Pocos territorios concentran tantas tensiones hídricas a la vez como la Comunidad Valenciana y la demarcación del Júcar. Una agricultura intensiva que compite con el turismo por cada metro cúbico, una demanda que no deja de crecer y, sobre todo, una exposición a los extremos que no tiene parangón: aquí el agua puede faltar en verano y desbordarse en otoño, a veces con apenas unas semanas de diferencia. Gestionar ese vaivén exige algo más que infraestructura. Exige información precisa, continua y compartida, y la capacidad de tomar decisiones antes de que el episodio extremo llegue.
El octavo episodio de Conexión Agua, el videopodcast impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para difundir las actuaciones del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, recorre cómo la digitalización está cambiando esa capacidad de anticipación en una de las demarcaciones más complejas de España: desde la gobernanza de la confederación hasta el regadío de precisión, pasando por la gestión municipal del ciclo urbano.
El episodio reúne a la Confederación Hidrográfica del Júcar, al Ayuntamiento de Castellón y a tres comunidades de regantes que representan realidades muy distintas dentro de la misma demarcación: la Comunidad de Regantes San Pedro Apóstol de Godelleta, la Junta Central de Usuarios del Vinalopó y la Comunidad de Regantes Príncipe de España-Aguas Nuevas, en Albacete. Cinco miradas que comparten una misma certeza: en un territorio expuesto a los extremos, la respuesta ya no puede improvisarse.
Disponible en Spotify, iVoox y Apple Podcast
Júcar: un frágil equilibrio entre lo que hay y lo que se demanda
La conversación arranca con Cristina Sola, comisaria de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que define la demarcación por su tensión de fondo: un equilibrio frágil entre los recursos disponibles y una demanda muy marcada por el regadío. De los cerca de 3.000 hectómetros cúbicos que consume la demarcación al año, en torno a 2.400 corresponden a la agricultura y la ganadería —el 80 % del total—, mientras que el abastecimiento urbano supone alrededor del 16 %, con un factor turístico que dispara la demanda en los meses de verano.
Para gestionar esa complejidad, la confederación ha apostado por la digitalización con un impulso reciente de unos 14 millones de euros con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en los últimos cuatro años. El objetivo es doble: reforzar el control de los usos en el dominio público hidráulico —desarrollando las herramientas que exige la nueva normativa de control de volúmenes mediante sistemas electrónicos— y mejorar el conocimiento hidrológico. A ello se suma un esfuerzo notable en información geoespacial, puesta a disposición de la ciudadanía a través del visor cartográfico del organismo, y la elaboración de inventarios de cauces, obstáculos, inundaciones históricas y zonas con balance sedimentario.
La confederación ha apostado por la digitalización con un impulso reciente de unos 14 millones de euros con fondos del PRTR
La tecnología de campo ha cambiado el día a día de los equipos: tabletas para que el personal técnico y los agentes medioambientales capturen datos que se incorporan directamente a las bases de datos, y una flota de drones para la inspección y vigilancia del dominio público, el seguimiento de avenidas y el control de las obras en cauce. Frente a las inundaciones, Sola subraya el valor de la información hidrológica para dos funciones críticas: explotar los embalses laminando las avenidas y emitir los avisos hidrológicos a las autoridades de protección civil. La confederación ha definido un nuevo protocolo de umbrales —amarillo, naranja y rojo— consensuado con protección civil, ha renovado el sistema SCADA del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAI) y ha empezado a implantar un sistema de alerta temprana capaz de transformar la previsión meteorológica de cada subcuenca en caudales.
Frente a la sequía, la monitorización del agua superficial y subterránea resulta decisiva para activar, cuando corresponde, los escenarios del plan especial de sequías. En esa línea, la confederación ejecuta una inversión de unos 3 millones de euros para reforzar la red piezométrica: sobre los 300 piezómetros actuales —automatizados en torno al 45 %— se sumarán 21 nuevos en las zonas con menor densidad de datos. En materia de calidad, Sola destaca el uso de la teledetección satelital para seguir el estado trófico de embalses y lagunas, y el impulso de la reutilización en una cuenca de estrés hídrico: de los aproximadamente 490 hectómetros cúbicos depurados al año, 110 se entregan ya para reutilización directa y unos 180 se devuelven al dominio público hidráulico para usos indirectos, pero todavía quedan 200 hectómetros cúbicos que se vierten al mar sin aprovechar. El nuevo marco de reutilización —el Reglamento (UE) 2020/741, de aplicación directa, desarrollado en España por el Real Decreto 1085/2024— exige precisamente acelerar ese aprovechamiento.
