El conseller de Economía de la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell, ha cifrado este miércoles en 326 millones de euros el coste de anular la adjudicación de Aigües Ter-Llobregat al consorcio liderado por Acciona, y ha añadido que, si finalmente se debe aplicar esta anulación como recoge una sentencia de junio del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el Govern "abriría un nuevo proceso de alegaciones judiciales".
En comparecencia en la Comisión de Economía, Finanzas y Presupuesto del Parlament, ha mostrado su confianza en que el Tribunal Supremo --al que la Generalitat presentó recurso la semana pasada-- dará la razón a la Generalitat respecto a la validez del concurso para adjudicar la gestión de la ATLL durante 50 años, a lo que también optaba Agbar, que recurrió judicialmente el proceso.
Mas-Colell ha explicado que, si se anula el concurso, el Govern argumentará que "los cánones ya pagados forman parte de un negocio que estaba funcionando y ha generado sus retornos", e igual en el caso de los intereses; la indemnización de 326 millones para Acciona se desglosa en los 300 millones que el consorcio en el que también participa BTG Pactual abonó como pago inicial de la concesión, cuatro o cinco millones por inversiones ya realizadas, e intereses legales meritadas.
