El bloque oficialista de El Salvador en la Asamblea Legislativa ha aprobado la Ley General de Recursos Hídricos, una normativa sobre el agua que ha venido acompañada de numerosos cuestionamientos por parte de la oposición.
Así, el presidente del país, Nayib Bukele, cumple con una de sus promesas sobre la puesta en marcha de una legislación al respecto, algo que la oposición ha criticado por ir, dicen, en contra de los Derechos Humanos, recoge el diario 'La Prensa Gráfica'.
A las críticas vertidas desde organizaciones sociales también se le ha sumado la atención del relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos al Agua y Saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, quien habría estado observando con preocupación esta nueva norma.
Desde los mencionados colectivos se aportaron sugerencias antes de que la propuesta fuera votada, como que los permisos de extracción no fueran superiores a cinco años, si bien el artículo relacionado con este aspecto no ha recogido la petición y los permisos de extracción de agua se han dado por hasta 15 años.
Desde la formación salvadoreña Vamos, que apenas cuenta con un legislador en la Asamblea, han afeado que la Ley "sigue obedeciendo al interés del presidente" por "generar mayores facilidades para grandes explotaciones de agua".
En esta misma línea, desde el Foro del Agua --organización que vela por el acceso al agua en las comunidades más empobrecidas-- ha denunciado que la Ley aprobada por al Asamblea Legislativa perjudica a estos sectores en favor de las grandes corporaciones.
"No se crea la figura del permiso de abastecimiento de poblaciones rurales y urbanas, por lo que las juntas están obligadas al pago de impuesto, generando un posible incremento en las tarifas de los usuarios", han trasladado miembros del colectivo.
Según el Foro, podría darse el caso de que, en ocasiones, se priorice el uso del agua para las grandes industrias, dejando así fuera y sin recursos a las juntas que proveen servicio a las comunidades más desfavorecidas.
La Ley General de Recursos Hídricos fue uno de los motivos por los que se produjeron las manifestaciones en El Salvador a mediados de octubre contra el presidente Bukele.
