Andalucía es la comunidad autónoma más poblada de España y la segunda más extensa, y la cuenca del Guadalquivir, la mayor demarcación hidrográfica del sur peninsular. Pero la singularidad del territorio no está solo en su escala: está en que el agua lo toca todo —el regadío que sostiene una potencia agroalimentaria, el ciclo urbano de áreas metropolitanas con fuerte estacionalidad turística, la convivencia con un patrimonio ambiental único como Doñana, la industria, la minería— y en que esa diversidad obliga a coordinar a múltiples administraciones, organismos de cuenca, operadores y comunidades de regantes para que cada decisión sume.
El noveno episodio de Conexión Agua, el videopodcast impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para difundir las actuaciones del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, recorre ese tablero institucional desde dentro. Lo hace de la mano de nueve voces que representan los distintos planos de la gestión: la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Junta de Andalucía, dos operadores urbanos metropolitanos —Aljarafesa en el área de Sevilla y el proyecto conjunto de Aguas de Cádiz y Chiclana Natural en la Bahía de Cádiz—, dos comunidades de regantes que retratan modelos opuestos dentro de un mismo regadío —el Condado de Huelva y la Margen Izquierda del Genil— y la mirada experta de la Universidad de Sevilla a través de la Cátedra del Agua EMASESA-Universidad de Sevilla.
La sucesión de testimonios deja una idea de fondo: en un territorio donde la sequía severa y el tren de borrascas se han alternado en cuestión de meses, donde conviven el acuífero de Doñana y los regadíos del Guadalquivir, la corona metropolitana sevillana y la población flotante de la Costa de la Luz, la digitalización ha dejado de ser una opción técnica para convertirse en la condición que hace gobernable un sistema de esta complejidad.
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El Guadalquivir: cien años de gestión ante una variabilidad cada vez más extrema
Juan Lluch, comisario adjunto de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, abre el episodio con un dato que sitúa la escala: el organismo cumplirá cien años en 2027, ya que fue constituido en septiembre de 1927. Esa antigüedad institucional convive con una variabilidad climática creciente. Lluch lleva diecinueve años en la cuenca y resume su experiencia con una regla casi mecánica: cada siete u ocho años, la demarcación atraviesa un episodio severo de sequía o de inundación. Los recientes —la DANA y la sucesión de borrascas del invierno de 2024-2025— no son una excepción, sino una pieza más de una serie que él mismo recuerda haber visto en imágenes del NO-DO de los años sesenta.
«Casi el ochenta y cinco por ciento del uso principal es el uso agrícola. Pero el cien por cien de la población quiere un medio ambiente limpio»
La cuenca da servicio de abastecimiento a casi seis millones y medio de habitantes y combina sobre el mismo mapa una pluralidad de usos pocas veces reunidos: más de trescientas mil hectáreas de regadío tradicional, una pujanza del olivar que ha convertido a Andalucía en líder mundial de la producción de aceite de oliva, el arroz desarrollado en la margen izquierda del Guadalquivir y en la franja entre el Guadalquivir y el Guadiamar por agricultores migrados desde la huerta valenciana, una industria floreciente del berry en el entorno de Doñana y una actividad minera estratégica en el contexto geopolítico actual. A todo ello se suma la gestión del propio espacio natural y la convivencia, no siempre fácil, entre todos esos usos.
La digitalización, en este escenario, no la presenta como una novedad sino como una herramienta para hacer manejable un patrimonio de conocimiento acumulado durante un siglo. Lluch insiste en evitar los silos de información, en transversalizar el dato entre servicios y en automatizar los trámites más comunes para liberar tiempo de los asuntos complejos. La toma de decisiones, recuerda, se hace en una factoría al aire libre que depende del tiempo que haga; y en ese contexto, contar con datos en continuo es lo que permite acompasar la gestión al ritmo de la naturaleza.
Andalucía: cogobernanza del agua tras una década de extremos
Ramiro Angulo Sánchez, secretario general del Agua de la Junta de Andalucía, traslada la mirada al plano autonómico y empieza por el balance de la última legislatura: una sequía que califica como la más duradera e intensa desde 2015 hasta 2025, con la única excepción del año 2018, y un cierre con precipitaciones escasísimas en 2022-2023. A continuación, un tren de fenómenos en sentido inverso: la DANA de octubre de 2024, otra DANA en noviembre, un frente de borrascas en marzo de 2025 y un último episodio que se prolongó casi tres meses. Andalucía, sostiene, ha dejado de hablar del cambio climático en futuro para hablarlo en pasado.
