El nuevo plan hidrológico de la Confederación Hidrográfica del Tajo 2022-2027 propone elevar los caudales ecológicos, los niveles mínimos del río para garantizar su vida y la del ecosistema a su alrededor hasta 2027, lo que supondrá un recorte de 32 hm3 por año para el trasvase Tajo-Segura durante los próximos años.
Esta decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no sentó bien a los regantes de la zona del Levante que, además de presentar varios recursos contra la modificación de las reglas de explotación del trasvase, se han manifestado recientemente en Madrid para mostrar su descontento, bajo el lema "En el Levante, sin trasvase, desierto y paro".
Y, es que, en diciembre de 2022, el Tribunal Supremo desestimó un nuevo recurso contra la modificación de las reglas de explotación del trasvase, en esta ocasión presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS). Se trata de la tercera desestimación tras las presentadas por el Gobierno de Murcia en julio y por Asaja Alicante en noviembre.
Isabel Caro-Patón Carmona, socia de Menéndez & Asociados Abogados, cuenta con una amplia experiencia en litigación contencioso-administrativa en los ámbitos de su especialización, lo que abarca concesiones administrativas, contratación y servicios públicos de abastecimiento de agua. Como especialista en derecho de recursos naturales, energía y, sobre todo, en materia de aguas, hablamos con ella sobre el proyecto de Real Decreto de revisión de los planes hidrológicos (2022-2027), y en concreto del Plan Hidrológico del Tajo, su jurisprudencia y los efectos de la última sentencia en el Levante.
