El sector del agua en España atraviesa un momento decisivo. Por primera vez en mucho tiempo, confluyen diagnóstico, planificación, tecnología y financiación. Las herramientas están sobre la mesa. Los retos también: cumplimiento normativo, presión climática, obsolescencia de infraestructuras y demanda social de soluciones eficaces. Lo que falta —y fue el eje del último Foro iAgua— es activar la ejecución de todo lo previsto.
Celebrado el 18 de marzo, el Foro reunió a los representantes de cinco asociaciones clave del sector: SEOPAN, AEAS-AGA, ANFAGUA, AEDyR y FENACORE. Aportaron una visión diversa pero complementaria sobre un mismo reto compartido: cómo movilizar la inversión necesaria para transformar el sistema hídrico en un contexto de urgencia estructural.
El mensaje fue claro: no se trata de nuevas ideas, sino de hacer realidad las que ya existen. No faltan proyectos ni financiación. Faltan condiciones. El país tiene ante sí una oportunidad histórica para modernizar sus redes, mejorar su resiliencia y avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible. Pero el tiempo no juega a favor.
Este artículo recoge los mensajes clave y las propuestas concretas que emergieron de esa jornada. Porque si algo quedó claro en el foro, es que el sector no necesita más diagnósticos. Necesita decisiones. Y las necesita ya.
España apuesta por la mayor inversión en agua de su historia: claves y desafíos en el Foro iAgua
El marco general: inversión, planificación y parálisis estructural
La intervención de Julián Núñez, presidente de SEOPAN, sirvió para situar el punto de partida del foro: una fotografía precisa del volumen de inversión necesario para adaptar las infraestructuras del agua en España a las exigencias actuales y futuras.
Según el informe presentado, elaborado por la ingeniería Sener a petición de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, España necesita movilizar 198.435 millones de euros en infraestructuras de agua, energía, medioambiente y equipamiento público, una cifra que no es teórica ni aspiracional, sino que responde directamente a las normativas y objetivos europeos vigentes. De ese total, más de 72.000 millones se corresponden con actuaciones planificadas en el ciclo integral del agua, 44.518 millones en renovación y adaptación de redes, y 69.645 millones adicionales en proyectos innovadores orientados a la sostenibilidad, la eficiencia energética y la adaptación climática.
Esta cantidad abarca un amplio abanico de intervenciones: desde la modernización de las redes de saneamiento y depuración hasta el refuerzo de infraestructuras frente a fenómenos extremos como la sequía o las inundaciones. Incluye también actuaciones orientadas a cumplir con los planes hidrológicos del tercer ciclo, la nueva Directiva sobre Aguas Residuales Urbanas o los compromisos europeos en materia de emisiones, economía circular y neutralidad energética.
"Es fundamental contar con financiación adecuada que asegure los planes hidrológicos y un plan nacional frente a sequías e inundaciones", Julián Nuñez, Presidente de SEOPAN
Pero el dato más revelador no está en el volumen estimado, sino en la distancia que separa esa planificación de su ejecución efectiva. Julián Núñez fue claro al respecto: el déficit de inversión no se explica por falta de proyectos ni de financiación, sino por problemas estructurales que siguen lastrando la puesta en marcha de actuaciones clave.
Entre esos obstáculos, destacó tres: la burocracia excesiva, que ralentiza los plazos de licitación y autorización; la fragmentación competencial, que dificulta la coordinación entre administraciones; y la necesidad urgente de consolidar marcos estables de colaboración público-privada, capaces de atraer inversión con seguridad jurídica.
Núñez subrayó que muchos municipios carecen hoy de los recursos suficientes para mantener operativas sus infraestructuras hídricas, y mucho menos para adaptarlas a las nuevas exigencias normativas. En este escenario, insistió en que es imprescindible activar mecanismos de financiación más eficaces, agilizar la tramitación de proyectos y priorizar la ejecución de los fondos disponibles.
También alertó sobre el riesgo de que los fondos europeos pierdan su capacidad tractora si no se resuelven los cuellos de botella que impiden transformar esa financiación en infraestructuras reales. Porque más allá del volumen presupuestado, lo que está en juego es la capacidad de convertir la inversión en transformación.
El mensaje fue contundente: España no puede permitirse seguir planificando sin ejecutar. El país tiene ante sí una oportunidad única y dispone de todos los recursos técnicos y financieros para dar el salto. Lo que falta es determinación institucional para hacerlo sin más dilación.