Castellón: una ciudad que vive de su acuífero y aprende a leerlo
La perspectiva del ciclo urbano la aporta Inés Beltrán, ingeniera municipal y jefa de Sección de Infraestructuras Urbanas y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Castellón, una ciudad litoral de unos 180.000 habitantes que abastece a cerca de 100.000 usuarios. Su singularidad define toda la estrategia: Castellón no dispone de masas de agua superficial en las inmediaciones y se abastece íntegramente del acuífero de La Plana, vulnerable a la contaminación por nitratos y a la intrusión salina. Por eso, el principal reto del abastecimiento es proteger ese acuífero y la reserva hídrica natural.
Castellón no dispone de masas de agua superficial en las inmediaciones y se abastece íntegramente del acuífero de La Plana, vulnerable a la contaminación por nitratos y a la intrusión salina
La orografía llana del litoral complica además la gestión del alcantarillado en episodios de lluvia, donde el objetivo es minimizar los desbordamientos de la red de saneamiento. En depuración, la ciudad maneja dos efluentes: uno vertido al mar a través del emisario submarino —agua que podría reutilizarse— y otro de agua regenerada con el que ya se riega el 20 % de las zonas verdes municipales. Afianzar esa reutilización con tratamientos cuaternarios —los que exige la nueva Directiva (UE) 2024/3019 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas para eliminar microcontaminantes— es, según Beltrán, el reto pendiente.
La herramienta para abordar todo ello es el Proyecto Sinergia, con el que Castellón y sus operadores resultaron beneficiarios de la segunda convocatoria del PERTE. Articulado en 19 actuaciones agrupadas en cuatro bloques, cubre el ciclo completo: ampliación de la sensorización en todo el sistema —con especial atención a la monitorización del acuífero, que Beltrán considera la modelización más singular del proyecto—, una red de comunicaciones LoRa reforzada con ciberseguridad para extender la telelectura, una plataforma inteligente de gestión del dato basada en Big Data e inteligencia artificial, y un conjunto de estudios y planes estratégicos. Entre ellos, la modelización hidrogeológica del acuífero en distintos escenarios, los perímetros de protección de los pozos, el Plan Integral de Gestión del saneamiento y un plan de gestión del riesgo del agua regenerada.
La reciente sequía puso a prueba el sistema. Beltrán reconoce que, aunque el abastecimiento ofreció buenas garantías y no hubo problemas de disponibilidad, el acuífero y los pozos alcanzaron niveles nunca antes registrados, lo que introduce incertidumbre en la gestión. Frente a ello, el Ayuntamiento aprobó su plan especial de sequía antes de que esta llegara, así como el Plan Director de aguas regeneradas en 2024, y ha impulsado la telelectura, que con el empuje del PERTE alcanza ya el 75 % de implantación y prevé culminarse a finales de 2027. Beltrán define el papel de la administración local con una imagen precisa: la administración bisagra que une a la ciudadanía con la Confederación Hidrográfica del Júcar y con la Generalitat Valenciana.
Accede a todos los episodios de Conexión Agua
Godelleta, Vinalopó y Aguas Nuevas: tres regadíos, una misma lección
El episodio cierra con un bloque coral de tres comunidades de regantes que muestran la diversidad del regadío dentro de la demarcación. Vicente Franco, presidente de la Comunidad de Regantes San Pedro Apóstol de Godelleta, representa una comunidad pequeña —unas 2.000 hectáreas y unos 2.000 usuarios— dedicada a cítricos, uva de mesa y caqui. Vicente José Richart, director técnico de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, agrupa 44 comunidades de regantes y 23 ayuntamientos con más de 65.000 hectáreas de regadío. Y Víctor Camazón, ingeniero agrónomo de la Comunidad de Regantes Príncipe de España-Aguas Nuevas (Albacete), opera unas 3.000 hectáreas de riego por aspersión y 1.200 socios en las pedanías de Aguas Nuevas y El Salobral, con cereal —cebada, trigo, maíz— y cultivos hortícolas como base.
