El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), ha presentado este martes la Evaluación de Riesgos e Impactos del Cambio Climático en España (ERICC-2025), un documento científico y técnico que concluye que España se enfrenta a 141 riesgos climáticos que afectan a la salud, la economía y la biodiversidad.
De estos, 51 son riesgos clave por su severidad o inminencia y 17 presentan baja reversibilidad, lo que significa que podrían generar pérdidas permanentes si no se actúa con rapidez.
El agua, eje vertebrador del riesgo climático
Coordinado por la OECC con la participación del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (IHCantabria), Tecnalia y el Basque Centre for Climate Change (BC3), el estudio ofrece por primera vez una visión sistémica de los riesgos climáticos en España, evidenciando cómo los impactos se relacionan y se amplifican mutuamente.
El modelo empleado, basado en la teoría de grafos, representa las conexiones entre los distintos riesgos a través de dos indicadores: el grado de entrada, que mide la dependencia de otros factores, y el grado de salida, que refleja su capacidad de generar impactos sobre otros ámbitos.
En el caso del agua, los riesgos hídricos se consolidan como nodos estructurales del sistema. El riesgo de daños por sequías extremas de larga duración (RC2.1) registra un grado de entrada de 2 y un grado de salida de 26, lo que lo convierte en el riesgo con mayor capacidad de generar impactos en cascada sobre otros sectores, con escasa dependencia de factores externos. Las sequías prolongadas influyen directamente en 26 de los 51 riesgos identificados, afectando a la producción agrícola, la energía hidroeléctrica, la biodiversidad y la estabilidad socioeconómica.
En el caso del agua, los riesgos hídricos se consolidan como nodos estructurales del sistema
Las sequías prolongadas actúan, por tanto, como un nodo detonante del sistema climático español, afectando a la agricultura, la producción hidroeléctrica, el turismo, la biodiversidad y la estabilidad económica. Según las proyecciones, la frecuencia e intensidad de estos episodios seguirá aumentando hasta finales de siglo, con una reducción prevista de las precipitaciones entre un 30 % y un 40 % en el peor escenario de emisiones.
Por su parte, el riesgo de daños por inundaciones pluviales y fluviales (RC2.2) presenta un grado de entrada de 5 y de salida de 18, lo que indica una dependencia moderada, pero una alta capacidad de transmisión de impactos, especialmente en las zonas costeras y urbanas del Mediterráneo, donde la torrencialidad y la temperatura del mar en aumento incrementan la frecuencia e intensidad de los episodios extremos.
El riesgo para los diferentes usos y demandas por reducción de la disponibilidad de recursos hídricos superficiales en cantidad y calidad suficientes (RC2.3) muestra un grado de entrada de 9 y de salida de 15, reflejando su papel intermedio: recibe la influencia de fenómenos como las sequías o la desertificación, pero también transmite impactos hacia sectores dependientes del agua, como la agricultura, la industria o el suministro urbano.
España, uno de los países europeos más vulnerables
El capítulo sectorial Agua y Recursos Hídricos del informe advierte de que España es uno de los países de la Unión Europea más afectados por el cambio climático, con un aumento de la temperatura media y una reducción sostenida de las precipitaciones. Esta situación, unida a la alta variabilidad climática del territorio, intensifica los riesgos de sequías más largas, inundaciones más destructivas y conflictos por el uso del agua.
La demanda anual de agua ronda los 32.000 hm³, de los cuales el 80,6% se destina al regadío, el 15,4% al abastecimiento urbano y el resto a usos industriales. Además, más del 70% de los recursos proceden de fuentes superficiales, especialmente vulnerables a la reducción de caudales y al deterioro de la calidad del agua.
Las proyecciones climáticas señalan que la escorrentía media podría reducirse un 24% para 2070-2100 en los escenarios más pesimistas, mientras que la recarga de acuíferos podría disminuir entre un 10 % y un 20 % en más de la mitad del territorio peninsular. Estos cambios, combinados con presiones antrópicas como la sobreexplotación y la contaminación difusa, ponen en riesgo la seguridad hídrica del país.
Infraestructuras, gobernanza y digitalización como claves de adaptación
El informe también subraya la vulnerabilidad de las infraestructuras hidráulicas, muchas de ellas diseñadas para condiciones climáticas pasadas. España cuenta con más de 2.400 presas y una extensa red de suministro y saneamiento —más de 150.000 km de conducciones—, cuya resiliencia frente a fenómenos extremos debe reforzarse.
El informe también subraya la vulnerabilidad de las infraestructuras hidráulicas, muchas de ellas diseñadas para condiciones climáticas pasadas
Asimismo, el documento señala que la gobernanza del agua sigue siendo un punto crítico, debido a la fragmentación competencial y la falta de coordinación entre administraciones. En este sentido, destaca la importancia de avanzar hacia una gestión integrada y basada en datos, apoyada en herramientas como el PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua (2022-2026), que busca mejorar la monitorización, el control de pérdidas y la planificación preventiva.
Una visión interconectada para priorizar la adaptación
El MITECO subraya que el enfoque del ERICC-2025 supone un cambio metodológico fundamental, al pasar de una evaluación sectorial a una visión interconectada del riesgo climático. Esta aproximación permitirá priorizar las políticas de adaptación en función de los riesgos más estructurales y sus efectos en cadena.
En el caso del agua, la prioridad pasa por reforzar la gestión integrada de los recursos hídricos, adaptar las infraestructuras a escenarios de mayor variabilidad y promover una cultura social de prevención y ahorro.
Con el agua en el centro de los riesgos más influyentes del sistema climático español, la resiliencia del país dependerá de la capacidad de anticipar, planificar y gestionar los impactos hídricos, evitando que sequías, inundaciones y pérdida de calidad del agua se conviertan en detonantes de crisis ecológicas, sociales y económicas de gran magnitud.
