A propósito del catorce aniversario de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y del Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo, Claudia Navas Caputo[1], politóloga colombiana con experiencia en Latinoamérica y África, en breve entrevista para IAgua, aborda el tema de la gestión del agua en el Perú, desde su perspectiva como consultora de Control Risks, organización internacional dedicada a la construcción de organizaciones seguras y resilientes, en una era en constante cambio.
Pregunta: Claudia, según tu amplia experiencia internacional, ¿cuáles son las tres prioridades básicas que debe tener en cuenta el gobierno para mejorar la gestión del agua en Perú?
Respuesta: Considero que las tres prioridades para mejorar la gestión del agua en Perú son: primero, fortalecer la gobernanza del agua asegurando la participación y empoderamiento de comunidades en la gestión, planificación y uso del recurso hídrico, y así reducir la desigualdad en el acceso al agua. Segundo, hacer lo propio en relación a las capacidades institucionales y esfuerzos binacionales en la protección de la Amazonía; y, tercero, fortalecer el manejo de aguas residuales en zonas urbanas e industriales y acciones decisivas para reducir la contaminación de recursos hídricos.
P.- Sabemos que antes de unirte a Control Risks, asesoraste al gobierno colombiano para la implementación y seguimiento del acuerdo de paz de 2016 firmado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC; y, además, fuiste investigadora en el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), en Bogotá. ¿Cuán necesario ―crees tú―, es la resiliencia de las organizaciones del agua en temas como conflictos sociales, contaminación, estrés hídrico e incertidumbre política, como ocurre en Perú?
R.- El cambio climático, y en especial la gestión de los recursos hídricos, es un asunto que va más allá de la fijación de políticas y la reglamentación. Aunque si bien estos asuntos son claves para trazar metas nacionales, así como mantener la fiscalización y control, la gestión del agua es un tema que va más allá del gobierno e involucra a la comunidad científica, ONG´s, empresas, comunidades indígenas y medios de comunicación. Esto implica que todas las partes interesadas en la gestión del agua tengan la oportunidad de participar e influir en asuntos que les afecten, y que haya políticas de Estado (no de gobierno) que apunten a reducir la vulnerabilidad, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, siendo que el cambio climático afecta de manera desproporcionada a los segmentos de la población más pobres y vulnerables.
P.- Hablemos sobre la gestión la gestión y control de riesgos en la gestión del agua. ¿Qué tan importante es?
R.- Es un asunto crítico para el mundo de cara al cambio climático y específicamente para el Perú. Perú se encuentra entre los primeros 30 países que sufren estrés hídrico crónico y escasez de agua. Aunque Perú tiene acceso a una de las fuentes generadoras de agua más importantes del mundo, el Amazonas, la mayoría de su población vive a lo largo de la costa del Pacífico donde hay zonas con un riesgo alto y extremo por estrés hídrico (según el Atlas de Riesgos del Agua). De esta forma es fundamental para el futuro nacional escalar acciones para la adaptación y mitigación del cambio climático, entre estos la gestión del agua, desde una perspectiva integral que involucre a todos los actores con responsabilidad en el manejo de los recursos hídricos.
P.- Finalmente, Claudia, ¿cuál es la relación entre la cultura del agua y la cultura de la resiliencia?
R.-Podría decirse que la cultura del agua es un factor fundamental de la cultura de la resiliencia al cambio climático, pues la protección y defensa del agua es un componente fundamental para la mitigación y adaptación al cambio climático.
[1] Licenciada en ciencias políticas en la Pontificia Universidad Javeriana y master en estudios de paz internacional de la Universidad de Notre Dame. Actualmente es analista de riesgos con sólida experiencia en asesoría a organizaciones tanto públicas como privadas. En Control Risks asesora sobre los riesgos políticos, regulatorios, de integridad y de seguridad que pueden afectar el desarrollo económico de un país.
