El agua es instrumento de poder. Y por tanto, su administración otorga poder. La lucha por el agua es muy antigua y los desarrollos tecnológicos han servido no sólo para aumentar la capacidad de creación de riqueza del agua sino también a los usos del poder, es decir, a quien beneficiaba esa riqueza. Las acequias feudales buscaban un trazado con saltos bruscos de nivel; en ellos se ubicaron molinos cuya utilización comportaba el pago del correspondiente tributo, generalmente en especie. En aquel tiempo el poder árabe impuso trazados de acequia con poca pendiente buscando la distribución del agua por la máxima superficie de regadío: un uso más democrático, con sistemas de justicia rápida como el Tribunal de las Aguas de Valencia que ha llegado hasta nuestros días.
El control del agua, con modos y usos distintos, se ha basado en la conciencia de su escasez, de su condición de recurso vital y de su valor económico. En España fue propiedad de los reyes, que concedían los derechos de uso según su criterio. Ello fue así hasta bien entrado el siglo XIX en el que las concesiones para usos, en especial de regadío, promovieron abundante inversión y pusieron en valor numerosas tierras anteriormente poseídas por las “manos muertas”.
La forma en que se ejerce el poder no es ajena a la administración del agua. Con grandes dificultades históricas y aún con riesgos, hemos alcanzado nuestra joven democracia, que en 1985 trajo la unidad del ciclo del agua y nos vinculó a Europa. A nivel interno supuso la rehabilitación urbana y ahora se plantea la rehabilitación de la política, al socaire de una renovada conciencia social. No es de extrañar que uno de los campos en juego sea el del agua.
Ya en el siglo XIX se cruzaron las ideas liberales con las proteccionistas, y de ese mestizaje ha salido esa concepción tan chocante, ese capitalismo sin riesgo que nos caracteriza. No obstante, la cuestión municipal quedó en otro plano, que ahora resulta curiosamente análogo al actual. No me resisto a una larga cita del respetado catedrático Eduardo García de Enterría, que allá por el 1955 cuando ya era letrado del Consejo de Estado, escribía:
Muchos años antes de que pasara al primer plano de la consideración política y teórica el tema de las nacionalizaciones industriales, era ya actual el tema de las municipalizaciones. En el último tercio del siglo XIX parecía, en verdad, inconmovible el ideario liberal y la correlativa reducción de las funciones del Poder político. Toda una esplendorosa civilización había sido edificada sobre esos principios, en cuyo haber se incluían íntegros los resultados del industrialismo. Sólo una parte del proletariado osaba proclamar su insolidaridad con las creencias colectivas; pero esa discrepancia, valorada desde el panorama de conjunto, podía ser considerada como socialmente marginal. Y bien, he aquí que, sin embargo, en la vida municipal de la época se hace visible un extraño fermento que, modesta pero radicalmente, se atreve a enfrentarse con las sólidas bases de ese mundo sólido y cerrado. No se trata, en verdad, de un movimiento político, apoyado sobre bases teóricas, sino más bien de una tendencia rigurosamente espontánea y natural, hasta donde es posible aplicar estos calificativos a la vida social; sólo a posteriori los partidos socialistas pararán mientes en este fenómeno, y, apreciando con acierto toda su significación, como factor y testimonio de la crisis del orden liberal, pretenderán patrocinarlo y asignarle sus propios fundamentos doctrinales. El tema se despolitiza poco después, para continuar su curso riguroso directamente derivado de las exigencias de la vida comunal, llegando, por último, al terreno neutral de los juristas y de los técnicos, donde hoy se encuentra definitivamente.[1]
No se podrían describir mejor las circunstancias que rodearon la segregación del agua y de otros bienes básicos de las dinámicas de mercado. Ni que las motivaciones ciudadanas responden a la conciencia de que se está tratando con necesidades básicas. Quizá el autor no previó que esas dinámicas se repetirían unas décadas más tarde. El caso es que ahora estamos en un segundo replanteo de la cuestión, con graves tensiones derivadas de que lo que se juega no es la gestión del agua sino su gobierno.
El agua urbana tiene muchas razones de ser. Algunas, de naturaleza económica. Otras, vinculadas a la higiene pública y el derecho de acceso. Todas ellas relacionadas con esa vieja cuestión a la que alude Enterría: el control del agua desde la proximidad del municipio, el gobierno público del agua, la administración del derecho al agua. Eso está de vuelta, como ya pasó hace más de un siglo.
Hoy el poder se ejerce con instrumentos distintos. En primer lugar, es democrático y con distintos niveles de representación. En segundo lugar sus instrumentos materiales se sustentan en información, conocimiento y finanzas. En tercer lugar, el ámbito jurídico es sensible a esa combinación, lo que se expresa en las presiones regulatorias y en los tribunales.
La presión del sector por el control del agua y el condicionamiento a los municipios sólo tiene un antídoto: la energía social que se manifiesta democráticamente de distintas formas y con irregular intensidad. Ese es el reto que va a resolver el futuro del gobierno del agua.
[1] E García de Enterría 1923-2013. Ponencia presentada en el I Congreso Iberoamericano de municipios. Madrid-Granada, 1955. Firma como Profesor Adjunto de la Universidad de Madrid.
