En España hay 8.131 municipios, de los cuales, 7.717, casi el 95%, tienen una población censada menor que 20.000 habitantes, en los que residen un 30% de la población.
Las competencias en materia de ciclo del agua son municipales. Muchas son las voces que se han alzado reclamando una revisión de esta situación, pero a día de hoy, esto se mantiene, y no parece que vaya a cambiar a corto plazo.
La gestión de los servicios del ciclo del agua en pequeños y medianos municipios es, en general, manifiestamente mejorable. Y ello por múltiples razones, aunque todas ellas provienen de una genérica: falta de estrategia a medio y largo plazo en la gestión del ciclo del agua, derivada de la falta de interés real en mejorar la situación.
De ella provienen razones “secundarias”: falta de medios técnicos, económicos y humanos en las estructuras municipales, falta de cualificación de las personas que intervienen en la gestión, problemas derivados de la pequeña escala para aplicar tecnologías avanzadas, tarifas generalmente escasas y en muchos casos regresivas, consumos ilegales, redes obsoletas con elevadas pérdidas, mantenimiento escaso o nulo de las infraestructuras…
¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación?
En primer lugar, tiene que haber una voluntad decidida para mejorar la gestión del ciclo del agua, y ello solamente se verifica asignando el tiempo y los recursos precisos.
En todo caso, tanto para gestión directa como indirecta de los servicios, es imprescindible que el ayuntamiento tenga una figura profesional que lidere la gestión del ciclo del agua, con preparación técnica y económica suficiente, con tiempo para llevar a cabo un seguimiento permanente y riguroso, apoyándose en auditorías externas de control del servicio, y dando información veraz a la ciudadanía.
Esta figura, que puede ser personal propio o bien contratada externa, es una condición necesaria para que el servicio se preste en buenas condiciones. Uno de los mayores errores que se cometen en los municipios es recurrir a la gestión indirecta mediante concesión y no prestar dedicación alguna por parte del ayuntamiento.
Estos municipios deberían recurrir a asesoramiento profesional para definir el modelo de gestión que se quiera implantar o mejorar, así como a empresas privadas especializadas en el ciclo del agua, en menor o mayor medida, puesto que sus propias capacidades nunca son suficientes para una correcta y actualizada gestión del ciclo del agua.
Tiene que haber una voluntad decidida para mejorar la gestión del ciclo del agua, y ello solamente se verifica asignando tiempo y recursos
Debería trabajarse también en el apartado económico. Cabe estudiar y aprobar un reglamento actualizado del servicio y una ordenanza fiscal que contemple los precios del agua con inclusión de todos los costes, incluidos los derivados de la gestión, con tarifas escalonadas y progresivas. Es frecuente no incluir correctamente partidas de coste del alcantarillado o del saneamiento. También es muy frecuente no actualizar anualmente la ordenanza fiscal ni el registro de abonados, así como sistemas obsoletos de facturación, que conducen a recaudaciones incorrectas y deficitarias.
En muchos de los municipios se presta servicio de suministro a abonados situados fuera del suelo urbano. En estos casos, es preciso aprobar unas tarifas coherentes, y mantener un alto grado de control para evitar consumos excesivos o conexiones ilegales.
Los consumos municipales rara vez son facturados, e, incluso, en muchos casos, ni siquiera controlados, a pesar de que suponen una cantidad importante. Es necesario por lo menos llevar un registro público y control de los mismos.
Otro apartado que frecuentemente se deja de lado es la gestión energética, tanto en el apartado de “producción” como en la distribución, alcantarillado y saneamiento.
En resumen, queda mucho por hacer. Los problemas expuestos tienen soluciones asequibles y relativamente fáciles de aplicar. Solamente falta la voluntad y el esfuerzo para afrontarlas.
