Hay frases que, aunque puedan parecer obviedades, no pierden ni un ápice de relevancia. Quizá una de ellas sea la de “el agua es un recurso esencial para la vida”. Esta premisa ha fundamentado –con un apoyo que me atrevería a calificar de unánime– la categorización del agua como un bien público. Y esta categorización ha convertido al interés general en elemento central que ha de guiar el uso y la gestión del agua.
En los últimos tiempos, hemos ido añadiendo otro adjetivo para definir al recurso: escaso. El agua es un bien cada vez más escaso, fundamentalmente como consecuencia de la sobreexplotación de nuestras fuentes de abastecimiento, del deterioro de la calidad por la contaminación de diversas fuentes antrópicas y, por supuesto, por la de la crisis climática a la que España está especialmente expuesta. Las previsiones que han presentado tanto el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU (el IPCC, en su acrónimo inglés) como, en casa, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) apuntan que los recursos hídricos pueden verse menguados entre un 25% y un 40% en función de la cuenca.
En este contexto de creciente escasez, el conjunto de las administraciones públicas deben garantizar como prioridad absoluta el abastecimiento, en tanto que es un derecho humano; asegurar la conservación del buen estado ambiental del medio hídrico, en cumplimiento del precepto constitucional y la legislación vigente; y facilitar su disponibilidad como input productivo para múltiples actividades económicas, incluyendo a la agricultura, que merece también el calificativo de vital en nuestro modelo territorial y productivo.
Estos son los puntos de partida que han de marcar la conversación sobre el futuro del agua, sobre los que cimentar el consenso que aúne a las múltiples visiones e intereses que pivotan en torno a los usos del recurso. Consensos que deberán adoptar la forma de soluciones a los retos actuales y futuros, y que solo se podrán alcanzar si intensificamos el diálogo entre todos los agentes.
Ese es, precisamente, el espíritu de la iniciativa del Libro Verde de la Gobernanza del Agua, que impulsamos el pasado mes de octubre desde el Ministerio de Transición Ecológica: abrir un amplio proceso de debate social en torno a los desafíos de la gestión del agua en España, agravados por el cambio climático, con el fin de encontrar soluciones consensuadas. Sobre la mesa hay muchos temas. Tan solo enumero algunos de ellos: disminución de las aportaciones y de los recursos disponibles en todo el territorio, deterioro del estado de las aguas y pérdida de calidad de las fuentes de abastecimiento, conflictos asociados a la distribución del recurso, o la falta de medios –técnicos, humanos y económicos– para gestionarlo adecuadamente.
El objetivo de este debate social no es otro que identificar los principales retos a los que nos enfrentamos en lo relativo a la gestión del agua y proponer soluciones que faciliten una transición equitativa, equilibrada y sostenible hacia la nueva realidad climática, social, económica y tecnológica que tenemos frente a nosotros.
En el marco de este amplio proceso de diálogo con todos los agentes, se han abierto consultas internas en las distintas instituciones de la Administración General del Estado –Dirección General del Agua, confederaciones hidrográficas y empresas públicas de agua– y foros de debate territoriales, organizados en estrecha cooperación con las comunidades autónomas.
"El objetivo de este debate social no es otro que identificar los principales retos a los que nos enfrentamos en lo relativo a la gestión del agua"
Cuando este artículo aparezca publicado, se habrán celebrado ya 26 de estos encuentros en el territorio, en los que habrán participado más de 600 personas provenientes de todos los ámbitos relacionados con la gestión del agua: administración general del Estado, administraciones autonómicas y locales, operadores de los servicios de abastecimiento y saneamiento, representantes de colegios profesionales, expertos en distintas temáticas relacionadas con el agua y representantes de colectivos sociales y ambientales, entre otros muchos. Y ocupando un puesto destacado, el sector agrario, que ha estado representado en todos y cada uno de los foros. Sus aportaciones se han incorporado a la valiosa información que se está generando a lo largo del proceso, porque el diálogo que se está desarrollando bajo este marco busca ser abierto, inclusivo y transparente. De hecho, las actas de todas las reuniones, incluyendo la relación de participantes, las aportaciones realizadas y las propuestas que van surgiendo, están disponibles online a través de la página web de la iniciativa: librogobernanzaagua.es.
La documentación que se ha generado hasta el momento refleja las preocupaciones, sugerencias y aportaciones recibidas. A partir de ellas, se han identificado 11 áreas prioritarias de mejora en relación a la gobernanza del agua, que incluyen, en otras, cuestiones como el fortalecimiento de la administración del agua, la mejora de la financiación del ciclo, la mejora de la coordinación interadministrativa, la integración de nuevas tecnologías, el desarrollo de medidas de promoción de la corresponsabilidad social con los retos del agua, la apertura de los ámbitos de decisión de todos los actores o la mejora de información, la transparencia y el conocimiento.
El MITECO está tramitando la elaboración de una serie de informes a expertos en cada materia para que hagan propuestas de mejora en torno a los retos identificados. Estos informes y propuestas serán sometidos de nuevo a debate y consulta pública en una segunda ronda de foros territoriales que, en principio, se celebrarán entre septiembre y octubre de 2019.
Las cámaras y gobiernos locales, autonómicos y estatales que se están conformando en estos días, tendrán a su disposición toda la información que está surgiendo de este amplio proceso de diálogo. Confío en que será de gran utilidad para construir, en consenso con el resto de agentes, la cultura de agua del futuro. Su participación en la articulación de la transición hacia un nuevo modelo territorial, y de uso del recurso ambiental y territorialmente más sostenible y menos vulnerable frente al cambio climático, es esencial.
