La Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, y la Federación de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses han formalizado un convenio de colaboración en materia de gestión catastral, publicado en el Boletín Oficial del Estado mediante Resolución de 24 de febrero de 2026.
El acuerdo tiene como objetivo establecer un marco general de cooperación entre ambas entidades para el intercambio de información de sus respectivas bases de datos y el desarrollo de proyectos y tareas de interés común vinculados al Catastro Inmobiliario.
En virtud del convenio, la Federación impulsará que los ayuntamientos asociados faciliten información sobre la identificación y características físicas y económicas de las centrales hidroeléctricas, embalses y presas ubicadas en sus términos municipales. Esta información incluirá, entre otros aspectos, la localización de las instalaciones, la superficie afectada y los titulares catastrales, con el fin de facilitar la incorporación de nuevos inmuebles al Catastro o la modificación de sus características.
Asimismo, la Federación prestará asistencia jurídica y técnica a los municipios para preparar la documentación necesaria en caso de detectar discrepancias, errores u omisiones entre la realidad inmobiliaria y los datos catastrales. Cuando se identifiquen estas situaciones, se elaborará un inventario de instalaciones y bienes no incorporados o incorrectamente descritos que se trasladará a la Dirección General del Catastro para su revisión.
Por su parte, el Catastro proporcionará a los ayuntamientos, a través de la Federación y sin coste, información disponible sobre centrales hidroeléctricas, embalses y presas. También comunicará a los municipios la interposición de reclamaciones económico-administrativas contra las valoraciones catastrales de estas instalaciones y remitirá periódicamente la relación de bienes inmuebles de características especiales situados en los municipios incluidos en el convenio.
El intercambio de información entre ambas partes se realizará mediante medios electrónicos y siguiendo los mecanismos establecidos por la Dirección General del Catastro, garantizando la autenticidad, integridad y confidencialidad de los datos. Cabe señalar que el convenio no implica transferencia de medios materiales o personales ni conlleva contraprestación económica entre las partes. Además, prevé la creación de una comisión de seguimiento encargada de supervisar su ejecución, impulsar los proyectos derivados y resolver posibles incidencias.
El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años desde su inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, con posibilidad de prórroga por un periodo adicional de hasta cuatro años mediante acuerdo entre las partes.
