En Venezuela, el modelo de gestión de los servicios de agua potable público-estatal, limita el desarrollo y la capacidad de respuesta a las crecientes necesidades de las ciudades, no soluciona la problemática, por el contrario la agudiza. En las ciudades el agua se distribuye de manera injusta, con grandes deficiencias y se impone una carga desproporcionada sobre los sectores más desprotegidos. Se desalienta y excluye la participación social en los debates sobre la gestión del agua. Se observa pues, que la gestión del agua urbana se encuentra sometida a dos tensiones fundamentales entre, por un lado la degradación de un modelo de gestión público y por el otro la pretensión de implantar un modelo privatizador. A los conflictos causados por el recurso limitado, la apropiación, la desigual distribución y la creciente demanda hacia las fuentes, se suman la degradación y la contaminación ambiental de las cuencas. Si bien es cierto, existe un problema de déficit, la problemática del agua no se reduce a causas técnicas, a la escasez o al aumento natural de la demanda, sino a la exclusión que provocan la pobreza, la desigualdad y el inadecuado modelo de gestión y manejo del agua gestado al amparo del Estado y orientado a intereses ajenos a los de las grandes mayorías; es decir, la problemática obedece más, a causas sociales y políticas.
Así mismo, se enfrentan severos problemas en materia de disponibilidad y calidad de agua debido a una irregular e inequitativa distribución territorial del recurso, con regiones donde hay poca población y mucha agua y otras donde hay escasez del recurso y una mayor concentración de la población, lo que se complica debido al crecimiento de la población nacional y al indebido uso del recurso. Durante el año 2018 unas 141 protestas se han generado en las principales ciudades de Venezuela por falta del vital líquido lo que demuestra la incapacidad del ente prestador del servicio en garantizar el exceso al agua de manera oportuna y de calidad.
En otro orden de ideas la disponibilidad media anual nacional de agua es de 2.233 Km3/año, las reservas de agua subterránea totales es de 7.700 millardos de m3 de los cuales el volumen aprovechable es de 23 millones de m3. De acuerdo a sus principales usos, tenemos que con el agua subterránea se cubre el 75 % de la demanda de zonas urbanas (uso público urbano), 61 % de la industria (uso industrial) y 33 % de la agricultura (uso agrícola). Sin embargo, Según estimaciones realizadas por la FAO (2010) acerca de los recursos hídricos disponibles dentro de cada país, en Venezuela para el año 2000 se contaba con 51.021 m /hab/año, mientras que para el año 2005 se había reducido a 47.120 m /hab/año. Valores considerados muy altos, colocándose entre las veinticinco naciones con mayor disponibilidad de agua en el mundo y entre las diez primeras de América Latina. Cabe destacar que en el país, la mayoría de las captaciones de agua se realiza de fuentes superficiales.
Un factor que influye en los niveles de precipitación pluvial y consecuentemente en la disponibilidad del recurso, es el grado de deforestación que se registra en el país y la severa contaminación de las cuencas.
La estrategia hidráulica del Estado Venezolano que se opera en la década de los noventa a través del proceso de descentralización, determinó el desarrollo del modelo de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento dominante a nivel nacional que propicia una cada vez más baja disponibilidad de agua; el deterioro, contaminación y abatimiento de los acuíferos pone en riesgo la sustentabilidad hídrica y por ende el desarrollo económico y social de las ciudades. Los organismos operadores a nivel nacional trabajan de manera ineficiente, presentan una situación crítica debido a elevadas pérdidas de agua, baja calidad de los servicios, tarifas que no cubren la mayor parte de los costos, alta rotación del personal directivo y costos laborales crecientes, entre otros.
Los funcionarios han reducido la gestión del agua urbana a un problema técnico, del que se excluye a los usuarios y las decisiones se toman sobre la marcha y sin tener los conocimientos necesarios. El mayor obstáculo que debe superar el país al intentar alcanzar el objetivo de asegurar un servicio adecuado, asequible y proteger los ecosistemas, es la resistencia del gobierno a fomentar e incluso permitir la participación pública en el debate sobre la gestión y la supervisión de los servicios de agua potable.
En ese sentido, la relación del agua con la salud humana y con estándares básicos de bienestar y dignidad la convierte en un elemento indispensable para la vida. El derecho al agua es un factor de equilibrio social, y la voluntad política de asegurarlo se expresa en los códigos de derechos humanos y en otras leyes.
Bajo este marco de referencia, se hace necesario estructurar un conocimiento que teniendo como eje a los actores y sujetos sociales, sea de utilidad metodológica en la tarea de investigar el origen, lógica y forma de operar del actual modelo de gestión de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y de identificar las opciones viables desde una perspectiva social, incluyente, participativa y sustentable, para construir una propuesta alternativa de gestión social, que contribuya al desarrollo económico y social del “espacio socio-natural” en Venezuela.
