Hoy, y con justa razón, los principales esfuerzos, recursos y acciones estatales se focalizan en la contención del COVID-19. Podrá haber más o menos consenso al evaluar la forma en que ello se ha materializado, pero no puede desconocerse que en Chile hay una estrategia país en este ámbito, con diversas medidas que van adoptándose, revisándose y ajustándose conforme a la evolución de las circunstancias.
Entendiendo la urgencia que la crisis sanitaria reviste, no puede seguirse invisibilizando la grave situación del agua en el país. Ésta no es la crisis que viene, como algunos han sostenido; todas las regiones al norte del Maule enfrentan un estrés hídrico extremadamente alto, mientras que la región de Ñuble un estrés alto, y Bio-bio y Araucanía medio-alto. Más importante aún en el actual contexto de pandemia, hay aproximadamente, 925.000 chilenos que no disponen de acceso a agua potable de forma continua para las cuales la prevención y el control del COVID-19 resulta un auténtico y complejo desafío. Por ende, es una crisis que tenemos ante nuestros ojos hace varios años, y, respecto a la cual seguimos inmersos en una paralización e inercia preocupantes.
El concepto de “nueva normalidad”, profusamente empleado en cuanto al manejo del COVID-19 a nivel global, puede también ser útil en la regulación y gestión de recursos hídricos en general, y, de forma muy particular, de la sequía. No podemos continuar actuando como si la situación del agua fuese invariable, y tratando a la sequía como un fenómeno extraordinario o una emergencia pasajera. Las principales iniciativas impulsadas en el país para enfrentar las distintas crisis hídricas han sido principalmente reactivas. Esta sequía es una realidad estructural, parte de la “nueva normalidad” de los recursos hídricos en Chile, y debemos abordarla como tal, con medidas efectivas, dinámicas, eficaces, oportunas, adaptativas y sostenibles, planificadas (desde ya) a corto, mediano y largo plazo. Es imperativo adoptar un enfoque prospectivo en la gestión hídrica considerndo una gestión de riesgos y no de desastres.
La falta de acceso a agua es también un tema de salud pública. A diferencia de la pandemia actual, de la sequía no podremos mantenernos a salvo con el confinamiento o aislamiento social o con una vacuna, pero podemos y debemos gestionarla, lo cual es bastante más complejo e implica mucho más que declarar zonas de escasez y repartir poca agua. Actuemos en consecuencia.
