La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber cumplido íntegramente las obligaciones de recogida, tratamiento y control establecidas en la Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas (Directiva 91/271/CEE del Consejo). El expediente de infracción lleva abierto desde octubre de 2017, cuando la Comisión envió la primera carta de emplazamiento, a la que siguió un dictamen motivado en noviembre de 2019. Tras casi ocho años de proceso, Bruselas concluye que los esfuerzos realizados por las autoridades españolas han sido insuficientes.
El comunicado de la Comisión detalla el alcance del incumplimiento aglomeración por aglomeración. En quince de ellas, España todavía no garantiza la existencia de sistemas colectores adecuados o un nivel equivalente de protección medioambiental mediante sistemas individuales. En treinta y nueve, no se asegura el tratamiento secundario completo de la carga contaminante o no se cumplen los requisitos de vertido en zonas normales. En ocho aglomeraciones en zonas sensibles, persisten las mismas deficiencias en tratamiento secundario. Y en cincuenta y dos, España no garantiza que los vertidos sean objeto de control para verificar el cumplimiento de los requisitos de la directiva.
La directiva obliga a los Estados miembros a recoger y tratar las aguas residuales urbanas de todas las aglomeraciones de 2.000 o más habitantes equivalentes antes de su vertido al medio ambiente. Para las grandes aglomeraciones que vierten en zonas sensibles a la eutrofización —con más de 10.000 habitantes equivalentes— se exige además tratamiento terciario con eliminación de nitrógeno y fósforo.
Italia, bajo escrutinio por la directiva de agua potable
En el mismo paquete de decisiones, la Comisión ha abierto un procedimiento de infracción contra Italia por no haber transpuesto correctamente la Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al agua potable, cuyo plazo de incorporación al derecho nacional venció en enero de 2023. Las deficiencias detectadas incluyen limitaciones en la evaluación de riesgos de los sistemas de distribución domiciliaria, aplazamiento de determinadas obligaciones y ausencia de la obligación de informar a personas vulnerables sobre el acceso al agua potable, entre otras. Italia dispone de dos meses para responder y subsanar las carencias señaladas.
Polonia, ante el deterioro del río Oder
La Comisión también ha abierto un expediente contra Polonia por incumplir la Directiva Marco del Agua, la Directiva de Emisiones Industriales y las directivas de Hábitats y Aves en relación con el río Oder. En el verano de 2022, una proliferación masiva de algas doradas —favorecida por la elevada salinidad y las altas concentraciones de nutrientes, agravadas por los vertidos de agua de mina autorizados por Polonia— causó la muerte de más de 360 toneladas de peces en un tramo de 500 kilómetros. En el verano de 2024 se repitió el episodio, con más de 100 toneladas de peces muertos. Bruselas considera que las medidas adoptadas por Polonia han sido insuficientes para revertir el deterioro y restaurar los hábitats y especies protegidos presentes en la cuenca.
