La aridez dominante en el Valle Medio del Ebro fue identificada por los regeneracionistas del siglo XIX como causa de la miseria rural de entonces. Hoy sigue siendo un grave obstáculo para el desarrollo rural. La escasa e irregular pluviometría dominante hace que la agricultura de secano sea inviable económicamente, precisamente en las zonas con mayor potencial productivo de la cuenca del Ebro. En este contexto, la política de regadíos sigue siendo fundamental para el desarrollo agroalimentario, rural y territorial de Aragón.
El regadío es el mejor seguro contra la sequía. Es una herramienta eficaz para aumentar la dimensión económica de las explotaciones, diversificar las producciones y generar valor añadido en el seno de las propias explotaciones, algo esencial para mejorar la renta y las condiciones de vida de los agricultores. Sin embargo, el regadío no es un fin en sí mismo y los proyectos deben evaluarse en relación con su capacidad real para alcanzar estos fines.
Al adaptar el agua utilizada a la oferta disponible ajustando los cultivos y las dotaciones de riego, el regadío no es una amenaza para el agua. El volumen de agua utilizado por superficie regada en Aragón configura una situación que no justifica la percepción de que los regantes hacen un uso excesivo de los recursos disponibles y que amenazan con agotarlos.
Los problemas y amenazas del agua, en el contexto de la Cuenca del Ebro, no son exactamente de escasez física ni de agotamiento del recurso. Lo son de contaminación, falta de regulación de una acentuada irregularidad natural y, sobre todo, de obsolescencia institucional.
Salvo excepciones puntuales, la escasez de agua en la cuenca del Ebro no es consecuencia del uso abusivo e insostenible sino de la insuficiente dotación de infraestructuras de regulación y transporte. Esta insuficiencia tampoco obedece a razones de sostenibilidad sino que más bien es consecuencia de una política que propicia el conflicto y la confrontación más que el diálogo y el acuerdo. Es preciso saber y admitir que sin obras de regulación no tendremos agua con la seguridad física y jurídica que necesitamos.
La oferta de agua para riego resulta insuficiente en relación con los recursos disponibles. Aprovechar estos recursos es un objetivo del actual Gobierno de Aragón, para el que la agroalimentación es una prioridad estratégica, sabiendo que su presente y futuro depende del regadío.
El Gobierno de Aragón considera estratégica la finalización de las obras de regulación hidráulica, en especial en los ríos Aragón, Gállego y Jalón. El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, en su informe de fecha 21-08-2015 enviado al Gobierno de España, ha solicitado el archivo del procedimiento de infracción nº 2014/4023 comunicado mediante Carta de Emplazamiento de la Comisión Europea relativo al embalse de Biscarrués. Porque la construcción de dicho embalse está recogida en el programa de medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, se trata de una obra de interés general pendiente de ser declarada de Interés Público Superior y que responde a una necesidad contrastada, con un alto grado de consenso social y por tanto cumple con el artículo 4(7) de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2003.
Es perfectamente posible producir más por cada m3 de agua utilizado. Pero es imposible que, reduciendo el volumen de agua total actualmente utilizado, nuestra agricultura pueda afrontar los retos que le exigimos.
El incremento de consumos de agua valorados en m3/ha observado en algunas zonas modernizadas no cuestiona, en absoluto, la política de modernización que aporta:
- Más producto por m3 de agua utilizada.
- Más valor añadido en las propias explotaciones agrícolas.
- Mejor regulación interna.
- Mejores condiciones de trabajo para los regantes.
- Menores caudales de retornos de riego disminuyendo con ello la contaminación por nitratos y otras sustancias nocivas.
Sin cuestionarla, debe aceptarse que la modernización de regadíos no ahorra necesariamente agua en el conjunto de la cuenca. Aunque aumenta la eficiencia de riego en parcela, la intensificación productiva imprescindible para rentabilizar las elevadas inversiones exigidas por la modernización tiende a aumentar el consumo de un recurso que no nos falta.
El enfoque de la vigente política de regadíos, exclusivamente basada en el ahorro de agua, es completamente desacertada en la cuenca del Ebro y debe reorientarse si queremos ser coherentes con la realidad y con nuestros propios intereses económicos, sociales y ambientales.
El Reglamento CE nº 1305/2013 relativo al desarrollo rural no ofrece al regadío el tratamiento que necesitamos. Su artículo 46 plantea inseguridad jurídica y graves inconvenientes para la creación de regadíos, condicionando la modernización al ahorro de agua y de energía. El PDR de Aragón 2014-2020 asigna para regadíos e infraestructuras rurales una inversión pública de 131,92 millones, que supone el 14,54 % de la inversión pública total del programa.
La política de regadíos exige innovarse para avanzar teniendo en cuenta que:
- Los recursos financieros públicos son insuficientes para atender incluso las necesidades más prioritarias si se mantiene el marco vigente, que nunca ha permitido avanzar al ritmo deseable.
- Las ayudas públicas deben aplicarse en la forma y cuantía que sirvan para incentivar el desarrollo de proyectos rentables, no para sacar adelante los que no lo son y que terminan perjudicando al sector.
- Evitar costes de inversión en modernización y creación de regadíos excesivos y desproporcionados, que se han generalizado de forma preocupante.
- No sólo deben modernizarse las infraestructuras de riego, también deben hacerlo las comunidades de regantes, que no sólo deben atender al uso eficiente de los caudales sino a la calidad de las masas de agua.
- Fortalecer las comunidades de regantes, que deben desempeñar un papel técnico, administrativo y financiero más activo y directo en el desarrollo de los proyectos.
- Un nuevo papel para la administración pública de modo que su apoyo de sea eficaz.
La política de regadíos exige innovar la política y la gobernanza del agua de modo que:
- Integre de forma más realista y coherente las políticas agrícola y energética.
- Integre de forma equilibrada la política hidráulica (oferta) abandonando enfoques exclusivamente basados en la gestión de la demanda (ahorro).
- Diferencie entre escasez física (ausencia de agua) y económica (insuficiencia de infraestructuras).
- Considere que el agua es un bien de naturaleza económica común y que el logro de la eficiencia exige instituciones distintas del mercado y del Estado.
- Potencie las comunidades de usuarios que son a su vez, si se les dota de los incentivos adecuados, la clave para garantizar la gestión pública del agua, evitando su privatización y asegurando de la participación efectiva y responsable de los usuarios.
- Incentive el uso eficiente de los caudales al tiempo que la protección de la calidad de las aguas (eco-eficiencia).
- Aplique definitivamente las reglas de juego comunitarias donde las exigencias conviven con las excepciones debidamente justificadas.