Ciclo urbano: redes envejecidas, inversión insuficiente y una directiva que no espera
El segundo bloque del foro corrió a cargo de Jaime Castiñeira, miembro del Consejo de AEAS-AGA y director general de Emalcsa, quien abordó con claridad técnica y sentido de urgencia el estado del ciclo urbano del agua en España. Su intervención partió de una premisa compartida por todo el sector: las infraestructuras urbanas no están preparadas para responder a las exigencias normativas, ambientales y operativas del presente.
Según los datos presentados, el ritmo actual de reposición de activos en redes de abastecimiento y alcantarillado es tan bajo que no permite mantener su funcionalidad a medio plazo. En el caso del abastecimiento, el índice de renovación apenas alcanza el 0,25 % anual, lo que implica ciclos de reposición de más de 400 años. En saneamiento, la tasa es algo mejor, pero aún insuficiente: un 0,42 %, que se traduce en más de dos siglos y medio para renovar completamente la red.
A ello se suma un envejecimiento preocupante del parque existente. Casi un tercio de las redes de abastecimiento tiene más de 40 años, y en el caso del alcantarillado ese porcentaje asciende al 44 %. La consecuencia directa de esta situación es la pérdida constante de eficiencia, tanto en términos de servicio como de sostenibilidad económica y ambiental. Castiñeira señaló que, según el último estudio nacional de suministro y saneamiento, el agua no registrada (ANR) representa ya el 23,5 % del volumen suministrado. De ese porcentaje, más del 60 % se corresponde con fugas reales, lo que se traduce en costes operativos irrecuperables para los operadores.
“Si no invertimos lo que toca, las redes se seguirán envejeciendo y seguiremos perdiendo agua sin poder hacer nada por evitarlo”, Jaime Castiñeira, miembro del Consejo de AEAS-AGA y director general de Emalcsa
Pero el problema no es solo técnico. También es legislativo y económico. Con la entrada en vigor de la nueva Directiva europea de Aguas Residuales Urbanas, que establece estándares más estrictos para el tratamiento y eficiencia del sistema, el esfuerzo inversor se multiplicará. Según el análisis de impacto económico asociado a esta norma, España deberá destinar alrededor de 1.200 millones de euros anuales a su cumplimiento, una cifra muy por encima de los niveles actuales de ejecución.
Castiñeira remarcó que, aunque los planes hidrológicos contemplan inversiones en abastecimiento y saneamiento por valor de unos 8.900 millones de euros para el próximo ciclo, esa previsión no alcanza ni de lejos las necesidades reales. De mantenerse el ritmo actual, la brecha entre lo planificado y lo ejecutado seguirá ampliándose, comprometiendo la capacidad del sistema para ofrecer un servicio universal, seguro y sostenible.
La intervención de AEAS sirvió así para lanzar una llamada de atención: el sistema urbano del agua está en una cuenta atrás. La normativa europea no admite prórrogas, y el deterioro de las redes no se resuelve con discursos. La única respuesta posible es una inversión sostenida, eficiente y acompañada de una voluntad política firme. Porque modernizar las infraestructuras urbanas no es solo una cuestión técnica: es una condición de país.
Medición inteligente: el primer paso hacia una gestión eficiente del agua
“Solo el 15 % del parque actual tiene telelectura. El 85 % restante se gestiona con lecturas manuales o sistemas obsoletos", Patrick Schoch, presidente de ANFAGUA
El tercer bloque del foro, a cargo de Patrick Schoch, presidente de ANFAGUA, puso el foco en una de las palancas esenciales para transformar la gestión del agua en España: la digitalización y la medición precisa del consumo. Pese a los avances registrados en los últimos años, la realidad que describió Schoch muestra un sistema aún lejos de estar adaptado a las exigencias del presente.
Según los datos expuestos, más de una cuarta parte del parque de contadores en España continúa sin renovar, y apenas un 15 % dispone hoy de sistemas de telelectura. Esto significa que la gran mayoría de los operadores del ciclo urbano siguen trabajando sin información en tiempo real, con todas las limitaciones que eso supone en términos de eficiencia, control operativo y sostenibilidad económica.
La renovación de los sistemas de medición —que incluye contadores estáticos, dispositivos con radio integrada y protocolos abiertos— no solo mejora la capacidad de detectar fugas o fraudes, sino que es la base sobre la que debe construirse cualquier modelo moderno de gestión hídrica. Sin datos fiables, no hay diagnóstico; sin diagnóstico, no hay decisión eficaz.
Patrick Schoch explicó que la digitalización exige mucho más que sustituir dispositivos: requiere actualizar redes, formar profesionales, implantar plataformas de análisis, integrar herramientas de inteligencia artificial y repensar los modelos tarifarios. En este punto, subrayó un factor que condiciona todo el proceso: el precio del agua en España sigue siendo estructuralmente bajo. Con una media nacional de 1,92 euros por metro cúbico, frente a los 3,10 euros de la media europea, el margen económico para acometer inversiones sostenidas es muy limitado.