Pese a la magnitud, no hubo víctimas. Angulo atribuye ese resultado a una combinación de tres elementos: el liderazgo de Protección Civil, los modelos hidrológicos que permitieron anticiparse veinticuatro y cuarenta y ocho horas a los caudales esperados y los mapas de inundabilidad con zonificación por peligrosidad, que orientaron el desalojo preventivo. Más de diez mil personas fueron movilizadas durante el operativo. Los daños han exigido obras de emergencia por más de ciento cincuenta millones de euros y más de ochenta contratos en ejecución, sobre una inversión previa de la Junta también cercana a los ciento cincuenta millones en mejora y mantenimiento de presas. Las zonas más golpeadas: la provincia de Cádiz, el valle del Guadalhorce en Málaga y el Guadiaro.
El cuerpo central de su intervención articula lo que la Junta llama cogobernanza, vertebrada en cuatro ejes. El primero, legislativo: una revisión en marcha de la Ley de Aguas andaluza y del Reglamento del Ciclo Integral del Agua Urbano. El segundo, organizativo: modernización del personal y apuesta por corporaciones de derecho público que integren los usos industrial, agrícola y urbano. El tercero, la financiación, encuadrada en la estrategia europea de resiliencia hídrica. Y el cuarto, la digitalización. En este plano destacan dos herramientas: Aguacero, una nueva versión —desarrollada gracias al PERTE— para tramitar expedientes, concesiones y autorizaciones de vertido; y Gota, que cubre el ciclo completo de una infraestructura desde su programación hasta el fin de su vida útil, con capacidad para integrar costes de operación y cánones de regulación.
«Mejorar la eficiencia del agua en Andalucía no es una obligación legal, es una obligación moral»
A las herramientas se suman las redes de control que la Junta quiere ampliar: la red SAIH de estaciones de aforo, la red SAICA de calidad de las aguas, la red piezométrica que vigila los acuíferos a lo largo de los casi novecientos kilómetros de costa andaluza y la red foronómica del caudal ecológico. Un proyecto de compra pública innovadora, ya en su última fase, vendrá a cerrar el círculo con aplicaciones de inteligencia artificial sobre toda esa información.
La parte final del bloque sitúa los recursos pendientes. Por un lado, diez presas todavía por ejecutar, entre ellas la del río Grande, decisiva para Málaga capital y para alimentar la autovía del agua hacia la Costa del Sol y el campo de Gibraltar. Por otro, lo que la administración andaluza ha renombrado como recursos complementarios —antes llamados no convencionales—: desalación y regeneración. De los cuatrocientos hectómetros cúbicos de agua dulce que se vierten al mar a lo largo del litoral andaluz, la Junta ha identificado doscientos cuarenta asociados a grandes depuradoras litorales como candidatos a tratamientos terciarios. Sobre la mesa hay proyectos muy maduros: veinte hectómetros de reúso industrial en el campo de Gibraltar, vinculados a las plantas de Algeciras, y quince hectómetros más en la segunda fase de Málaga para los regadíos del Guadalhorce, los campos de golf y el riego de jardines y baldeo urbano. La referencia comparada es Murcia, que regenera ya el noventa y cinco por ciento de sus aguas. Y todo ello en un contexto en el que la revisión europea de la directiva de depuración va a exigir tratamientos más exigentes, lo que la Junta está inventariando depuradora a depuradora.
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Aljarafe: la digitalización al servicio de la protección de Doñana
Ramón González Tévar, director de Operaciones de Aljarafesa, y Belén Pedraza, coordinadora del proyecto GAIA, abren el bloque metropolitano del episodio. La historia de Aljarafesa arranca en 1971, cuando la Diputación de Sevilla impulsa la asociación de diecinueve municipios al oeste de la capital —ya casi limítrofes con Huelva— para resolver sus problemas de abastecimiento; diez años después nace la propia empresa pública. Hoy presta el ciclo integral del agua a treinta y un municipios, con una población censada cercana a los trescientos cuarenta mil habitantes y una población real que ronda los trescientos setenta y cinco mil; en depuración atiende a casi cuatrocientos mil, incluyendo vertidos de fuera de la mancomunidad. Sus infraestructuras: una sola ETAP en Salteras que sirve a treinta de los treinta y un municipios y nueve EDAR, una de las cuales recoge los vertidos de veinte poblaciones.
