La sección medioambiental del organismo ha presentado denuncia por presunto delito contra el medio ambiente ante el juzgado de guardia de la localidad de Grado por la contaminación del río Cauxa a consecuencia de los vertidos contaminantes no autorizados del proyecto aurífero de El Valle-Boinás.
La denuncia, bajo el amparo del artículo 235 del Código Penal, va dirigida contra Kinbauri España S.L.U., que en fechas recientes ha pasado a denominarse OroValle Minerals S.L. y contra todas las personas que permitieron por acción u omisión los vertidos contaminantes.
Según ha informado la agencia Europa Press, las diligencias se iniciaron en julio de 2014 tras la recepción de un oficio por parte de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, perteneciente a la Fiscalía General del Estado, que decidió actuar a partir de las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación durante ese año.
Tal como se publicó en prensa y Salvemos Cabana pudo constatar a partir de los informes originales en su momento, Kinbauri tuvo que hacer frente en 2014 a sendas sanciones por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) que superaban respectivamente los 84.000 y 242.000 euros por el incumplimiento reiterado de las condiciones de su autorización ambiental y para indemnizar los daños producidos al dominio público hidráulico por el vertido de sustancias tales como selenio, arsénico, cobre, zinc, níquel, cianuros, fluoruros y mercurio
De las diligencias practicadas por la Fiscalía de Medio Ambiente de Asturias se desprende que el río Cauxa, tributario del Narcea, viene soportando a su paso por las instalaciones mineras la emisión de sustancias catalogadas como peligrosas, especialmente en el caso del selenio, y que existen pruebas sólidas para atribuir a Kinbauri España -actualmente OroValle- la autoria y plena responsabilidad de los hechos denunciados, pues los niveles de este elemento superan ampliamente en sedimentos los umbrales establecidos oficialmente para la protección de organismos acuáticos y bentónicos. Además el selenio es un reconocido cancerígeno y el propio RD 60/2011, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, lo considera como una sustancia peligrosa de especial toxicidad.
A la actuación de oficio por parte de la Fiscalía se une el conocimiento de un tercer expediente sancionador a la minera OroValle por parte de la CHC dado a conocer en junio por la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, que ya ha solicitado toda la información al respecto.
