Entendemos que tanto el abastecimiento de agua potable como el saneamiento son servicios públicos esenciales; sin embargo, disponer de infraestructuras que permitan satisfacer estas necesidades básicas, acarrean, como es evidente, unos costes tanto de inversión como de operación y mantenimiento.
El déficit de tarifa en abastecimiento y saneamiento brotará, tarde o temprano, con inoportuno estrépito
Aunque para muchos todavía no resulte palmario, de los “derechos” dimanan responsabilidades, deberes u obligaciones propias o para terceros, puesto que, de no ser así, solo obtendríamos los amargos frutos de la anarquía. Los servicios que procuran dar cumplimiento a nuestro derecho al abastecimiento y el saneamiento acarrean la obligación de usarlos con responsabilidad y mesura, y generan cargas que nuestra ciudadanía asume de manera directa, indirecta o mixta: bien como contribuyente, bien como usuario o cliente.
Sabemos cuánto cuesta el agua en los municipios, conocemos las tarifas; pero es difícil evaluar cuánto vale realmente el agua que consumimos, puesto que muchos de los costes, sobre todo los referidos a infraestructuras, han quedado internalizados en diversas e inveteradas partidas presupuestarias o líneas de ayuda extinguidas. En buena lógica, partiendo del precio fijado en cada municipio –obviando la parte que siendo recaudada no se dirija directamente a sufragar el servicio- estaremos hablando en infinidad de casos de un déficit de tarifa en abastecimiento y saneamiento que, tarde o temprano, brotará con inoportuno estrépito.
Las Administraciones, como garantes de los servicios públicos, deben de actuar con urgencia sobre este escenario presente, para evitar o minimizar el triste e indefectible corolario que ya se adivina en lontananza. No es difícil, es sólo una cuestión de responsabilidad social y voluntad política, lo demás, avanzar hacia la resolución de esta amenaza, será sencillo, solo consiste en trabajar de manera coordinada, con magnanimidad y diligencia.
Resulta perentorio auditar los costes reales de nuestro sistema y ajustar lo que vale con lo que cuesta el agua
Es urgente persuadir a los ciudadanos, con espacios en los medios de difusión públicos y desde las escuelas, que los todavía servicios de abastecimiento y saneamientos que disfrutamos tiene unos costes, y explicarles con transparencia qué actuación se corresponde cada uno de ellos, porque nadie abona con gusto lo que no comprende ni percibe. Resulta perentorio auditar los costes reales de nuestro sistema y ajustar lo que vale con lo que cuesta el agua, para satisfacer el servicio con una tarifa que garantice su sostenibilidad, introduciendo los mecanismos de solidaridad precisos para salvaguardar el bienestar de los usuarios desprotegidos.
No hay español que desconozca la existencia del llamado déficit de tarifa del sector eléctrico; sin embargo, pareciera no existir un déficit de tarifa en el sector del agua. La dispersión competencial y normativa que soporta el sector del agua, frente a la concentración administrativa que preside al sector energético; así como el modelo empresarial finito que presenta la energía, frente a la multiplicidad de entidades dedicadas a la gestión y el suministro de agua, podrían explicar la paradójica situación que vivimos en España: Un sector eléctrico sobredimensionado, con una excelente red de distribución y un reducido número de operadores internacionalizados y pujantes, frente a un sector del agua cuyas infraestructuras presentan elocuentes síntomas de agotamiento, que amenazan incluso la calidad futura de los servicios. El primero con elevadas exigencias tarifarias para el consumidor, el segundo, el del agua, con un alcance muy limitado sobre la ya maltrecha renta disponible de las familias; el primero con un déficit de tarifa reconocido -para muchos injustificado- de más de 30.000 M€, el segundo, sin ningún tipo de déficit de tarifa conocido. Me lo expliquen oiga.
