La regulación de los ingresos como tasa por la prestación del servicio público del ciclo integral del agua ha cubierto su primera etapa. En la memoria elaborada para la municipalización se puso de relieve que los ingresos del agua, tanto por abastecimiento y saneamiento como por depuración, deben regularse en una ordenanza fiscal, y no ser considerados un precio privado como venía tramitándose con la concesión a Aguas de Valladolid. Así ha sido determinado por varias sentencias del Tribunal Supremo y así lo informa el Consejo Económico Administrativo de Valladolid.
Por este motivo la entidad ha elaborado los estudios económicos para la tramitación de la tasa que han sido aprobados por el Consejo de Administración de la nueva Entidad Pública Local, como paso previo a la aprobación por la Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento.
Propone el mantenimiento de las mismas tarifas que los vallisoletanos venían pagando los últimos años
La propuesta formulada por el Consejo de Administración propone el mantenimiento de las mismas tarifas que los vallisoletanos venían pagando los últimos años, ya que con ellas se cubre el 98.85% de los recursos necesarios para el correcto mantenimiento del servicio, y que ascienden a 12.959.000 euros para el periodo julio-diciembre de 2017. En esta cantidad se incluyen 5.409.528 euros de inversiones. El resto de los recursos necesarios se obtienen de la venta de la energía y de la parte del coste soportada por los municipios del entorno que mantienen convenio con el Ayuntamiento de Valladolid.
Se mantienen asimismo todas las bonificaciones reconocidas, tanto para los jubilados como para las familias numerosas, que no tendrán que volver a realizar la solicitud.
Con la ordenanza se garantiza que todo lo que abonan los vecinos por la prestación del servicio va destinado a su mantenimiento, sin que exista un beneficio privado por la gestión del agua.
María Sánchez, concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad, ha declarado "al servicio del agua se va a dedicar lo que los ciudadanos pagan por la tasa. Es decir, todo el recibo que los vallisoletanos pagamos por la gestión del agua cada tres meses se destinará a que se preste correctamente y a que se renueven las infraestructuras. Ya no habrá un beneficio para la empresa privada que lo gestiona, y no se destinará parte del recibo a otros fines que no sean mantener en perfectas condiciones el servicio".
