Las obras de la nueva estación depuradora de aguas residuales de A Illa de Arousa (Pontevedra) se encuentran en su fase final tras su inicio en noviembre de 2024. La actuación, ejecutada por la sociedad mercantil estatal ACUAES, prevé una inversión de 8,5 millones de euros (IVA incluido), financiada en un 80% con fondos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El 20% restante lo anticipa ACUAES y será recuperado del Concello.
El avance de las obras ha sido constatado durante una visita de la presidenta de ACUAES, Mª Rosa Cobo, y el alcalde del municipio, Luis Arosa, acompañados por los responsables técnicos de ambas entidades.
Estado de las obras
Los trabajos se centran actualmente en los edificios de pretratamiento y de control, y en el colector de salida. Ya han concluido la obra civil de los reactores biológicos, la arqueta de reparto, la salida del biológico, el depósito de fangos, los vasos del pretratamiento y los decantadores secundarios. En materia eléctrica, se ha completado el soterramiento de la línea existente y la ejecución de un nuevo centro de seccionamiento, ya en servicio, desde el que parte la alimentación eléctrica a las instalaciones de la nueva EDAR. También se han tramitado las compras de los principales equipos de planta.
El proyecto contempla además la desodorización de todos los elementos susceptibles de generar olores y la instalación de un sistema fotovoltaico en las cubiertas de los edificios.
Está previsto que las obras finalicen este verano, tras lo cual comenzará una fase de puesta en marcha con una duración estimada de seis meses.
Alcance de la actuación
Más allá de la propia planta, la intervención incluye la conexión desde la EDAR con el tramo terrestre del actual emisario, la adaptación de colectores existentes hasta la nueva depuradora y la ejecución de una acometida eléctrica. La nueva instalación dará servicio a una población de 10.000 habitantes equivalentes y permitirá mejorar la calidad de las aguas de la ría, al tiempo que pondrá fin a la situación de incumplimiento de la Directiva europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas que expone al Concello a posibles sanciones de la UE.