Aunque reconoció el papel positivo que han jugado los fondos europeos y el PERTE de digitalización para estimular proyectos en municipios con menor capacidad de inversión, insistió en que la transformación solo será posible si se consolida un marco de financiación estable y una visión de largo plazo. En otras palabras: no basta con implantar tecnología, hay que garantizar su permanencia, su mantenimiento y su integración con el resto del sistema.
La conclusión fue nítida: la digitalización no es un lujo ni una innovación voluntaria, sino una necesidad básica para que el sistema del agua sea viable técnica y económicamente. Y esa transformación —como bien remarcó Schoch— empieza por algo tan sencillo, pero tan estratégico, como medir bien.
Desalación y reutilización: inversión, confianza y visión a largo plazo
En un país como España, estructuralmente expuesto al estrés hídrico, hablar de seguridad en el abastecimiento es hablar, necesariamente, de desalación y reutilización. Así lo dejó claro Domingo Zarzo, presidente de AEDyR, en una intervención que combinó análisis técnico, visión estratégica y una reivindicación clara: es el momento de invertir, comunicar y abrir nuevos modelos de financiación para que estas soluciones escalen con rapidez.
España es, hoy por hoy, el primer país de Europa en capacidad de desalación y el líder en reutilización del agua. Sin embargo, la realidad es que apenas el 10 % del agua residual tratada se reutiliza, y el uso de agua desalada sigue sin integrarse de forma estructural en todos los territorios donde podría aportar equilibrio, garantía y sostenibilidad. El objetivo, según Zarzo, debe ser duplicar la reutilización hasta los 1.000 hectómetros cúbicos anuales antes de 2027. Pero alcanzar esa meta no depende solo de tecnología: requiere recursos, planificación y decisión política.
La inversión prevista para lograrlo no es menor. Se contemplan 1.400 millones de euros destinados a nuevas instalaciones de desalación, proyectos de reutilización, sistemas de descarbonización, redes de distribución y digitalización.
“El gran reto que tiene la reutilización no es técnico ni sanitario, es fundamentalmente un problema de percepción pública”, Domingo Zarzo, presidente de AEDyR
En paralelo, se abren caminos innovadores para incorporar financiación privada a través de mecanismos como el modelo “Water Positive”, por el cual grandes corporaciones —como Microsoft o Amazon Web Services— ya están invirtiendo en infraestructuras hídricas en nuestro país para compensar su huella hídrica. Esta vía, impulsada por AEDyR en el marco legal del nuevo Real Decreto contra la sequía, representa un punto de inflexión en la forma de financiar el agua no convencional.
Pero junto a las oportunidades, Zarzo fue claro al identificar las barreras: exceso de burocracia, fragmentación administrativa, contratos públicos poco atractivos para la inversión privada y una percepción social que aún ve con recelo el uso de agua regenerada, especialmente para consumo humano. Frente a ello, AEDyR defiende una estrategia en tres frentes: planificación, apertura al capital privado y, sobre todo, una campaña firme y sostenida de comunicación para ganar la confianza de la ciudadanía.
La desalación y la reutilización no son conceptos nuevos, ni tecnologías por explorar. Son soluciones maduras, eficaces y cada vez más competitivas. Pero siguen requiriendo una política pública alineada con la urgencia climática y una narrativa social que las entienda como lo que realmente son: infraestructuras de garantía para el presente, no promesas de futuro.
Regadío: eficiencia, productividad y sostenibilidad en juego
La última intervención del foro corrió a cargo de Juan Valero de Palma, presidente de FENACORE, quien subrayó la relevancia del regadío como pieza clave del sistema agrícola español y factor determinante en la soberanía alimentaria del país. Pero su mensaje fue también de advertencia: sin inversión en modernización, almacenamiento y digitalización, el modelo de regadío está en riesgo de volverse insostenible, tanto desde el punto de vista económico como desde el ambiental.
“De construir 182 presas por década hemos pasado a poco más de 20. Eso compromete la garantía hídrica del país”, Juan Valero de Palma, presidente de FENACORE
España sigue siendo un referente internacional en regadío. Con apenas el 15 % de la superficie agraria útil, el regadío aporta en torno al 65 % de la producción final agrícola y genera el 40 % del empleo total del sector. En términos estructurales, representa el uso consuntivo de agua más importante del país, aunque ese consumo se ha reducido de forma notable en las últimas décadas: del 80 % al 63 % del total, gracias a las mejoras tecnológicas y la transformación de sistemas de riego.