«Lo que queremos reforzar es que esto se quede en la casa para que el conocimiento esté dentro y pueda seguir en Aljarafesa muchos años»
González Tévar trae una anécdota de hace veinticinco años que explica por qué la cultura de la digitalización lleva tiempo en la casa. En el año 2001, la EDAR de Villamanrique —cuyos vertidos van al Guadiamar y, por tanto, hacia Doñana— instaló sensores en línea de DQO, sólidos en suspensión, pH y conductividad para detectar vertidos contaminados del aderezo de aceituna, una actividad industrial e incluso doméstica difícil de controlar en origen. Al detectar la anomalía, la línea se desviaba a un depósito de laminación y se devolvía a la cabecera de la planta a caudal asumible. Aquella experiencia, dice, era localizada; el PERTE permite ahora generalizarla. El ejemplo presente es la ETAP de Salteras, donde se están instalando sensores en línea capaces de detectar en tiempo real pesticidas, herbicidas o picos de manganeso antes de la potabilización, lo que protege la red frente a contaminación difusa e incluso ante eventuales actos vandálicos.
Pedraza explica que el proyecto GAIA articula esa generalización en tres bloques: la digitalización del sistema Guadiamar —zona sensible por su proximidad a Doñana—, la del saneamiento del sistema Aljarafe 2 y una capa transversal de digitalización integral que afecta a toda la empresa. La justificación es triple: cambio climático con episodios más frecuentes de lluvia extrema y sequías más prolongadas, exigencia normativa creciente y singularidad del entorno del Parque Nacional. El proyecto está en plena ejecución con plazo a la vista. Lo más visible no es la sensórica, sino el cambio interno: un lago de datos que integra información de servicios antes estancos, refuerzo de la plantilla con perfiles de inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad, formación interna y un empleo indirecto orientado al mantenimiento.
Bahía de Cádiz: dos operadores públicos que comparten proyecto, datos y experiencia
María Jesús Firmat, directora gerente de Aguas de Cádiz, y Roberto Palmero, vicepresidente de Chiclana Natural, presentan el proyecto WATERCOG-PC, una de las apuestas más singulares del PERTE en Andalucía: dos operadores cien por cien públicos, vecinos en la Bahía de Cádiz, decidieron concurrir y trabajar de forma conjunta para acceder a los fondos en las mismas condiciones que las grandes operadoras privadas, que solían concentrar las solicitudes.
«Por primera vez estamos gastando el dinero en mirar hacia el futuro en vez de seguir repitiendo errores que se han ido cometiendo en el pasado»
Firmat dibuja primero el contexto de Aguas de Cádiz: sociedad íntegramente municipal, unos ciento diez mil habitantes habituales, doscientos kilómetros de red de abastecimiento y doscientos treinta de saneamiento en un término municipal de tan solo diez con siete kilómetros cuadrados —la mitad zona natural y playas—. El uso doméstico ronda el setenta y cuatro por ciento y la red tiene una media de sesenta años. El abastecimiento llega del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana a través de un único conducto que el propio Consorcio va a desdoblar tras años de debate por su carácter crítico; la depuración es conjunta con San Fernando. En la provincia, el ciclo está fragmentado entre operadores, alta, depuración y administración de cuenca, y la digitalización es para Firmat la palanca de integración entre niveles.
El proyecto, de unos nueve millones de euros en conjunto —repartidos prácticamente a partes iguales entre las dos empresas—, abarca SCADA, GIS, lago de datos, sensorización de redes —llegaron a sufrir escasez momentánea de sensores en el mercado—, contadores de telegestión y plataformas para volcar datos al Consorcio y a la Junta de Andalucía. Antes de digitalizar, Aguas de Cádiz tuvo que mapear su saneamiento porque el GIS no estaba actualizado. La hoja de ruta incluye gemelos digitales para modelizar escenarios de lluvia intensa según la cota y oficina virtual con aplicación móvil para que el usuario pueda seguir su consumo. La integración entre órdenes de trabajo, facturación, comercial, SCADA y GIS persigue una operación rápida y conectada.
