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El milagro peruano del saneamiento hacia la sostenibilidad

Sobre el blog

Jamil Alca Castillo
Director de Integración del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS.

Publicado en:

Portada iAgua Magazine
  • milagro peruano saneamiento sostenibilidad

En el Perú, las encargadas de brindar servicios de agua potable y saneamiento son Empresas Prestadoras Municipales (EPM). Estas, con diversas limitaciones estructurales, aseguraron servicios en situaciones críticas como la pandemia de la COVID-19 o emergencias climáticas. Expuestas a complejidad e incertidumbres, constituyen el milagro peruano, cumpliendo su propósito público frente a diversas  adversidades.

Las EPM ubicadas en todo el territorio nacional, en medio de una  geografía delineada por la cordillera de los Andes y las distancias, limitan y encarecen los servicios, una situación agravada por catastros técnicos y comerciales desactualizados, precariedad salarial, deudas, infraestructura obsoleta, inversiones desarticuladas o paralizadas, tarifas poco pertinentes, injerencia política, roles ambiguos de actores políticos y limitada o dudosa información. Estos factores configuran un habitus de decisiones que desencadenan problemas en la prestación y calidad de los servicios y que, en muchos casos, sustentan la insolvencia económica y financiera.

Según el Plan Nacional de Saneamiento aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 49 EPM atienden a 11,1 millones de pobladores de su ámbito en 24 departamentos y SEDAPAL a 10,5 millones en la capital. De las 49 EPM departamentales prácticamente el 60% atiende a 2,2 millones de pobladores evidenciando una atomización y una escala limitada de conexiones para proyectar su crecimiento.

Las consecuencias son evidentes, el 35% de las EPM son parte del Régimen de Apoyo Transitorio que tiene como finalidad su reflotamiento operativo y financiero en un plazo de hasta quince años a cargo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento. También están administradas una EPS anteriormente bajo concesión y otra que se mantuvo en el régimen concursal, que brindan servicio a las ciudades de Tumbes y Piura, respectivamente. Después de siete años, el año 2022, la EPS Moquegua S.A. salió de este régimen siendo la primera empresa reflotada.

El 35% de las EPM son parte del Régimen de Apoyo Transitorio que tiene como finalidad su reflotamiento operativo y financiero

En estos enjeux, el milagro de la EPM peruana se explica por dos aspectos esenciales: compromiso de los trabajadores y solución de problemas mediante pruebas de acierto y error, reforzando un conocimiento empírico, que debemos reconocer y potenciar.

Para superar la situación de las EPM, el Estado peruano cuenta con dos mecanismos poderosos: reflotamiento e integración de prestadores, con condiciones mínimas de funcionamiento como asegurar calidad e integridad de información (medición y tecnología), mejorar la planificación, condiciones y gestión de recursos humanos (idoneidad), gestionar información estructural (catastros técnicos y comerciales o saneamiento físico legal y contable, otros) e identificar buenas prácticas empresariales. Todo ello integrado en un sistema informático, que sienta las bases del reflotamiento para asegurar la sostenibilidad empresarial.

La integración de prestadores con participación de varios stakeholders, es un mecanismo en crecimiento. De acuerdo al organismo técnico, aproximadamente 100.000 pobladores mejoraron la calidad de sus servicios mediante la integración a 14 EPM, cerrando brechas de calidad, ordenando la actividad y ganando economía de escala. Se ha identificado 377 ciudades y pequeñas ciudades, con más de 2,2 millones de personas que pueden ser integradas a servicios de mayor calidad y sostenibles en los próximos años, para ello se requiere asegurar asistencia técnica, presupuesto e incentivos para las EPM y población.

El decreto legislativo 1280, modificado en diciembre 2023 mediante decreto legislativo 1620, desarrolla un modelo de tres ejes: i) información como medición y calidad; ii) fortalecimiento institucional para la implementación de acciones; y iii) valoración, basada en atributos del servicio e  idoneidad, compromiso y decisión, conduciendo a los responsables a atender y solucionar problemas con la finalidad de construir valor público oportuno, accesible, continuo y preciso. Solo así se ganará la legitimidad de la ciudadanía.

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