El texto del acuerdo de PSOE-Unidas Podemos para formar un Gobierno de coalición se ha hecho público hoy bajo el título "Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España", aunque aún no se ha anunciado la composición del mismo ni quién ostentaría cada una de las competencias.
Si bien el empleo, los derechos sociales o la "convivencia en Cataluña", son las principales líneas de este acuerdo, el documento dedica su tercer punto a la lucha contra el cambio climático, que se centra en la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y en la aprobación del Plan nacional integrado de energía y clima, la reforma del mercado eléctrico y la bajada de la factura, además de la creación de un Fondo de Compensación de Daños Medioambientales.
En cuanto al agua, el documento del Gobierno de coalición dedica dos puntos: el 3.9 y el 3.10. El primero de ellos se refiere al Plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización del agua (Plan DSEAR), en el que señalan (cita textual):
- Apostamos por la racionalización del uso del agua, en línea con la Directiva Europea sobre Calidad del Agua, en un contexto de disminución de la disponibilidad de recursos hídricos como consecuencia de los efectos del cambio climático.
- Impulsaremos el Plan Director de Regadíos para desarrollar inversiones en instalaciones y obras en baja que mejoren la disponibilidad y uso sostenible del agua, generando valor añadido y empleo.
- Garantizaremos el agua potable y de riego, al tiempo que se protege el medioambiente y se consagra el acceso al agua como un derecho humano y no como un bien mercantil. Se prohibirá, por tanto y como parte de este principio, la compraventa de derechos concesionales del agua.
- Llevaremos a cabo el saneamiento de las rías, desembocaduras de ríos y otros lugares de especial riqueza ambiental, económica y social.
En el punto 3.10, abogan por la aprobación de una Ley de base reguladora del ciclo integral del agua, en el que "se promoverán además las modificaciones regulatorias que faciliten la gestión pública y directa del agua, en particular por parte de los ayuntamientos, así como la modificación de la normativa de contratación pública para reducir los límites de duración de los contratos futuros de gestión indirecta y el estudio de la reversión de las concesiones que no cumplan con la legislación vigente".
Y, precisamente, estos son los temas que desde iAgua abordaremos con CETA2020 los próximos 23 y 24 de marzo, que reunirá a los más altos responsables de las Administraciones Públicas con competencias sobre el ciclo integral del agua. Representantes de Estado, las Comunidades Autónomas y los Entes Locales compartirán en esta oportunidad única los planes de infraestructuras hídricas y las inversiones que afrontarán durante los próximos años.