Palmero amplía el contraste desde Chiclana Natural, empresa pública de espectro más amplio: gestiona también limpieza viaria, residuos, medio ambiente, parques y playas; sobre un presupuesto consolidado municipal en torno a ciento cincuenta millones de euros, la propia empresa representa unos cincuenta. Chiclana tiene noventa y tres o noventa y cuatro mil habitantes habituales que se convierten en doscientos cuarenta mil en julio y agosto, una población que se multiplica por dos y media en temporada y que ha tensionado especialmente la gestión hídrica en años recientes: tras dos veranos de sequía extrema, el último invierno trajo el problema opuesto. La alianza entre ambas empresas no nació con la convocatoria: venían colaborando desde hacía años a través de AEOPAS, la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento. Concurrieron juntos a la primera convocatoria —que se quedó por poco— y se llevaron la segunda con un proyecto ya muy maduro. Ambos coinciden en la dureza del proceso administrativo y en lo que han aprendido sus servicios técnicos y de contratación.
Regadío del Guadalquivir: dos comunidades, dos modelos, una misma exigencia de precisión
Alberto González, director técnico de la Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda del Genil, y Pedro José Báñez, secretario de la Comunidad de Regantes del Condado (Huelva), encarnan dos modelos opuestos dentro del mismo regadío de la cuenca del Guadalquivir.
«La digitalización para esta comunidad ha sido un paso muy importante que culmina el poder tomar decisiones en tiempo real de qué está pasando en su finca»
La Margen Izquierda del Genil, fundada en 1956 a partir de un decreto de 1940, ocupa parte de los términos municipales de Lora del Río en Sevilla y Palma del Río en Córdoba: 6.455 hectáreas, 770 comuneros y una transformación radical en la última generación. González la resume con cifras: en los años noventa los cultivos eran maíz, algodón, remolacha, girasol y trigo, regados desde abril hasta septiembre por canales y acequias y dependientes del personal de campo y de los agricultores que cambiaban gomas a horas intempestivas. La modernización a finales de los noventa introdujo el riego presurizado a la demanda y, con él, balsas que permiten regar los trescientos sesenta y cinco días del año. Hoy el setenta y ocho por ciento de la superficie está ocupada por cultivos leñosos —cerca de la mitad cítricos, junto a almendros y olivar—, completados por cultivos hortícolas. Aquella obra ya incorporó telemando, telecontrol, SCADA y PLC; el PERTE viene a sumar variadores de velocidad en los bombeos —con un impacto directo en eficiencia energética— y sondas de humedad y fertilizantes que afinan la aplicación en parcela.
La Comunidad de Regantes del Condado se encuentra en el extremo opuesto del espectro temporal: se constituyó en 2020, en el marco del Plan Especial de Ordenación de los Regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana. Sirve a cuatro municipios onubenses —Almonte, Rociana del Condado, Bonares y Lucena del Puerto— y suma 1.500 hectáreas con concesión regularizada más 710 en modificación de características, hasta un total de 2.200. Su singularidad operativa: más de seiscientos puntos de captación, todos ellos pozos de aguas subterráneas del acuífero de Doñana. Báñez explica que para esta comunidad la digitalización no llega como mejora incremental sino como su primer paso real de gestión integral. La colaboración con la Universidad de Sevilla está permitiendo definir un protocolo de comunicación con la Confederación; sobre el terreno se despliegan equipos de telemetría en tiempo real, sensores de humedad y estaciones de control y seguimiento de horas de riego. La solución A del PERTE —sede electrónica, página web y actualización del sistema de información geográfica— ordena administrativamente un universo de parcelas pequeñas y muy dispersas.
Las dos comunidades coinciden, sin embargo, en lo esencial. En tiempo real, comunidad, confederación y agricultor ven el mismo dato: lo que ocurre en el río, en la captación, en la red principal y en la propia parcela. Esa visibilidad compartida permite predecir desembalses, ajustar captaciones, reducir desperdicio, detectar precozmente fallos en una tubería —con la consecuente reducción de daños y de las elevadas primas de seguro del sector— y planificar campañas. En el Condado, además, el siguiente horizonte tiene nombre propio: gemelos digitales, proyectados sobre un escenario muy concreto, la planificación futura de las explotaciones de frutos rojos.
