En un momento dado mi familia decidió incorporar un perro, un pequeño Bichón Maltés que responde al nombre de Max. Anteriormente, su viabilidad fue debatida largamente en jornadas interminables, concluyendo que los beneficios que nos reportaría serían mayores que las incomodidades que generaría. Todos nosotros, previamente, nos comprometimos a colaborar en las nuevas tareas que conllevaría: darle de comer, que no le faltase el agua, lavarle, llevarle al veterinario, y sobre todo, sacarle tres veces al día.
Después de un tiempo, las peleas iniciales por sacarle se tornaron más escasas y yo diría que hasta inexistentes. Incluso, se llegaron a establecer sesudas planificaciones familiares para establecer repartos de tareas que, si bien en el momento de acordarlas parecían correctas, cuando tocaba ponerlas en práctica aparecían siempre excusas imaginativas que trastocaban los planes inicialmente acordados. La realidad es que, de la inicial sobreexposición a la calle que tuvo Max los primeros días, ahora va raspando las piernas de los que estemos en casa para ver si alguno se percata de su presencia y le saca.
En los próximos años, si nos referimos a políticas del agua, algo parecido nos puede pasar, ya que recientemente hemos estado inmersos en una vorágine reglamentista que ahora debemos cumplir.
Nos encontramos ante el reto de aplicar normas tan importantes como la modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, muy especialmente en lo tocante a las medidas de mejora de vertidos a cauce público mediante la redacción de los correspondientes Planes Integrales de Gestión de los Sistemas de Saneamiento y la ejecución consiguiente de las medidas que en ellos se establezcan, o la aplicación de la nueva Directiva Comunitaria de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (TARU) a nuestro país, donde ya observamos la dificultad de cumplir con condiciones menos restrictivas de las impuestas en la actualidad en la anterior Directiva.
Predicar ya no basta: cumplir la normativa europea en agua implica actuar con urgencia y dotarse de financiación real
Solo en el caso de la nueva Directiva TARU los retos con que nos encontramos son de una envergadura colosal, ya que se requiere, entre otras medidas para su cumplimiento, que estén conectadas a sistemas colectores todas las aglomeraciones que superen los 1.000 habitantes equivalentes (en lugar de los 2.000 h-e exigidos anteriormente) y se doten de tratamientos secundarios, incluidas aquellas costeras que viertan al mar, y que todas las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) con más de 150.000 h-e apliquen tratamientos más rigurosos (denominados terciarios) para la eliminación de compuestos de nitrógeno y fósforo con rendimientos de eliminación de estos compuestos ahora mucho más exigentes, limitando estos a 8 y 0,5 mg/l respectivamente, así como la implementación en todas ellas de tratamientos denominados cuaternarios que reduzcan significativamente determinados microcontaminantes, siendo necesaria además la implementación de estos tratamientos terciarios y/o cuaternarios en las aglomeraciones mayores de 10.000 h-e según el medio receptor.
Como dice el refrán “una cosa es predicar y otra dar trigo” y, estando en el fondo totalmente de acuerdo con las medidas establecidas por el bien de nuestro denostado medio ambiente, no dejo de pensar en las cuantiosas inversiones que ellas conllevan y el estado financiero que nuestras administraciones presentan, todo ello agravado con la poca venta mediática que supone la ejecución estas actuaciones en la mayoría de los casos.
De no tomarnos en serio todos nosotros, tanto los técnicos como los políticos así como la ciudadanía en general, la urgencia y la necesidad de aplicar las medidas que nos hemos impuesto, las cuales deben ir asociadas obligatoriamente con capacidades de inversión elevadas, no lograremos el objetivo de cumplir con los exigentes plazos establecidos, lo que incrementaría más aún la lista de incumplimientos que nuestro país exhibe.