José Luis Núñez, hidrogeólogo de la Subdirección General de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos, presentó en la Jornada Técnica sobre el Estado de Implantación del Plan de Acción de las Aguas Subterráneas: Inteligencia Artificial y Aguas Subterráneas, celebrada el 20 de mayo de 2026 en la ETS de Ingenieros de Minas y Energía de la UPM, el estado de los trabajos de contaminación puntual impulsados por la Dirección General del Agua.
Su intervención abordó una de las materias más complejas del PAAS: la gestión de emplazamientos contaminados que afectan o pueden afectar a las aguas subterráneas. Núñez recordó que, hasta la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico en 2023, la contaminación puntual carecía de un marco normativo específico. La nueva regulación ha permitido ordenar la respuesta, pero también ha aumentado la complejidad técnica y jurídica de los expedientes.
La Dirección General del Agua presta apoyo a las confederaciones hidrográficas en más de 150 emplazamientos. Este apoyo se canaliza a través de dos encargos al medio propio EMGRISA, dotados con cerca de 2,7 millones de euros entre 2022 y 2028. Las actuaciones incluyen estudios de caracterización y diagnóstico ambiental, análisis cuantitativos de riesgos, revisión de proyectos de descontaminación, visitas de inspección, muestreos propios de verificación e informes técnicos para la resolución de expedientes.
Los técnicos realizan muestreos fuera de los emplazamientos para comprobar si la contaminación migra y si la realidad del terreno coincide con lo declarado en los informes
La casuística presentada muestra la diversidad del problema. Las estaciones de servicio concentran una parte muy relevante de los casos, seguidas por fábricas e instalaciones industriales. También aparecen plantas de residuos, instalaciones mineras, ganaderas o de generación eléctrica. En cuanto a contaminantes, predominan hidrocarburos totales, compuestos BTEX, organoclorados y metales, junto con PCB, PAH, clorofenoles y otras sustancias. Núñez subrayó la dificultad de los hidrocarburos clorados, que pueden hundirse en el acuífero y complicar su detección incluso con sondeos próximos al foco.
La ponencia insistió en que el trabajo no se limita a aceptar la información aportada por los responsables. Los técnicos realizan muestreos fuera de los emplazamientos para comprobar si la contaminación migra y si la realidad del terreno coincide con lo declarado en los informes. Ese contraste es fundamental para proteger el dominio público hidráulico y anticipar riesgos a terceros.
El cierre presentó dos novedades. La primera, la revisión del RDPH en materia de contaminación puntual para corregir problemas de aplicación. La segunda, una guía técnica de gestión de acuíferos contaminados por fuentes puntuales, estructurada en cuatro volúmenes sobre investigación y caracterización, análisis de riesgos, descontaminación y aplicación normativa. La guía aspira a convertirse en una referencia común para confederaciones, consultoras y responsables de emplazamientos en una materia donde la precisión técnica y la seguridad jurídica deben avanzar juntas.
