La sostenibilidad social ambiental, social y económica de nuestras ciudades pasa por el establecimiento de un adecuado sistema tarifario de los servicios públicos . En el caso del agua hay que diseñar sistemas tarifarios que nos permitan recuperar los costes de una forma proporcionada a los consumos y adecuado a la capacidad de pago de cada uno de los usuarios.
Aún conociendo la importancia, la sensibilidad y la repercusión social del establecimiento de tarifas en servicios básicos como el agua para el consumo humano, no existen en nuestro estado leyes, recomendaciones o guías para la implantación de estos instrumentos fiscales, quedando a la interpretación o a los intereses de cada municipio o de cada contrato, la implantación de uno u otro sistema.
Esta variedad de fórmulas y sistemas tarifarios se traduce en grandes diferencias entre los importes de los recibos entre las distintas localidades, aunque los servicios e infraestructuras necesarias para su prestación sean similares. Además no existen indicadores de gestión que nos permitan comparar las calidades de los servicios que se están prestando o los índices de integración social y/o ambiental que se están obteniendo.
Debemos de avanzar en regular este derecho humano para no transformarlo en simple mercancía. Desde la mayoría de los operadores públicos de Agua trabajamos por un servicio público solidario y hacemos más de lo que la legislación vigente nos exige para que el derecho al agua sea realmente efectivo. Desde muchos operadores públicos se están garantizando un consumo mínimo vital de agua a los vecinos que se encuentran en situación de exclusión social a través del programa de ayuda de los operadores públicos de agua. Una experiencia que es digna de debatir y de mejorar.
Para revisar las diferentes sistemas de tarifas, tanto de agua potable como de depuración, existentes y para crear nuevos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas los principales operadores públicos del estado -EMASESA (Área metropolitana de Sevilla), Consorci per a la gestió d'Aigües de Catalunya (CONGIAC), Aigües del Prat (El Prat de Llobregat, Barcelona), AquaVall (Valladolid), La Agencia Vasca del agua, Ayuntamiento de Zaragoza, Emaya (Palma), EMALCSA (A Coruña), Ajemsa (Javea), Gen (Puerto Real, Cádiz), Medina Global (Medina Sidonia, Cádiz), y Aguas de Cádiz - junto a expertos y miembros destacados de la sociedad civil (agrupados en la Red Agua Pública y la red catalana Aigua és Vida) se dieron cita en Barcelona convocados por la asociación de operadores públicos de agua (AEOPAS) y BCASA. Barcelona Cicle de l'Aigua, SA con la ayuda del Consorcio Promedio (Diputación de Badajoz)
Desde los operadores públicos agrupados en AEOPAS tendremos grandes retos a los que deberemos responder y ello no será posible sólo a través de la tecnología, sino que deberemos incorporar cambios de hábitos y nuevos valores y nuevos conocimientos para gestionar el agua en nuestras las ciudades. El futuro va mucho más allá de las ciudades inteligentes, requerirá de ciudadanos inteligentes y solidarios; ahí, tienen un papel clave los planteamientos formativos. Desarrollo sostenible es desarrollo inteligente y este sólo es posible con ciudadanos informados. En este sentido, se han constituido diferentes grupos de trabajo para elaborar unos indicadores que sustenten un modelo público sostenible.
