Los municipios han estrenado mandato; la mayoría de las comunidades autónomas, también. El Gobierno está todavía en funciones pero, salvo sorpresas, la legislatura podría ser más estable que lo vivido en los últimos años.
El agua espera su momento. El calor aprieta más que nunca y la sequía enseña su cara más fea. El clima ya es africano hasta más al norte de los Pirineos.
Tenemos agua, tenemos sol y viento, tenemos conciencia de que el problema es injustificadamente grave. Las inercias culturales, los intereses, la ignorancia, la poca costumbre de dialogar, de aprender y comprender al otro, de acordar, son más graves que la dureza climática.
Es momento de encajar el derecho al agua con su condición de bien económico en el doble sentido de la palabra
Ya no es momento de tratar el agua como una mercancía sobre la que edificar un lucrativo negocio. Es momento de encajar el derecho al agua con su condición de bien económico en el doble sentido de la palabra, pues es recurso escaso cuya disponibilidad genera costes. Es momento de reconocer la compleja realidad de su gestión técnica y la necesidad de alcanzar dimensiones de gestión que la permitan.
El agua debe ser objeto de una mirada distinta por parte de las administraciones hidráulicas que en su día fueron modelo para toda Europa. Si antaño el problema fueron los regadíos y la producción hidroeléctrica, hoy se añade la complejidad de los usos urbanos, industriales y recreativos y la cuadratura del círculo de la gestión sostenible del recurso, es decir el respeto a las masas de agua del que lo extraemos: respeto en cantidad y en calidad. No es riqueza perdida el agua que llega al mar. Lo es la sobreexplotación que genera salinización, la insolidaridad y la pillería que generan frustración. Lo es el abuso en la aplicación de costes que no corresponden y la omisión de mantenimiento que genera fugas en las redes.
Eso no se resuelve a golpe de decreto; tampoco delegando la gestión al sector privado; tampoco con una regulación de la señorita Pepis que considere el agua como una commodity pública y dificulte la compleja y singular acción de la administración hidráulica.
Hay palabras cuyo sentido carga el diablo. Lo que hasta tiempos recientes se ha llamado gobierno, es decir, el ejercicio de las responsabilidades públicas que el ordenamiento atribuye a los electos, se viene sustituyendo por el vocablo gobernanza, al que la RAE define como el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía.
El agua debe ser objeto de una mirada distinta por parte de las administraciones hidráulicas que en su día fueron modelo para toda Europa
Ciertamente es todo un arte. Se entiende que, lejos del modelo dictatorial o del gobierno ilustrado –todo para el pueblo pero sin el pueblo-, estamos frente a un concepto de inspiración anglosajona en el que la voluntad popular expresada en las urnas se complementa con una organización sólida de la sociedad y del mundo económico que generan sus propias dinámicas, expresan sus intereses y alcanzan acuerdos que perfeccionan los que se obtendrían del simple ejercicio del poder elegido en cada momento.
Cada día observamos lo difícil que es el ejercicio de ese arte. Empezando por las dificultades de pacto del mundo político, que crea relatos demonizadores para justificar la desconfianza al otro y exigir lealtades propias. Siguiendo por los relatos sectoriales de los diferentes intereses y sensibilidades en torno al agua, y los subrayados o las omisiones de los media.
La historia muestra los escasos momentos en que se hicieron progresos en relación a las políticas de agua: la visión de nuestros ilustrados, de Joaquín Costa o de Lorenzo Pardo. La concepción de la unidad del ciclo del agua que aportó la Ley de 1985 o la visión ecosistémica de la Directiva Marco.
Pocas de esas cimas se han alcanzado mediante técnicas de gobernanza pura. Aunque los grupos de interés siempre encontraron la manera de influir en el poder, no así la sociedad civil, insuficientemente organizada.
La historia muestra los escasos momentos en que se hicieron progresos en relación a las políticas de agua
La desconfianza instalada desde la crisis de 2008 no ayuda, pues se expresa como una deslegitimación de las instituciones. En ese contexto, la gobernanza puede expresar una vía de sustitución del poder democrático. O una vía “políticamente correcta” de delegación de responsabilidades por parte de políticos inseguros.
La gobernanza implica, a la vez, diálogo y capacidad de liderazgo, pues debe mejorar y no substituir las propuestas mayoritarias expresadas por las urnas. Y debe respetar el principio de subsidiariedad por el cual, lo que puede resolverse cerca del administrado no debe ser alejado a foros más lejanos. Justamente ese fue el gran éxito que legitimó nuestra transición política: la regeneración de nuestros pueblos y ciudades gracias al empoderamiento de los municipios mostró el camino deseable.
Ese es el reto que hay que afrontar y reinterpretar en torno al agua. Hay mucho camino que recorrer
