Vamos avanzando como sector hacia un nuevo futuro interconectado, donde los activos de los sistemas de agua son generadores constantes de datos. Estas soluciones inteligentes generan un bombardeo de información apuntando a una multitud de departamentos de gestión. Este flujo de bytes genera un bombardeo de preguntas: ¿Qué pretendemos mejorar? ¿Cómo fijamos objetivos y medir si una solución llega a ellos? ¿Cómo migramos de los protocolos de siempre, a nuevos sistemas de captación y gestión de datos?
Nos gustaría pensar que estas cuestiones se han planteado bien antes de elaborar cualquier pliego, pero no es siempre así. Entre otras razones, la presión política para innovar como Smart City, los intereses de grupos reducidos de personal dentro de un departamento aislado e incentivos I+D pueden encaminar la implantación de soluciones smart sin una estrategia robusta, íntegra, que se oriente hacia una evolución tecnológica más duradera. Esta complejidad para la transformación digital también se convierte en excusa interna para justificar la inercia sin mejoras operativas.
Como la tecnología, su riesgo operativo correspondiente y las necesidades de cada operador cambian a velocidades diferentes, vale la pena enfocarse en lo que se puede aislar para justificar un proyecto de digitalización. A priori, importa lo económico: ¿Cuánto se ahorrará de agua, energía, mano de obra, etc.? ¿Cuánto tardará en amortizar la inversión en hardware o software? ¿Cuánto costarán los cambios internos para la transición a esta nueva solución? Este planteamiento deber ir junto con el enfoque al ciudadano: ¿Va a mejorar la experiencia del cliente?
Los proveedores contemplan estas consultas, pero las idiosincrasias de cada operador y red se resisten a comparar resultados entre proyectos. Bluefield Research ha analizado más de 300 contratos smart water relacionado con Internet de las Cosas, en más de 10 países, con el objetivo de comparar. Algunas conclusiones:
- Regulación falta… pero no dicta: Aparte de Reino Unido, pocos mercados incentivan innovación con IoT, y las normativas de la UE o de la EPA en EE.UU. avanzan a paso tortuga comparada con las mejoras tecnológicas. Con lo cual, proyectos IoT se tienen que basar en necesidades locales concretas.
- El recurso manda: La proliferación de contadores inteligentes, sensores acústicos de fugas, válvulas de presión inteligentes y loggers de datos se motivan por una falta de recurso relevante en varios mercados como California, Texas, Australia, algunas ciudades españolas, y Medio Oriente. En estos mercados, las fugas se traducen en términos económicos más fácilmente, y proyectos IoT equipan las estrategias de reducción de agua no contabilizada. De la misma manera, exceso de recurso en forma de inundaciones exige programas de resiliencia urbana con un enfoque creciente en soluciones IoT.
- Nada mejor que una cultura de mejora continua y sensibilidad medioambiental. Aunque falta recurso, eso no siempre resulta en una estrategia IoT robusta y el despliegue de nuevas soluciones. La internalización de costes y la cultura corporativa aplicada al sector público estimulan la transformación digital de operadores. Y si falta esta cultura a nivel nacional, resulta aún más fundamental a nivel municipal con directores de redes dispuestos a innovar.
Ahora es buen momento para reflexionar sobre estos impulsores de proyectos considerando el 5G. Porque al final, las soluciones tecnológicas y sus facilitadores, como el protocolo 5G, son mucho más abundantes que los contratos IoT en el sector del agua. El apago de redes antiguas de 2G/3G y la transición hacia 5G pasarán de forma gradual, y optimizará el uso de nuevos dispositivos conectados. Esta innovación de transmisión de datos es relevante para el Internet de activos del agua, pero poco importará si no acompañan los impulsores básicos de proyectos, como las normativas, escasez/exceso de recurso, y la cultura de innovación que tiene que estar detrás.