«Nuestro PERTE también tiene un retorno hacia la administración: estamos contribuyendo a la mejora del conocimiento» —Vicente José Richart
Para Godelleta, la digitalización llega después de una experiencia límite. En 2014 la comunidad se quedó literalmente sin agua y tuvo que invertir cinco millones de euros en tres meses, con fondos propios y sin ayudas, para buscar el recurso en otros municipios. Aquella urgencia obligó a montar una batería de pozos, seis rebombeos y a elevar el agua hasta 522 metros, pasando de medir las balsas con nudos en una cuerda a operar un SCADA que controla 17 bombas y 17 grupos electrógenos. Hoy, con el PERTE, Franco prevé sondas de humedad, contadores con emisores de pulsos para leer cada parcela en tiempo real y una apuesta fotovoltaica que sumará nueve megavatios —cinco ya instalados y cuatro en proyecto— para reducir unos costes energéticos elevadísimos. Una prueba piloto ya conecta sus captaciones con la confederación para que reciba el dato en tiempo real.
El Vinalopó parte de un problema estructural: décadas de desarrollo agrícola de alto valor —con la uva de mesa como cultivo más característico— han provocado una grave sobreexplotación de los acuíferos. Desde el año 2000, recuerda Richart, el territorio ha invertido más de 1.000 millones de euros para revertirla, fundamentalmente con la desalinizadora de Mutxamel y la conducción Júcar-Vinalopó, que trae recursos excedentes del Júcar para dejar de extraer de los acuíferos.
«Necesitamos tener cada gota de agua controlada completamente desde el minuto uno»
El PERTE ha entrado aquí como un proyecto colectivo: en dos convocatorias, la Junta Central ha agrupado a más de treinta comunidades de regantes con una dotación cercana a los 100 millones de euros. Richart relativiza la cifra para resaltar su valor: el PERTE representa apenas un 0,6 % de la inversión total realizada en el territorio, pero su aportación —la información para explotar de forma óptima los recursos— resulta desproporcionada respecto a ese porcentaje. Y subraya un retorno poco visible pero decisivo: al digitalizar sus pozos, que funcionan como piezómetros, la entidad proporciona a la confederación los niveles en tiempo real, ampliando de golpe la red de piezometría pública.
En Aguas Nuevas, Camazón describe una comunidad que ya se modernizó hace veinte años y que ahora completa el salto digital. Su sistema combina aguas subterráneas con agua del trasvase Tajo-Segura, y cada año presenta un plan de cultivos a la confederación a través de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental. La digitalización le permite, sobre todo, la trazabilidad de cada gota de agua, desde la captación hasta el gotero o el aspersor, y un control de presión en cabecera que se traduce en eficiencia energética. El regante, con su usuario y contraseña, puede consultar consumos, facturas y presión de sus hidrantes, y ajustar su riego día a día.
Epílogo: anticipar es la nueva forma de gestionar
La pregunta común del episodio giró en torno a la capacidad de anticiparse a los extremos, y las cinco respuestas convergieron en la misma idea desde ángulos distintos. La confederación responde antes y mejor porque conoce mejor la información hidrológica; Castellón modeliza su acuífero para predecir cómo se comportará en escenarios severos; el Vinalopó ha pasado de un problema de una sola variable —sacar más agua del acuífero— a uno multivariable que obligue a decidir en tiempo real entre fuentes alternativas; y los regantes de Godelleta y Aguas Nuevas saben, por experiencia propia, lo que significa quedarse sin agua o afrontar una DANA. El recuerdo del Barranco del Poyo y el río Magro, con cerca de 2,8 millones de euros en daños en Godelleta, está demasiado reciente.
Lo que muestra este episodio es un territorio que ha hecho de la gestión bajo presión su método de trabajo. Sequía e inundación pueden coincidir casi en la misma semana, y el turismo y la agricultura compiten por el mismo recurso, pero la respuesta ya no se improvisa: se diseña, se mide y se comparte. El PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua está proporcionando las herramientas para que esa capacidad de anticipación deje de ser excepcional y se convierta en el estándar de gestión de una de las demarcaciones más complejas de España. En el Júcar, anticiparse ha dejado de ser una aspiración para convertirse en la única forma sensata de gestionar el agua.