La mirada experta: la digitalización es la condición, no la opción
Ramón González Carvajal, catedrático de Tecnología Electrónica de la Universidad de Sevilla y director de la Cátedra del Agua EMASESA-Universidad de Sevilla, cierra el episodio con una visión que ha podido construir asesorando durante todo el proceso a operadores, organismos de cuenca, comunidades autónomas y beneficiarios del PERTE. Su primera observación es la asimetría: cada actor parte de un punto distinto y la normativa los obliga a llegar al mismo, lo que implica que unos tienen que recorrer un camino mucho más largo que otros. Los activos de producción —presas, bombeos, ETAP, EDAR— suelen llegar ya digitalizados desde fábrica; el resto, dispar.
La nueva exigencia normativa, recuerda, ya no se limita a producir y distribuir: hay que medir en el medio natural tanto lo que se capta como lo que se devuelve, en cantidad y en calidad. Depuración y vertido, antes los hermanos pobres del sistema, pasan ahora al centro de la gestión. Y a esa medición se suma una conectividad total entre actores que tampoco estaba definida: las confederaciones y los gestores del dominio público hidráulico estaban acostumbrados a sistemas propios sin comunicación con terceros. El resultado es una avalancha de datos que González Carvajal sintetiza con una imagen: cuando llega demasiada información de golpe, el sonido se convierte en ruido, y para evitarlo hacen falta herramientas que analicen por uno.
«La transformación digital tiene más de transformación que de digital»
Sobre la inteligencia artificial, su posición es nítida. La normativa europea clasifica como de alto riesgo el uso de la IA en infraestructuras críticas como las del agua y exige supervisión humana: la decisión final no puede delegarse en la máquina, ni los profesionales deberían cederla; pero su utilidad operativa es enorme, porque procesar un dato o mil millones de datos cuesta lo mismo a una máquina. La metáfora con la que cierra es elocuente: la IA no debería tratarse como un becario al que se pregunta de vez en cuando, sino como un compañero de trabajo muy bien informado al que se le deja desplegar sus capacidades.
De ahí pasa al diagnóstico humano. El sector del agua es uno de los más tecnificados —ingenieros de caminos, industriales, químicos y de organización, biólogos, abogados—, y esa especialización ha generado durante décadas silos en los que cada profesional era dueño de su tarea. La transformación digital, advierte, va más de transformación que de digital: exige un cambio cultural de gestión por tareas a gestión por procesos, una transversalidad nueva en la que cada departamento es proveedor de los demás, y un gobierno del dato que sostenga su fiabilidad con rutinas de mantenimiento preventivo de la sensórica. Sin ese mantenimiento, el primer técnico que dude del dato hace caer todo el sistema.
Tres tendencias, por último, le parecen ya irreversibles. La primera, la telelectura: las empresas que la han llevado al veinticinco por ciento de la población acabarán llevándola al cien por cien, porque no caben dos categorías de ciudadanos. La segunda, la consolidación de la inteligencia artificial bien gobernada en la operación cotidiana. Y la tercera, la transformación del propio papel de los gestores: en un territorio como Andalucía, con grandes empresas metropolitanas y provinciales —cita expresamente a EMASESA, Aljarafesa y Giahsa—, decenas de miles de kilómetros cuadrados y millones de habitantes, y con una Confederación del Guadalquivir que estima cerca de un millón de hectáreas de regadío, la digitalización deja de ser una opción para convertirse en la única vía de gestión efectiva.
Andalucía: el agua que vertebra un territorio y la digitalización que lo hace gobernable
El episodio se cierra con una idea común a las nueve voces. Desde la Confederación hasta la parcela, desde la administración autonómica hasta el operador municipal, pasando por el asesor universitario, todos coinciden en que la digitalización del agua no es un asunto exclusivamente tecnológico. Es, sobre todo, una decisión organizativa: medir antes de actuar, compartir el dato entre actores que durante décadas trabajaron con sistemas propios y aceptar que la transversalidad cambia la forma en que un técnico se relaciona con su propio trabajo.
En Andalucía, el agua vertebra economía, paisaje, identidad y futuro. Gestionar ese recurso con la precisión que exigen los tiempos —ante una variabilidad climática creciente, un patrimonio ambiental único como Doñana y unos usos cada vez más diversos— no es un lujo, es una obligación. El PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, encuadrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y respaldado por NextGenerationEU, está aportando los medios para que esa modernización deje de depender de voluntades aisladas y empiece a funcionar como un sistema.
