Naciones Unidas ha advertido de que el sabotaje del suministro de agua es un crimen de guerra, tras el corte de la principal ruta de suministro en la capital de Siria, Damasco.
Los cortes en la zona de Wadi Barada, controlada por los rebeldes y ubicada cerca de Damasco, comenzaron el 22 de diciembre y han dejado a 5,5 millones de personas sin suministro regular.
Jan Egeland, que lidera el grupo de trabajo humanitario de la ONU en Siria, ha recalcado que esta ruta supone el 70 por ciento del suministro de agua en la capital de Siria.
Egeland ha reclamado que se permita el paso a un equipo de la ONU para inspeccionar el lugar, sin pronunciarse sobre las causas del corte.
"Hemos pedido llegar allí (...) para analizar cómo restaurar el suministro de agua a Damasco", ha recalcado, reconociendo que "es un asunto muy politizado y disputado".
"Hay muchas acusaciones en torno a esto. No lo sabemos realmente, porque no hemos podido ir allí", ha manifestado, recalcando que "sabotear o negar el agua es un crimen de guerra, ya que son civiles los que la beben".
"Han contaminado el agua con combustible, dejando a Damasco sin cerca del 80 por ciento de sus recursos hídricos"
Asimismo, Egeland ha expresado su "decepción" por el hecho de que el alto el fuego en vigor en el país "no haya incrementado el acceso" de Naciones Unidas.
"Hay una gran cantidad de obstáculos. No sólo necesitamos aprobación del Ministerio de Exteriores, sino también de la oficina del gobernador, del Comité de Seguridad de la región, de las fuerzas de seguridad y de los grupos armados", ha lamentado.
"Todos tienen que permitirlo, y basta con sólo uno para que nos sea negado", ha indicado, expresando su deseo de que "el cese de hostilidades y los países garantes puedan cambiar esto".
Por su parte, el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, ha cifrado en 7.000 los desplazados de Wadi Barada --donde residen unas 45.000 personas-- a causa de los últimos enfrentamientos.
Acusaciones del Gobierno
Los enfrentamientos estallaron debido a una operación del Ejército para intentar recuperar Wadi Barada a consecuencia de los cortes de agua, de los que el Gobierno y los rebeldes se han acusado mutuamente.
De hecho, el Ministerio de Exteriores ha recalcado que el corte del suministro supone un crimen de guerra, acusando al Frente Fatá al Sham --antiguo Frente al Nusra-- y sus "bandas criminales asociadas" de estar detrás del mismo.
Asimismo, ha asegurado que estos grupos armados "han contaminado el agua con combustible, dejando a Damasco sin cerca del 80 por ciento de sus recursos hídricos", según ha informado la agencia estatal siria de noticias, SANA.
En una carta enviada a la ONU, el Gobierno sirio ha lamentado "el silencio internacional, y particularmente el silencio e hipocresía de los países que simulan estar interesados en los derechos de los ciudadanos sirios".
"El Gobierno de Siria reclama al Consejo de Seguridad (de la ONU) y a los estados miembro de la ONU que condenen los crímenes de los terroristas contra los civiles y que tomen las medidas necesarias para apoyar los procedimientos del Ejecutivo para restaurar el suministro de agua a Damasco", ha agregado.
Por último, ha pedido "medidas punitivas" contra los países "que apoyan
