En este momento, en el que parece que está asentándose la opinión técnica pero también la del activismo social sobre la utilidad de un “regulador”, me parece oportuno exponer una serie de reflexiones fruto de la experiencia obtenida por la contribución, como miembro de AEAS y en apoyo del MAGRAMA, a los trabajos de la red de reguladores europeos en materia de agua. Esta red se creó para compartir buenas prácticas y contribuir a la mejora formativa mutua de sus miembros.
Desde finales de los ochenta, numerosos países europeos han creado un “regulador” nacional en los servicios públicos de agua, si bien esta tendencia ya surgió en el siglo XX en Estados Unidos. Este movimiento obedece a que los servicios de abastecimiento y saneamiento son de interés general y muy tecnificados. Por ello, se hace necesario transferir funciones y competencias regulatorias a entidades públicas independientes, capaces y especializadas.
El ejercicio de estas funciones y competencias tiene por objeto asegurar la óptima prestación al ciudadano y garantizar la sostenibilidad financiera de un servicio básico con una calidad adecuada, a través de una tarifa razonable y asequible. El soporte legal suele asignar al regulador funciones económicas, de supervisión e información y de transparencia hacia la ciudadanía y grupos de interés.
La independencia del ente regulador se logra al evitar interferencias por intereses partidistas en sus decisiones, ya que en caso contrario perjudicaría a la sostenibilidad y estabilidad del servicio en el medio/largo plazo. Así, son necesarios varios requerimientos.
El primero consiste en garantizar que el equipo directivo del regulador esté formado por profesionales con reconocida formación y experiencia sectorial, cuyos mandatos máximos suelen ser más extensos e independientes que el calendario electoral.
El segundo requerimiento concierne a la independencia de gestión interna y presupuestaria. La independencia en gestión interna se refiere a decisiones que afectan a la buena organización, administración, contratación y consultoría de apoyo por el ente regulador. La independencia presupuestaria consiste en garantizar un presupuesto estable frente a presiones políticas. Otro aspecto para la eficiencia del propio regulador es la utilidad de reguladores multisectoriales, dependiendo del marco legal y contextual de cada país.
En cuanto a la mejora del sector, el regulador puede promover un marco que permita una armonización sectorial óptima con el fin de garantizar economías de escala y profesionalización de los operadores, evitando posiciones y asimétricas.
Un punto importante es la mejora de la eficiencia de los operadores. Así, en un entorno de “monopolios naturales” o “legales” en la gestión del servicio, tiene más sentido hablar de “eficiencia” que de mera “competencia”. Se distinguen dos modelos:
- Modelo de auto-regulación que, mediante un ejercicio comparativo y voluntario con el resto de operadores, permite que cada uno detecte sus campos de mejora.
- Modelo basado en un ente regulador que obliga a la mejora en la eficiencia. Ejemplo de ello, es el factor de eficiencia adoptado por algunos reguladores en las revisiones tarifarias que asignan incentivos al operador más eficiente e innovador.
Otro concepto inherente al “regulador” es la transparencia en la información sobre calidad del servicio hacia los ciudadanos y en la resolución de conflictos con operadores y/o usuarios.
Mucho nos queda por recorrer en España, teniendo en cuenta la descentralización de competencias y la coincidencia de actuaciones de diferentes escalones de la administración pública en el sector del agua urbana, caracterizado también por la desagregación y fragmentación de estos servicios. Sin duda, si atendemos al rigor y a la prudencia, estas reflexiones deben tenerse en consideración ya que son fruto de la experiencia y de la búsqueda de la óptima prestación del servicio público al ciudadano.