A pesar de que los campamentos de Calais comenzaron a desmontarse a finales de 2016, se calcula que todavía hay cerca de novecientos migrantes y demandantes de asilo en la localidad, trescientos cincuenta en Grande-Synthe y un número indefinido en otros lugares de la costa francesa. Estas personas carecen de acceso a alojamiento, agua potable o instalaciones de saneamiento.
“Los migrantes y demandantes de asilo en la costa francesa, incluidos los del centro deportivo Grande-Synthe, se enfrentan a una situación inhumana”, declaró Léo Heller, relator especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento.
Las medidas no son suficientes
Se han realizado esfuerzos, pero no bastan
En julio de 2016, el Consejo de Estado, la máxima instancia judicial administrativa en Francia, reafirmó la responsabilidad del Gobierno de proporcionar servicios básicos a los migrantes que residían en la zona.
Sin embargo, en octubre del mismo año, Felipe González Morales, el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, criticó la ausencia de medidas concretas: “Si bien recibimos con beneplácito el reconocimiento por parte de la corte francesa de la obligación del Estado francés de proporcionar servicios básicos a los migrantes, la autoridad de esas decisiones pierde peso si se quedan sin efecto”.
Los expertos de las Naciones Unidas indican que, ante la falta de alternativas válidas para proveer estos servicios, desmantelar los campos no es una solución a largo plazo. “Nos preocupan las cada vez más regresivas políticas de migración y las condiciones inhumanas y deficientes bajo las que viven los migrantes”, indicó González Morales.
El Gobierno francés ha aplicado desde el año pasado medidas provisionales para garantizar refugio, agua potable y saneamiento mediante una organización local que se encarga de proporcionar estos servicios a los migrantes y demandantes de asilo en el norte de la costa francesa y el centro deportivo de Grande-Synthe.
“Se han realizado esfuerzos, pero no bastan. Me preocupa que por cada paso hacia delante se den dos hacia atrás. Lo que está sucediendo en el norte de la costa francesa muestra que las autoridades nacionales e internacionales deben prestar mucha más atención a este problema”, señaló Heller.
Defender los derechos humanos
Los expertos también instan a Francia a cumplir sus obligaciones internacionales y promover el esencial trabajo de los defensores de derechos humanos.
“Los migrantes, independientemente de su estatus legal, son portadores de derechos humanos sin discriminación, incluidos los derechos a alojamiento, educación, servicios sanitarios, agua y saneamiento, así como el acceso a la justicia y los medios de reparación. Privándolos de sus derechos o dificultándoles el acceso a ellos, Francia está violando sus obligaciones internacionales de derechos humanos”.
Además, han hecho un llamamiento para que termine el acoso y la intimidación hacia los voluntarios y miembros de la ONGs que proporcionan asistencia a los migrantes.
Los relatores, entre los que también se encuentra Michel Forst, el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, han contactado con el Gobierno francés para que clarifique la problemática.
Heller abordará el derecho humano al agua potable y al saneamiento de las personas desplazadas en un informe que presentará ante la Asamblea General a finales de este año.
El Consejo de Derechos Humanos nombra a los relatores especiales de la ONU y expertos independientes para examinar e informar sobre un tema específico de derechos humanos o una situación en el país. Los puestos son honorarios y los expertos no son personal de la ONU, ni reciben un sueldo.