Según los datos presentados por Valero de Palma, entre los años 2000 y 2020 se invirtieron unos 5.000 millones de euros en la modernización de regadíos, tanto desde el ámbito público como desde el privado. A ello se suman más de 2.400 millones previstos hasta 2026 con fondos de recuperación, además de las inversiones directas que asumen los propios agricultores, que alcanzan unos 2.000 euros por hectárea en muchos casos. Sin embargo, el reto está lejos de estar resuelto.
FENACORE alertó sobre la alarmante ralentización en la construcción de infraestructuras de regulación, especialmente embalses. Si entre 1950 y el año 2000 se construían en España una media de 182 presas por década, desde entonces ese ritmo se ha desplomado a apenas 20 por década. Esta caída afecta de forma directa a la capacidad del sistema para garantizar la disponibilidad de agua en las zonas de mayor valor productivo y ante escenarios de sequía más frecuentes e intensos.
Valero de Palma defendió la necesidad de una visión integral, que combine inversión en redes, en eficiencia energética, en digitalización —a través de herramientas como el PERTE de Comunidades de Regantes— y, sobre todo, en infraestructuras de almacenamiento. Y puso sobre la mesa un argumento difícil de ignorar: sin regadío no hay agricultura competitiva, ni tejido rural activo, ni seguridad alimentaria garantizada.
El mensaje de FENACORE fue, en esencia, una llamada a la coherencia. Si el país apuesta por una agricultura productiva, resiliente y sostenible, debe respaldar esa apuesta con los recursos, las infraestructuras y la gobernanza necesarias. No basta con reconocer el valor del regadío: hay que blindar su viabilidad.
Mesa redonda: respuestas compartidas ante un reto común
El foro culminó con una mesa redonda en la que los ponentes profundizaron en las cuestiones centrales que atraviesan la inversión en el sector del agua: la urgencia de ejecutar lo planificado, la necesidad de superar barreras estructurales y la importancia de construir una visión compartida a largo plazo.
Las intervenciones del público, numerosas y bien dirigidas, añadieron perspectiva y exigencia al debate. Preguntas sobre cómo garantizar la ejecución de los fondos, cómo atraer inversión privada sin perder control público, o cómo reducir las pérdidas de agua en redes ineficientes marcaron el tono del tramo final. Lejos de respuestas evasivas, los ponentes aportaron propuestas concretas y compartieron las limitaciones reales del sistema.
Julián Núñez (SEOPAN) insistió en que sin un marco normativo estable y predecible, será muy difícil movilizar inversión privada de forma sostenida: “La colaboración público-privada no va a ocurrir si no ofrecemos garantías jurídicas y financieras claras.”
Jaime Castiñeira (AEAS), ante la preocupación por la baja eficiencia de las redes, recordó que “los operadores están dispuestos a invertir, pero necesitan certezas sobre los plazos y los retornos”. Destacó también que el marco tarifario debe acompañar el esfuerzo inversor, especialmente en municipios con estructuras muy tensionadas.
Patrick Schoch (ANFAGUA) abordó el reto de la financiación de la digitalización desde un enfoque realista: “No podemos hablar de telelectura si seguimos fijando tarifas que no permiten recuperar ni los costes básicos del servicio.”
Por su parte, Domingo Zarzo (AEDyR) defendió la necesidad de abrir el sistema a nuevas vías de financiación, como el modelo Water Positive, pero advirtió que “sin una buena comunicación pública, la reutilización nunca será socialmente aceptada, por muy viable que sea técnicamente”.
Juan Valero de Palma (FENACORE) cerró con una afirmación clara: “Hablar de sostenibilidad sin infraestructuras de regulación es simplemente retórica. Necesitamos invertir y hacerlo ya.”
Hubo consenso en un punto esencial: la inversión ya no puede depender solo de planes estratégicos o convocatorias periódicas. Requiere mecanismos permanentes de financiación, seguridad jurídica para atraer capital privado, simplificación normativa y una gobernanza que actúe con coherencia y velocidad.
También se compartió la idea de que la inversión es, en última instancia, un medio y no un fin. Lo que está en juego es la capacidad del sistema para garantizar agua de calidad, disponible, gestionada de forma eficiente y adaptada al nuevo contexto climático. Y eso solo será posible si se prioriza la ejecución, se escuchan a los operadores y se toman decisiones estructurales que vayan más allá del ciclo político.
El foro cerró con un mensaje claro: el sector sabe lo que hay que hacer. Lo ha dicho alto y claro. Ahora es el turno de quienes pueden tomar decisiones para que esa hoja de ruta deje de ser un documento y se convierta en realidad sobre el terreno.
