América Latina es una región rica en agua. Con apenas el 15% de la superficie de la tierra y albergando a menos del 10% de la población mundial, cuenta con un tercio de los recursos hídricos del planeta. Sin embargo, el agua no está donde más se necesita: la disponibilidad del recurso se encuentra asimétricamente distribuida entre los países de la región, al igual que al interior de estos, con una elevada disponibilidad en zonas despobladas pero grandes déficits hídricos en las zonas de más población y donde existe un mayor desarrollo económico.
A esto debemos sumar los efectos de la extrema variabilidad climática, que pueden aumentar las precipitaciones intensificando las fuertes lluvias que pueden generar inundaciones o, por el contrario, las disminuyen, prolongando los periodos de sequía que comprometen seriamente el abastecimiento de las demandas de agua para sus múltiples usos.
La experiencia ha demostrado que entre las medidas más efectivas para mitigar estos efectos del cambio climático se incluye la infraestructura verde para la conservación de los recursos naturales. Contribuyendo a restaurar y consolidar ecosistemas que permitan garantizar la humedad en el aire, la recarga de acuíferos y disponibilidad de agua de forma adecuada.
En Latinoamérica existen casos de buenas prácticas, como el de la empresa de agua de Quito, EPMAPS, que en 2008 creó el primer fondo de agua del mundo (FONAG), que ha inspirado la creación de fondos similares en varios países. Sin embargo, en líneas generales los esfuerzos en la región siguen siendo insuficientes en este ámbito, considerando que los operadores de agua invierten tan solo hasta un 3% de su presupuesto anual en conservación de las fuentes.
Por otra parte, la estrategia que han seguido la mayoría de los países latinoamericanos ha sido eminentemente reactiva ante eventos climáticos extremos, con escasa integración con la gestión de las cuencas hidrográficas y la planificación urbana. Esta es una de las regiones más vulnerables a los efectos del cambio climático debido a su ubicación geográfica, su condición socioeconómica y sus características demográficas. Entre 1980 y 2013, en la región ocurrieron más de 1.000 desastres relacionados con el clima, afectando a 127 millones de personas, con un balance de 81.825 muertos y pérdidas económicas superiores a US$ 129 billones (valores de 2014), según The International Disaster Database.
Desde esta perspectiva, y ante un panorama de incertidumbre climática, es imperante reforzar la planificación con sistemas de información modernos, y considerar las tendencias en las variables climáticas en función de las proyecciones que presenta la evidencia científica, promoviendo también el concepto de resiliencia en la planificación y construcción de nueva infraestructura.
CAF –banco de desarrollo de América Latina–, como agencia implementadora del Fondo Verde para el Clima, facilita el acceso a esta herramienta al servicio de los países para avanzar en este sentido. Recientemente, Argentina recibió el primer préstamo de este Fondo dirigido a un proyecto de adaptación al cambio climático, para incrementar la resiliencia a los efectos del cambio climático en la Provincia de Buenos Aires, a través de la prevención de las crecidas, el manejo controlado de los caudales y la moderación del efecto de las inundaciones en la cuenca del Río Luján.
Para lograr ciudades y comunidades resilientes se requiere un trabajo conjunto de la sociedad civil con los gobiernos locales y regionales, con el apoyo de organismos de cooperación, para pasar de un enfoque reactivo a uno preventivo, ya que la evidencia señala que prevenir o reducir los desastres es más eficiente en términos de costos y resultados que la acción de respuesta. Disminuir los riesgos de escasez de agua ligados al cambio climático es vital para garantizar la seguridad hídrica, la cual resulta indispensable para la inclusión social, resiliencia y productividad de América Latina.
