La disminución de la seguridad hídrica de nuestros sistemas tradicionales es uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos. La mayoría de los impactos del cambio climático afectan directamente al ciclo hidrológico, y particularmente, a la frecuencia e intensidad de las sequías y de las inundaciones. Hemos confiado en nuestra capacidad para regular y manejar los ríos, humedales y acuíferos para resolver nuestros problemas para disponer del agua. Sin embargo, las desorbitadas demandas de hoy día están llevando al límite a nuestros sistemas tradicionales. Aumentar la oferta de agua y doblegar a la naturaleza ya no es una opción.
Hemos llegado a un límite en nuestro consumo de recursos, incluida el agua. A un punto de inflexión que nos exige ser imaginativos y avanzar hacia una gestión distinta de nuestros sistemas. Una herramienta que deberíamos utilizar que ha sido tabú en España, es el precio del agua. La Directiva Marco del Agua, en su artículo 9 insta a los Estados miembros a establecer una política de precios que incentive el uso racional de los recursos y asegure la adecuada contribución de los usuarios a la conservación y mejora de los ríos, humedales y acuíferos, de acuerdo con el principio de quien contamina (deteriora), paga. No es mala estrategia de resiliencia ante el cambio climático desincentivar el malgasto y preservar las fuentes de un recurso escaso y valioso, para garantizar mayor seguridad ante un futuro incierto.
Para esto es imprescindible hacer unas cuentas del agua rigurosas y transparentes. Los Principios de Gobernanza del agua de la OCDE piden producir y compartir datos del agua, para guiar, evaluar y mejorar las decisiones políticas. Así mismo, hay que asegurar que se movilizan recursos financieros a la gestión del agua de manera eficiente, transparente y oportuna. En este sentido, los avances han sido limitados y los planes hidrológicos vigentes tienen mucho que mejorar. Las autoridades del agua no han sido capaces de calcular lo que nos cuesta cada m3 que extraemos de nuestros ríos y acuíferos, ni tampoco todos los costes ambientales del uso del agua y de los ecosistemas acuáticos. Se han incorporado mejor las inversiones que se han hecho en las infraestructuras y, aun así, el sistema de excepciones de nuestra Ley de Aguas impide que se recuperen una gran parte de estos costes.
En España, más del 40% de nuestros ríos, humedales y acuíferos siguen sin cumplir con las exigencias de la Directiva Marco del Agua
Es irrelevante que se alcance un porcentaje u otro de recuperación de costes de los servicios del agua, si esta herramienta económica no está cumpliendo su función. En España más del 40% de nuestros ríos, humedales y acuíferos siguen sin cumplir con las exigencias de la Directiva Marco del Agua, 20 años después de su aprobación. La inversión en los Programas de Medidas de los planes hidrológicos no alcanza el 20% de lo previsto, y las autoridades del agua se confiesan incapaces de cumplir con sus objetivos, si no se invierte más y mejor en la gestión del agua. Hablamos de ¿más recursos para terminar las presas que fueron previstas hace décadas en un contexto completamente distinto?, ¿más recursos para dejar de pagar las multas por no haber cumplido nuestras obligaciones en depuración?, o ¿más recursos para recuperar los ecosistemas que han sufrido de una degradación sin precedentes durante más de 50 años?
No va a resultar sencillo conjugar todos los intereses a la hora de repartir los ansiados fondos de recuperación que llegan desde Europa. Nos enfrentamos a una grave crisis sanitaria, que está provocando daños profundos a nuestra economía y que ahondará la crisis de biodiversidad que padecemos y de la que participamos a partes iguales. No podemos dedicar los fondos públicos a mega proyectos cuya viabilidad es cuestionable, como el caso de la presa de Alcolea, ni tampoco a iniciativas que van a aumentar la presión sobre las masas de agua como las transformaciones en regadío intensivo. Europa está demandando revertir el deterioro de nuestras fuentes de agua y evitar inversiones ineficientes que no ayudan a salir de la crisis y sentar las bases para una Europa moderna y más sostenible.
Por tanto, no se trata de pagar más, sino de hacer mejor las cuentas de los servicios del agua, compartir de manera transparente la información económica del uso de los recursos hídricos para tomar mejores decisiones y distribuir los fondos y las externalidades de forma eficiente y oportuna. Esta es la mejor manera de preparar nuestros sistemas para enfrentarse a los retos que tenemos por delante. Esperemos que los fondos de recuperación sirvan a este propósito, pues de lo contrario se habrán tirado por el desagüe.
