Es indudable que España no sería lo que es sin las extraordinarias infraestructuras en las que se basa su modelo de desarrollo territorial. Un sistema infraestructural que no ha cesado de crecer y de complejizarse a lo largo del último siglo; un proceso solo interrumpido por graves perturbaciones, como la guerra civil de 1936-39 durante la que no solo no se construyó, sino que se destruyó. Nuestro país no se puede entender sin la red de autopistas y autovías más importante del mundo en términos de km por habitante o por km2 de superficie: 15.048 km, la tercera red más extensa tras las de China y EE.UU.; significativamente, Alemania ocupa el quinto lugar con 12.917 km de autopistas, un 15% menos que España, con el doble de población y un tráfico interior e internacional incomparablemente mayor. Tampoco se puede entender hoy España sin su red ferroviaria de alta velocidad, la mayor del mundo tras la de China, que poco tiene ver con nuestro país en población y superficie: 55 km de alta velocidad por millón de habitantes en España frente a 8 km por millón en China. Japón y Francia ocupan el tercer y cuarto lugar; por otra parte, en este último país se contabilizan 61.400 pasajeros por km/año, mientras que en España antes de la crisis de la COVID solo se alcanzaron los 11.500 pasajeros por km. Algo semejante ocurre en otros sectores (puertos, aeropuertos) y desde luego en el sistema de grandes infraestructuras hidráulicas. Somos de largo el país europeo con más grandes presas, 1.225, y el séptimo a escala mundial, siempre detrás de países que nos superan ampliamente en población y extensión, como nuevamente China, India, EE.UU., Canadá o Sudáfrica. En superficie de regadío, con 3.575.000 hectáreas, volvemos a estar a la cabeza en términos de superficie por habitante, indicador en el que solo nos superan Irak y Uzbekistán, significativos competidores.
Hay carencias importantes, que requieren una urgente solución, como la depuración de aguas residuales urbanas todavía incompleta
Estos datos se pueden presentar de otras maneras, pero el significado que pretendo transmitir no se vería alterado sustancialmente: el problema de la fragilidad de la economía española, su elevada sensibilidad a los ciclos económicos o sus tasas de desempleo, no son consecuencia de un déficit de infraestructuras.
Sin embargo, hay carencias importantes que requieren una urgente solución, como la depuración de aguas residuales urbanas todavía incompleta o no conforme con la normativa; o la modernización de las ineficientes redes de abastecimiento, especialmente en pequeñas y medianas poblaciones, sin capacidad financiera para hacer frente a las inversiones y sin interés para la inversión privada. También hay que resolver el descontrol de los usos de las aguas subterráneas, que ha conducido al colapso generalizado de fuentes y manantiales; o el estado maltrecho de la red fluvial, que requiere ambiciosos programas de restauración, con la vista puesta en la gestión de los riesgos de inundación con enfoques adaptativos, trabajando con la naturaleza y no contra ella. O como la contaminación —especialmente grave si afecta, como es frecuente, a zonas de captación de aguas potables— procedente de los insumos de una agricultura cada vez más intensiva, no por capricho generalmente de los agricultores.
Ante el escenario de cambio climático, por fin aceptado por los negacionistas de antaño, no toca reivindicar y proyectar al futuro una estrategia de grandes infraestructuras que ha dominado durante mucho tiempo la política de desarrollo de nuestro país. Ahora toca, y además las leyes y las guías sobre prioridades de inversión así lo establecen, poner el énfasis en las estrategias de recuperación de la calidad y el buen estado de las aguas. Esta reorientación no significa ni ruina ni miseria, sino asumir con realismo la necesidad de abordar un cambio de prioridades en la gestión de recursos naturales y en el modelo de desarrollo territorial y social.