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Justicia hídrica: el gran desafío de las utilities del agua este 2026

Sobre el blog

Manuel Romero
Consejero delegado de EMASESA.

Publicado en:

Portada iAgua Magazine
  • Justicia hídrica: gran desafío utilities agua este 2026

El año 2026 plantea un desafío crucial para las utilities del agua: garantizar servicios resilientes, eficientes y justos en un contexto de crisis climática, exigencias normativas y expectativas ciudadanas crecientes. La clave está en combinar políticas públicas que refuercen la confianza social con una gobernanza colaborativa, una transición energética efectiva y una digitalización útil.

Aunque legalmente el Estado no está obligado a financiar infraestructuras locales frente a fenómenos extremos, en la práctica su papel es esencial. Las comunidades autónomas y los municipios carecen de recursos suficientes para afrontar sequías e inundaciones cada vez más frecuentes. Por ello, se requiere que estas infraestructuras sean consideradas de interés general, permitiendo su ejecución con apoyo estatal. La Ley 7/2021 de Cambio Climático refuerza esta visión al exigir que los planes hidrológicos identifiquen riesgos y necesidades financieras para prevenir y adaptarse a eventos extremos.

La Estrategia del Agua para la Transición Ecológica y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático deben traducirse en programas concretos que activen infraestructuras y financiación centralizada en zonas críticas. La legislación también reconoce la cooperación económica entre administraciones, permitiendo convenios entre Estado, comunidades y ayuntamientos para cofinanciar obras clave. Ejemplos como el Plan Nacional de Calidad de las Aguas (2007-2015) demuestran la eficacia de este enfoque.

Sin embargo, el reto inversor persiste. España ha avanzado en cobertura y calidad del ciclo urbano del agua, pero la adaptación a la normativa europea, especialmente en vertidos, exige un esfuerzo técnico y financiero sostenido. Captar fondos, priorizar soluciones de economía circular y capacitar equipos son decisiones estratégicas. Iniciativas como la desalobradora y las infraestructuras vinculadas a los Planes de Saneamiento muestran cómo anticiparse y reforzar la resiliencia para minimizar impactos sociales y económicos.

Es necesario sacar el agua de la confrontación política y alcanzar acuerdos entre administraciones para garantizar la continuidad del servicio

La eficiencia energética es otro pilar. Reducir el consumo en bombeos y depuradoras disminuye emisiones y costes. La transición energética se concreta en generación fotovoltaica, recuperación hidroeléctrica y aprovechamiento del biogás. Algunas plantas ya cubren hasta el 86% de sus necesidades energéticas, lo que demuestra que la autosuficiencia es posible y rentable.

La digitalización con propósito permite medir mejor para gestionar mejor. La telelectura masiva, los gemelos digitales y la analítica avanzada transforman datos en decisiones, desde el mantenimiento predictivo hasta la mejora de la calidad del agua en tiempo real. Proyectos como Embalse Digital 5.0 o CREANDO, de EMASESA, impulsan esta transformación, reforzando la eficiencia y la resiliencia del ciclo urbano.

La confianza ciudadana es esencial. Poner al usuario en el centro implica tarifas con incentivos al ahorro, observatorios que fomenten el diálogo y campañas basadas en evidencia. Así, la utilidad pública se convierte en una experiencia tangible: un servicio seguro, accesible y transparente.

En 2026, anticiparse es vital. Es necesario sacar el agua de la confrontación política y alcanzar grandes acuerdos entre administraciones para garantizar la continuidad del servicio y afrontar los retos climáticos. Además, esto implica cerrar el círculo entre agua, energía, residuos y medioambiente urbano, extender la telelectura, reducir pérdidas, impulsar la autosuficiencia energética y fomentar la reutilización donde aporte valor ambiental y social.

La justicia hídrica debe ser más que un objetivo: debe guiar la forma de trabajar y decidir. La utilidad del agua será entonces resiliente, eficiente y confiable, porque escucha, explica y rinde cuentas. La colaboración entre administraciones, empresas y ciudadanía no solo moviliza recursos, sino que legitima decisiones difíciles y abre espacios para la innovación social, clave en la gestión del agua y la lucha contra el cambio climático.

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