No es ningún descubrimiento, se nota, canta a la legua, las últimas legislaturas que hemos padecido han articulado no pocas políticas de cartón piedra, tramoya escénica para entretener al ciudadano durante los cuatro años que actuaba cada compañía con sus respectivos patrocinadores. Sólo los dictados normativos de Bruselas han evitado esperpentos mayores.
En España, hace ya mucho tiempo que no se aprueban verdaderas políticas de Estado
Una vez concluido el espectáculo, de poco sirven ya los decorados; pero los españoles hemos pagado el papel maché que adornó estas tragicomedias a precio de mármol de Carrara y, ahora, los corifeos pretenden tornarse estadistas y responsabilizan al respetable del descontrol regulatorio y financiero que ha disparado el Déficit Público sin dotarnos de sólidas infraestructuras y condiciones que nos permitan proyectar al exterior nuestras ventajas competitivas y, así, generar tejido productivo, empleo y bienestar.
En España, hace ya mucho tiempo que no se aprueban verdaderas políticas de Estado, porque su solidez institucional está cuestionada y no contamos con estadistas que atiendan el Interés General. La desazón se ha instalado en la ciudadanía, la confianza en los administradores se ha evaporado y los intereses partidistas se han mostrado evidentes ante los ojos del administrado que, temeroso del advenimiento de males mayores, acude en busca de fatuos remedios a la santería de los extremismos ideológicos.
El Plan Hidrológico Nacional es buena muestra de esta perversa dinámica de mezquindad partidista y territorial que lastra nuestra prosperidad. ¿De quién es el agua que fluye por los ríos españoles? Durante los últimos años las políticas de agua se han sucedido sin haber resuelto esta cuestión esencial. Debemos ser sinceros y reconocer lo evidente: sin definir nuestro Modelo de Estado es imposible abordar políticas estructurales; la planificación hidrológica será una continua huida hacia adelante en forma de Consultas, Planes de Cuenca y Estudios Ambientales Estratégicos que, estando bien, nunca lograrán cerrar el círculo, dar respuesta al problema de fondo: la optimización sostenible del recurso agua, porque el pleno conocimiento de la realidad hidrológica de nuestro país es condición necesaria para ello, pero no es ni será suficiente para alcanzar ese gran objetivo.
Debemos ser sinceros y reconocer lo evidente: sin definir nuestro modelo de Estado es imposible abordar políticas estructurales
Una vez tengamos claro el modelo de Estado y de convivencia que queremos, una vez que nuestros administradores recobren, verdaderamente, el sentido de Estado y se libren de influencias indeseables, se avanzará de nuevo en las materias trascendentales y se podrá definir un Plan de Ordenación del Territorio y sus Recursos, un patrón de desarrollo que armonice los requerimientos medioambientales con el desarrollo agrario, industrial y turístico, pilares esenciales del progreso. Sólo en el marco de una planificación estable orientada al desarrollo integral de España, será posible una gestión hidrológica que recobre su auténtica dimensión como uno de los elementos vertebradores de nuestro bienestar, una visión que va mucho más allá de lo que puede abarcar una Dirección General del Agua por sí sola.
Nuestra ya vetusta Constitución trató de configurar el Estado español como un espacio común y solidario, desde 1978 han sido diversas las manifestaciones de esta aspiración, como la Caja Única de la Seguridad Social o el Fondo de Compensación Interterritorial, aspectos esenciales para la convivencia, como lograr una adecuada gestión compartida del agua, articulada en aras de alcanzar un equilibrio en su distribución, y sobre la base de un Modelo de Desarrollo definido por consenso político, territorial y social, para que resulte beneficioso, justo y solidario. Un reto complejo pero alcanzable, contamos con la tecnología y los recursos necesarios, solo nos falta lo que, en teoría, habría de sobrar: Voluntad. Mientras tanto: Políticas de cartón piedra, es lo que hay.
