Las tarifas del agua tienen una base justificativa en los costes que soporta el servicio. Y, no obstante, esas tarifas rara vez reflejan el coste real, pues en el escandallo que las estructura suele haber costes explícitos, costes implícitos y costes omitidos.
Los costes explícitos son los que figuran cuantificados y justificados: entre los más habituales están los de personal, energía eléctrica, tratamiento y mantenimiento. También, las amortizaciones y los costes del capital aplicado en las inversiones.
También hay costes implícitos: son todo aquellos que, sin aparecer en el escandallo son soportados por el servicio y, por tanto, por todos aquellos que pagan por recibirlo. Entre ellos se suelen encontrar los consumos municipales e instituciones protegidas por algún privilegio, y los de empleados de alguna empresa del sector.
Entre los costes omitidos se suelen encontrar las amortizaciones de activos públicos o los costes de gestión del servicio por parte de la administración titular, ya sea de relación con el operador, ya de estudios y trámites internos.
La dificultad de comparar tarifas de agua tiene que ver con esas consideraciones, que se añaden a la propia estructura de costes internos del servicio, que puede ser muy distinta de un sitio a otro, pues son muy sensibles a los costes eléctricos (importantes en aguas subterráneas o en entornos urbanos con desniveles significativos) que, a la vista de lo sucedido en los últimos meses, van a estar en la base de muchas de las próximas revisiones tarifarias. Aspectos como el rendimiento de la red, las economías de escala o la relación entre amortización de inversiones y el coste de mantenimiento alteran la estructura de esos costes y dificultan las comparaciones simples basadas en el precio del agua.
Además de las heterogeneidades explicables, hay partidas que suponen auténticos cajones de sastre. La más significativa es la de los gastos generales. Cierto que constituye una partida necesaria que incluye lo que de forma genérica se pueden denominar costes de gestión del operador, en general costes administrativos difícilmente individualizables. También suelen incluir costes de representación y en ocasiones costes de la matriz empresarial, más difícilmente identificables o justificables, como los derivados de la litigiosidad inducida con las administraciones locales.
El fondo de reposición, como su nombre indica, debe dotarse para renovar aquellos activos ya amortizados que deben ser sustituidos una vez acabada su vida útil. En ocasiones se denomina, con más propiedad, fondo de reposición y mejora puesto que los nuevos activos pueden incorporar las mejoras tecnológicas ocurridas durante la vida útil del activo a sustituir. Esta partida es un auténtico comodín tarifario, pues es la primera que se reduce o anula en los casos en los que no hay voluntad de ajustar la tarifa. La falta de reposición es pan para hoy y hambre para mañana, pues redunda en mayores costes de mantenimiento, pérdidas de rendimiento, y mayor dependencia de la aportación futura de capital que va a ser necesaria en el futuro, es decir, menor capacidad de tomar decisiones con independencia de criterio.
Existe la costumbre de reconocer al operador una retribución proporcional al coste. El porcentaje de esa retribución es variable según los casos. No obstante, los grandes del sector han normalizado que se reconozca un beneficio industrial del 16% sobre el coste de explotación.
Con independencia del importe -que es muy superior al de otras actividades empresariales-, el criterio adoptado no induce al ahorro, pues cuanto más ahorra el operador, menor va a ser su beneficio. Eso se va a ver en las próximas revisiones de tarifas, en las que el aumento del coste de la energía va a redundar, sin mayores méritos, en un aumento de la retribución del concesionario.
Los contadores son un caso aparte. En muchos abastecimientos se consideran un servicio externo situado en la periferia del servicio público. En efecto muchos reglamentos municipales, en general por ignorancia o inducidos por su concesionario en el momento de redactarlos, así lo contemplan. Ello tiene importantes consecuencias:
- El abonado debe adquirirlos o alquilarlos en el mercado.
- En la mayoría de los casos, el mercado se reduce al propio concesionario, ya sea él mismo o una empresa controlada por él.
- Al ser un servicio no regulado, el precio no suele estar sometido a control público.
- Al ser un servicio no regulado, el IVA que se aplica a ese precio es el tipo ordinario del 21%, en vez del 10% que se aplica a la tarifa de abastecimiento.
El diseño económico del sector es mucho más discreto que el del sector eléctrico pero su rentabilidad es muy superior a la aparente, que ya es mucha. Ello explica los movimientos gigantescos que observamos con frecuencia, la resistencia numantina a abandonar un municipio al final de la concesión, las judicializaciones sin fin, las compras mediante transacciones gigantescas (Suez a Agbar, Veolia a Suez).
Es importante poner de relieve que la organización y la regulación tarifaria del sector del agua se diferencian de otros servicios en red –como el gas, la energía eléctrica o las comunicaciones– porque aquí no se busca establecer o garantizar la competencia en el mercado, sino solamente la eficiencia en la gestión y el cumplimiento de las obligaciones de servicio público.
En efecto, en el servicio de abastecimiento de agua, no es aconsejable, por razones de seguridad y salud pública, que exista más que un proveedor del producto ni más que un usuario de la red. Por ello la competencia entre operadores en este sector apenas es posible y se basa fundamentalmente en técnicas de benchmark (comparabilidad de precios y desempeño entre sistemas) o de concursos para la adjudicación de concesiones. Por ello es imprescindible una buena regulación como freno esencial a la ausencia de mercado, una vez que el monopolio natural en este servicio es insuperable.
La regulación económica en el sector de aguas tampoco es igual que en los otros servicios en red. El precio del agua para suministro a consumidores finales se mantiene en niveles artificialmente bajos cuando lo comparamos con los precios de la energía o de las telecomunicaciones, gracias a las ‘tres T’s’, pues la financiación del servicio es el resultado de tarifas pagadas por los consumidores, tasas o impuestos soportados por los contribuyentes y transferencias (aportaciones de fondos públicos), que pueden tener como fuente los presupuestos generales del Estado o fondos públicos nacionales o comunitarios/internacionales.
El mecanismo de recuperación sostenible de costes suele permitir mantener el precio final para todos en valores inferiores al coste total del servicio. Y a este se suman también instrumentos de financiación cruzada, sea para armonizar el precio final al consumidor entre servicios que soportan estructuras de costes muy distintas, sea para apoyar a grupos de consumidores vulnerables, como las familias numerosas.
Los problemas complejos deben analizarse en profundidad y sintetizar las propuestas para abordarlos. Pero eso no equivale a que se hagan propuestas a partir de explicaciones voluntariosas o interesadas.
