La tarifa del servicio púbico de abastecimiento de agua se cuece entre el mundo técnico de los operadores del servicio y los responsables políticos que ejercen sus competencias en la materia para tramitarla y aprobarla.
A los operadores del servicio les preocupa que la tarifa cubra sus costes, es decir, que la suma de los ingresos obtenidos por facturación a los abonados al servicio les permita pagar los gastos de personal, energía, tratamiento, mantenimiento, amortizaciones, etc., es decir de funcionamiento del sistema, y si son operadores privados, asegurar el beneficio empresarial derivado de su actividad.
Las autoridades locales responsables de la aprobación de tarifas, en cambio, suelen tener el ojo puesto en el IPC, pues ese es el argumento que se suele esgrimir en los debates públicos. Si la tarifa propuesta por el operador supone incrementos inferiores al IPC, se suelen aceptar y aprobar sin reparos. Pero no es tan fácil en caso contrario. Es sabido también que los años electorales las tarifas no se tocan para no encrespar los ánimos del electorado.
En realidad, la tarifa es algo más que un instrumento para cubrir los costes. La tarifa es elemento esencial en la política de inversiones para modernizar el servicio o, simplemente, para evitar su deterioro.
La tarifa también es el elemento al alcance de la autoridad local para hacer política de agua. En efecto, las tarifas más habituales tienen estructura binaria, con un componente fijo, la cuota de servicio, y uno variable en función del consumo de agua. A su vez, el componente variable suele estar dividido en tramos de consumo con precio progresivamente creciente, de forma que se penalizan los consumos elevados y se favorecen los más bajos.
La tarifa es elemento esencial en la política de inversiones para modernizar el servicio o, simplemente, para evitar su deterioro
La tradición tarifaria ha puesto el acento recaudatorio en el consumo de agua, de forma que lo más habitual es que la mayor proporción de ingresos se obtiene del componente variable.
Ahora bien, si se analiza la estructura de costes del servicio, es fácil observar que la mayoría de ellos son costes fijos. Personal, amortizaciones, costes financieros, el término de potencia de los contratos eléctricos y otros elementos, fácilmente superan, en su conjunto, el 70% del escandallo global de costes asociados al servicio. Esa cuestión no es específica del abastecimiento de agua: un análisis atento muestra estructuras análogas en otros servicios públicos y privados.
El resultado comparado de tal estructura de ingresos y costes muestra un equilibrio precario condicionado a que parte de los costes fijos se financia con ingresos variables. Ese equilibrio favoreció a los operadores en épocas de crecimiento urbano, puesto que, una vez aprobada la tarifa, se producía un exceso de ingresos variables que no hacía falta justificar. Era la lógica del riesgo y ventura cuando predominaba la ventura. Pero cuando el agua escasea y hay que hacer inversiones, quedan costes fijos al descubierto por falta de ingresos variables. Es lo que he llamado en ocasiones la paradoja del ahorro: el premio por cerrar el grifo es que se nos sube el agua.
La única forma de evitar esos riesgos para el ciudadano es ajustar progresivamente el ingreso fijo al coste fijo, es decir, no tratar todos los componentes de la tarifa al compás del IPC. El acento tarifario debe ponerse en la cuota de servicio que, al ser ingreso fijo, nos pone en la evidencia de que lo que cuesta dinero no es el agua en sí, sino el conjunto de infraestructuras y servicios que nos permite disponer de agua potable, en el grifo, en cualquier momento del día y en cualquier día del año.
La única forma de evitar esos riesgos para el ciudadano es ajustar progresivamente el ingreso fijo al coste fijo
Más allá de la adecuación estructural entre ingresos y costes, me parece interesante otra aproximación específica para los municipios turísticos. En ellos, encontramos una moderada población de residentes con infraestructuras sobredimensionadas para poder acoger, estacionalmente, a una notable población no residente.
No es posible aplicar tarifas distintas a residentes y no residentes, hay sentencias que proclaman la inconstitucionalidad de esa práctica. En esas condiciones y con los sistemas tarifarios al uso, la financiación de las infraestructuras de abastecimiento grava a los abonados residentes de forma desproporcionada, puesto que ellos consumen agua durante todo el año y los visitantes solo en sus períodos de visita. No sería así si los aumentos de tarifa se orientaran a la cuota de servicio, pues ello repercutiría de forma proporcional a la disponibilidad del servicio y no a su intensidad o frecuencia de uso.
De la misma manera que en año electoral no se suelen tocar tarifas, también es cierto que una vez pasadas las elecciones se suelen tomar decisiones a medio plazo que permiten orientar el mandato electoral. A todos aquellos municipios que se planteen modificaciones tarifarias, ese consejo: vayan más allá del IPC y presten atención a los costes, su estructura, y a la mejor forma de corresponder a ella para mejorar su servicio.
