América Latina y el Caribe es una de las regiones más privilegiadas en cuanto a disponibilidad de agua. Concentra cerca del 30% de los recursos hídricos del mundo, mientras que alberga menos del 10% de la población. A pesar de esta riqueza, enfrenta riesgos importantes a su seguridad hídrica. Por un lado, está la degradación de las fuentes hídricas debido a la deforestación. Por otro, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre 1998 y 2020, más de 277 millones de personas sufrieron afectaciones por eventos relacionados con el clima. Adicionalmente, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), más de 17 millones de personas carecen de acceso a agua, más de 160 millones de personas no tienen acceso a agua gestionada de manera segura y 444 millones de personas carecen de acceso a saneamiento seguro. Estos datos ponen de manifiesto los retos que hay para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible referente al agua y saneamiento (ODS 6).
Los riesgos enunciados anteriormente se ven potenciados por distintos factores. Entre los más importantes, están la falta de recursos financieros y técnicos. Según el documento ‘Necesidades de inversión en agua potable y saneamiento en América Latina y el Caribe'. Efectos en el empleo verde y el valor agregado bruto’ de CEPAL, publicado en 2023, entre 2010 y 2019, la inversión pública para agua y saneamiento en la Región se redujo en un 50%, lo que también explica la obsolescencia y falta de mantenimiento de la infraestructura y, consecuentemente, su baja eficiencia. De manera paralela, prevalece una dificultad para reflejar el verdadero valor del agua para los distintos usos, lo que potencialmente genera incentivos para un uso menos eficiente de la misma.
La colaboración entre los sectores filantrópico, privado y gobierno, es fundamental para avanzar en el cumplimiento del ODS 6
Adicionalmente, se ha privilegiado la concentración de la población en grandes áreas urbanas lo que, si bien tiene ventajas, genera presiones importantes a los recursos hídricos, tanto por el lado del abastecimiento, como de la contaminación de fuentes. En el mismo sentido, se ha incentivado el cambio de uso de suelo a costa de la cubierta vegetal nativa, lo que afecta negativamente a la calidad y disponibilidad del agua. Por último, el cambio climático genera cada vez sequías más frecuentes y prolongadas, así como una mayor ocurrencia de lluvias torrenciales.
Si bien la situación es compleja, vale la pena destacar algunos casos de éxito que podrían tomarse como referencia para mitigar los riesgos descritos. Colombia y Perú, por ejemplo, han trabajado para rediseñar sus marcos normativos y regulatorios para crear condiciones que faciliten a las empresas de agua ampliar y rehabilitar su infraestructura, así como a adoptar nuevas tecnologías que les permitan hacer un uso más eficiente del agua. En el caso de Brasil, se ha construido un acuerdo político para priorizar la universalización de los servicios de agua y saneamiento y, a partir de dicho acuerdo, alinear recursos fiscales, facilitar la atracción de inversiones, empresas y tecnologías especializadas. Por último, Chile, Costa Rica y Uruguay, se destacan por los mejores indicadores de cobertura de los servicios.
Fortalecer la gobernanza a través de un reconocimiento del verdadero valor del agua, de mejorar los marcos institucionales y regulatorios y de generar condiciones para facilitar el financiamiento, permitirá a los países avanzar hacia un uso más eficiente del recurso, cerrar las brechas de acceso a los servicios y hacerlos más resilientes al cambio climático.
Dadas las restricciones fiscales que enfrenta la región de América Latina y el Caribe, resulta oportuno utilizar el potencial del mercado para atraer recursos financieros y capacidades técnicas para complementar las ya existentes en el sector público. En este sentido, la colaboración entre los sectores filantrópico, privado y gobierno, es fundamental para avanzar en el cumplimiento del ODS 6.