agua del país y financiado con 3,97 millones de libras del Fondo de Innovación de Ofwat, ha construido la infraestructura de datos abiertos del sector. En mayo de 2026, Ofwat aprobó además un nuevo marco de acceso de terceros a datos de consumo de agua con requisitos de consentimiento y derechos de auditoría. La premisa que subyace a todo ello es explícita: los datos generados por la operación de servicios esenciales son un bien del sector, no un activo del proveedor que los procesa.
España, en cambio, no tiene regulador económico sectorial del agua. El MITECO ha actuado como pagador del Plan de Recuperación sin establecer requisitos de portabilidad ni modelos de pliego tipo sobre propiedad del dato, una ausencia que el propio sector ha empezado a señalar: el presidente de DAQUAS, Jesús Maza, advirtió en noviembre de 2025, en el videopodcast Conexión Agua del MITECO, que «si cada operador maneja sus datos en silos, la digitalización se queda en una fachada» y que «la interoperabilidad será la clave para que las inversiones del PERTE generen valor real».
Los datos generados por la operación de servicios esenciales son un bien del sector, no un activo del proveedor que los procesa
El contraste con el sector eléctrico en la propia España resulta ilustrativo: el RD 1074/2015 reguló el acceso a la curva de carga horaria del contador eléctrico y estableció quién puede usar ese dato y en qué condiciones; para el agua no existe ningún equivalente, de modo que la titularidad del dato del contador inteligente hidráulico la fija el contrato que cada utility ha firmado con su proveedor, sin requisito de formato y sin cláusula de portabilidad obligatoria. La directiva NIS2, que España ha transpuesto solo parcialmente mediante el Real Decreto-ley 7/2025, obliga además a las utilities a verificar documentalmente que sus contratos con proveedores digitales incluyen cláusulas sobre acceso a datos en incidentes y notificación de brechas en 24 horas, lo que afecta directamente a los contratos SaaS firmados al amparo del PERTE. La Comisión Europea emitió un dictamen motivado contra España en mayo de 2025 por el retraso en la transposición, lo que puede derivar en un procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Una decisión que no es solo técnica
Las decisiones de arquitectura que se tomen en este ciclo no son fáciles de revertir. Una utility que entrega hoy sus datos a una plataforma SaaS sin cláusulas de portabilidad verificables, sin formatos de exportación especificados y sin condiciones de salida negociadas desde el principio, encontrará dentro de cinco o diez años exactamente el escenario descrito en la apertura de este reportaje: un proveedor con posición negociadora y una utility sin alternativa real.
Hoy, la respuesta a quién controla la capa de inteligencia del servicio de agua la da cada contrato firmado, no ningún regulador ni ningún pliego. Y eso, en un sector financiado con más de 1.200 millones de euros públicos, es en sí mismo una respuesta. La pregunta que cada responsable técnico debería hacerse antes de la próxima firma no es qué plataforma ofrece mejores resultados, sino quién gobernará los datos que esa plataforma genere cuando el contrato venza, cuando el proveedor cambie de manos o cuando la utility decida que quiere tomar sus propias decisiones tecnológicas.
