En los últimos tiempos, las concesiones administrativas de gestión de servicios públicos y la contraposición entre la gestión pública y la privada ocupa mucho espacio en revistas, periódicos y opinión pública. Y ello es así porque se ha generado un debate en torno a lo público y lo privado, resultante en buena parte de la crisis económica y sus consecuencias sobre la población, que ha degenerado en gran parte en una interesada manipulación de los términos.
En otros artículos ya nos hemos manifestado al respecto. No obstante, el objeto del presente no es posicionarnos en una u otra opción, sino cuestionar los malos usos del modelo concesional, a la luz de varios episodios acontecidos recientemente al respecto, con el denominador común de un mal enfoque y diseño del proyecto concesional.
En efecto, como tratamos de sintetizar en el título, las concesiones de servicios públicos no son soluciones mágicas para resolver todo tipo de problemas; especialmente financieros.
Las concesiones de gestión de servicios públicos son una de las varias formas que dispone la Administración para gestionar servicios públicos que son de su competencia. Reiteraremos una vez más que en ningún caso la Administración privatiza esos servicios, cosa imposible bajo la normativa actual. Lo que hace es licitar entre el sector privado la gestión de esos servicios públicos, manteniendo su titularidad y bajo su supervisión y control. Y lo hace primero porque es una forma prevista en la ley de aquí y de todo el mundo, y segundo porque considera que es más eficaz y eficiente hacerlo así en lugar de optar por otras opciones, como la gestión directa del mismo servicio.
En parte de los casos, se hace una concesión de gestión de servicios porque la Administración contratante no dispone de la financiación necesaria, o por lo menos no la tiene fácilmente al alcance, y prioriza otras inversiones que requieren obligatoriamente de sus fondos propios, a cambio de establecer una concesión en aquellos servicios que encajan con los requisitos. De esta forma, no es preciso comprometer inicialmente fuertes sumas en inversiones necesarias para acometer ese servicio, puesto que las aporta el concesionario. En conjunto, se pueden alcanzar mayores objetivos que si se recurriera únicamente a recursos propios y gestión directa.
Este proceso, totalmente legal e indicado para determinados servicios públicos que por su naturaleza se prestan especialmente a lo que en definitiva es una concesión de gestión de servicios públicos; una colaboración público-privada, en la que el objetivo es aprovechar en aras del bien común lo mejor de cada sector.
Ahora bien, las concesiones deben basarse en un proyecto para prestar un determinado servicio. Por ejemplo, la gestión del ciclo del agua en un municipio.
En tal caso, uno de los documentos necesarios y exigidos en la normativa de contratación para poder licitar dicho servicio mediante la modalidad de concesión administrativa de gestión de servicios públicos, es el estudio económico-financiero de la Concesión, mediante el que debe ponerse de manifiesto la viabilidad y rentabilidad esperada del proyecto, teniendo en cuenta las inversiones y reposiciones necesarias, así como los gastos de explotación y los ingresos previstos necesarios para compensar de dichas inversiones y gastos al futuro Concesionario.
Obviamente, si en el capítulo de inversiones necesarias incorporamos otras que no lo son para ese proyecto, estamos incumpliendo la normativa y sobretodo, alterando los valores reales del proyecto, de tal manera que para recuperar todas las inversiones y gastos incurridos, el concesionario va a necesitar ingresos; es decir, tarifas para los administrados, superiores a los necesarios para la mera gestión correcta del servicio.
Pues bien; esta ha sido la línea seguida en no pocos contratos de concesión administrativa de gestión de servicios públicos en el pasado. Hemos contemplado como un proyecto de concesión se convertía en un modelo de financiación de inversiones no relacionadas con el proyecto, o simplemente de financiación del propio Ayuntamiento.
Naturalmente, esa financiación ajena tiene un coste, y más elevado que el coste financiero habitual, dado que forma parte de un proyecto que si está bien calculado debe retribuir no solamente la financiación, sino la capacidad técnica y de gestión de la empresa adjudicataria, ya que es uno de los motivos por lo que precisamente recurrimos a las concesiones.
Además del coste, esa financiación requiere un retorno, porque nadie da algo a cambio de nada, y además, debe ser así, para evitar otras compensaciones probablemente más onerosas. ¿Y de dónde se obtienen los fondos necesarios para ese retorno? Obviamente, de las tarifas de los usuarios, que se ven condenados a pagar el coste completo del servicio y, además, la parte de financiación y su coste asociado de las partidas de inversión ajena al servicio incorporadas al proyecto de concesión.
En muchos casos, adicionalmente, lo que se ha hecho ha sido desplazar en el tiempo esa devolución, para de esta forma no aplicar en los primeros años a las tarifas esos costes añadidos, y a lo mejor cuando surta el efecto, los "ingenieros financieros" del proyecto ya no figuran en el ayuntamiento, o por no sabemos que milagro económico, las cosas serán distintas y podremos subsanar el impacto. Como pueden imaginar, esto no ocurre. Lo que sí ocurre de forma cierta es que ese desplazamiento no es gratuito, sino que pasa a engrosar aun más la partida de costes añadidos para el usuario, en forma de mayores intereses y mayor rentabilidad exigida al proyecto, dado que aumenta el riesgo de recuperación, y en definitiva mayor coste final para el administrado.
Para aquellos que pensamos que la colaboración público-privada es una solución para los problemas de infraestructuras y de su gestión, no nos queda otra que criticar con vehemencia esos procesos que hemos descrito, y esperar que con normas más estrictas y con el aprendizaje que supone la experiencia, no se sigan dando en el futuro.
