La Comisión Europea ha decidido enviar una carta de emplazamiento a España por no dar cumplimiento pleno a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 14 de marzo de 2024, relativa al incumplimiento de la Directiva sobre los nitratos. El procedimiento, identificado como INFR(2018)2250, entra ahora en una nueva fase al amparo del artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite actuar contra un Estado miembro cuando no ejecuta una sentencia del Tribunal.
La Directiva 91/676/CEE tiene como objetivo proteger la calidad del agua frente a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias, tanto en aguas subterráneas como superficiales, y promover la aplicación de buenas prácticas agrícolas. En su sentencia de marzo de 2024, el TJUE concluyó que España no protegía adecuadamente sus aguas frente a este tipo de contaminación, al no haber revisado la lista de zonas vulnerables, no haber incorporado determinadas medidas obligatorias en los programas de actuación y no haber adoptado medidas adicionales o reforzadas en varias comunidades autónomas.
Dos años después de aquella resolución, la Comisión reconoce avances parciales. Según Bruselas, España ha ejecutado la sentencia en lo relativo a la designación de zonas vulnerables a los nitratos en Illes Balears, Madrid y Comunitat Valenciana, y ha adoptado las medidas obligatorias necesarias en Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid. Sin embargo, el cumplimiento sigue sin ser completo.
Las deficiencias pendientes
La Comisión señala que España aún no ha adoptado las medidas obligatorias necesarias en el programa de acción de Castilla y León en relación con las condiciones para la aplicación de fertilizantes en terrenos inclinados y escarpados.
Además, Bruselas considera que siguen faltando medidas añadidas frente a la contaminación por nitratos en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia. Según los últimos datos disponibles citados por la Comisión, la calidad de las aguas en estas cuatro comunidades autónomas no ha mejorado con respecto al periodo anterior, lo que indica que las medidas adoptadas hasta ahora no han resultado efectivas.
La carta de emplazamiento sitúa el foco en la eficacia de las actuaciones, no solo en su aprobación formal. La Comisión no se limita a señalar la actualización de designaciones o programas, sino que vincula el cumplimiento de la sentencia a la mejora real de la calidad de las aguas afectadas por contaminación de origen agrario.
España dispone ahora de dos meses para responder a la carta de emplazamiento y subsanar las deficiencias señaladas. Si la respuesta no resulta satisfactoria, la Comisión podría llevar de nuevo el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y solicitar la imposición de sanciones financieras.
Antecedentes
El expediente por nitratos arrastra un recorrido largo. En marzo de 2024, el TJUE ya concluyó que España no protegía adecuadamente sus aguas contra la contaminación por nitratos de origen agrario. En una entrevista publicada por iAgua, Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Navarra, explicó que la sentencia afectaba a obligaciones básicas de la Directiva: la designación de zonas vulnerables, los programas de acción y la adopción de medidas adicionales o reforzadas cuando las previstas no bastan.
En aquella resolución, el incumplimiento alcanzaba a distintas comunidades autónomas por motivos diferentes: Illes Balears, Madrid y Comunitat Valenciana, por la falta de designación de determinadas zonas vulnerables; Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid, por deficiencias en medidas obligatorias de los programas de acción; y Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia, por la ausencia de medidas adicionales o acciones reforzadas frente a la contaminación por nitratos.
Desde entonces se han producido avances parciales en algunas comunidades. En abril de 2026, iAgua informó de que Aragón ampliaba a 32 las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, con una nueva delimitación asociada a masas de agua superficiales y subterráneas que sumaba algo más de 1,5 millones de hectáreas, de las que cerca de 960.000 correspondían a superficie agraria. La actualización se vinculaba a las obligaciones derivadas de la Directiva 91/676/CEE, del Real Decreto 47/2022 y de la sentencia del TJUE de marzo de 2024.
El problema mantiene, en cualquier caso, una fuerte persistencia en las aguas subterráneas. En el marco del balance de dos años del Plan de Acción de Aguas Subterráneas, iAgua recogió que, según el informe nacional de calidad de las aguas subterráneas referido al periodo 2015-2024, el 34% de las estaciones muestreadas superaba los 37,5 mg/l de nitratos. La misma información señalaba que, pese al incremento del esfuerzo de muestreo, la tendencia se mantenía estable y la calidad no mejoraba.
La nueva actuación de la Comisión vuelve a colocar la contaminación difusa de origen agrario entre los incumplimientos ambientales abiertos para España. El margen queda ahora acotado a dos meses: responder a Bruselas, corregir las deficiencias pendientes y acreditar que las medidas adoptadas son suficientes para cumplir la sentencia.
