El deterioro de los servicios de agua potable y saneamiento en Venezuela es la consecuencia de una serie de factores que se repiten a lo largo del tiempo, y que se pueden resumir en los siguientes términos: una infraestructura robusta, pero altamente deteriorada por falta de mantenimiento; la no culminación de obras de reparación; las averías en los sistemas de producción, transporte y distribución; la falta de respuesta por parte de los responsables de la gestión del servicio; los problemas en el suministro de energía eléctrica; los problemas de sostenibilidad económica de las empresas hidrológicas, que incluye el poco avance tecnológico en la gestión; deterioro y obsolescencia de los activos e inversiones insuficientes; así como la baja cultura de los usuarios, que promueve el despilfarro en el consumo o el uso indebido del recurso agua, entre otros.
Bajo este marco de referencia, la plataforma de información humanitaria HumVenezuela creada por organizaciones de la sociedad civil venezolana que monitorea, documenta y hace seguimiento a los impactos de la Emergencia Humanitaria Compleja en la privación de derechos de la población que vive en Venezuela, realizo un trabajo especial centrado en la evaluación del profundo colapso de las capacidades internas del país para garantizar derechos de acceso de la población venezolana a condiciones de vida dignas y a estar libre de riesgos de amenaza a sus vidas, integridad, seguridad, subsistencia y libertad de acción para procurar soluciones a las extremas problemáticas individuales o colectivas que enfrentan. En ese sentido, a través de diagnósticos comunitarios, durante 2022, encontró que la cantidad de agua distribuida a los hogares conectados al sistema de acueductos en Venezuela, descendió 60%, afectando a 12,4 millones de personas con severas restricciones de acceso al servicio. De ellas, 9,2 millones pasaban hasta dos semanas o meses sin recibirla, además de otros 6,7 millones sin conexión a tuberías. Debido a esta enorme caída de suministro, 76,0% de la población debía usar fuentes alternativas de agua. Entre 10% y 13% la recogía en sitios no seguros, como pilas públicas, manantiales, ríos y caños. También empeoró dramáticamente la calidad del agua. Así mismo, el 74% de la población reportaba señales de agua contaminada por altas deficiencias de casi todas las plantas de potabilización y 52,8% indicaba presencia de residuos sólidos o sustancias químicas donde se abastecía. En saneamiento, 15,9% de la población no tenía conexión a cloacas y 76,0% vivía con un deficiente servicio de recolección de aguas servidas, que tampoco estaba tratada. El mismo reporte hizo una valoración del grado de insatisfacción de las necesidades en relación con las capacidades disponibles, de forma suficiente, adecuada y oportuna. Estas privaciones revelaron que el acceso al agua potable genera una brecha del 88,1% en la población, impactando colateralmente sectores como salud y educación respectivamente. Este contexto revela lo distante de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, especialmente el N° 6 por parte del estado venezolano.
Ahora bien, el agua es un recurso natural vital y el acceso al agua potable, es un indicador clave del desarrollo humano, que nos asegura la sustentabilidad ambiental y garantiza la salud y supervivencia de los seres vivos. Por lo tanto, el problema del agua debe ser comprendido en su conjunto como un sistema, y debe ser considerado en todos sus aspectos: abastecimiento, alimentación y distribución del agua, calidad de la misma y también en términos de disposición y tratamiento de las aguas residuales. Todo ello tanto a nivel de cuencas como a nivel de distribución y almacenamiento en las ciudades y zonas rurales, donde la variable ambiental sea primordial. Así mismo, es importante considerar que no habrá desarrollo sustentable sin una apropiada gestión que permita garantizar un mejor nivel de vida a la población, donde el agua como recurso vital constituya un derecho humano.
