Tenemos ante nuestros ojos uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado la humanidad a lo largo de su historia. Si miramos hacia la mayor parte de los países de nuestro entorno, podremos contemplar una evolución inminente hacia una economía baja en carbono, un proceso iniciado a escala global que se traducirá, necesariamente, en fuente de numerosas oportunidades. Las economías que se erijan como líderes de esa transición serán las primeras de la fila en aprovechar las bondades que la descarbonización ofrece. Y es que el actual sistema energético basado en combustibles fósiles es la principal causa del temido cambio climático, cuyos tentáculos ya han empezado a dejar graves huellas en el planeta. La necesidad de un cambio de modelo energético basado en el ahorro y en la eficiencia, así como la sustitución progresiva de combustibles fósiles por energía limpia de emisiones, es más que evidente en este primer cuarto de siglo. En esta tarea, España no puede quedarse dormida. Cuanto más tarde actuemos, más complejo y costoso será para nuestra sociedad cumplir con los objetivos climáticos. No hay que olvidar que el desafío que tenemos por delante nos pertenece a todos, desde los gobiernos y responsables políticos hasta la sociedad en general. Pero es el sector empresarial uno de los actores clave en este camino por recorrer.
Las soluciones en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, la descarbonización de la economía o el fomento de una economía circular vendrán de la mano del tejido empresarial. Cada vez las compañías son más conscientes de esta tarea esencial en una sociedad próspera y moderna. Y son ellas, entre otros agentes, las que están demandando con una voz alta y clara la necesidad de políticas efectivas en este país que permitan sentar las bases de esa nueva economía que ha de limitar el incremento de la temperatura media global por debajo de los dos grados centígrados. Una revolución que conllevará un impulso a la innovación y al emprendimiento empresarial, que provocará la creación de nuevos empleos y que proporcionará certidumbre para las inversiones a medio y largo plazo.
Para que este viraje se haga realidad, requiere indiscutiblemente, de un marco jurídico sólido y predecible. Y así se lo han hecho saber al Gobierno, las cerca de medio centenar de compañías españolas, entre ellas las principales del IBEX 35 y también PYMES, que forman parte del Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV). Una asociación que pretende fomentar la colaboración público-privada y avanzar conjuntamente en los retos ambientales. Para el Grupo, la existencia de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética ambiciosa es el requisito indispensable para consolidar este proceso. Ese texto, defienden las compañías del GECV, ha de contemplar entre otros aspectos, objetivos de reducción de emisiones de carácter vinculante para España tanto globales como sectoriales a 2030 y 2050, en línea con los compromisos de la UE y el Acuerdo de París. Un precio al carbono y una revisión de la fiscalidad.
La colaboración público-privada, estable y orientada al interés público es también un requisito imprescindible para resolver las incógnitas que la realidad medioambiental ha dibujado. En este punto del relato, es importante señalar la creciente sensibilización de los mercados financieros internacionales sobre los riesgos asociados al cambio climático. Un extremo que podría aprovecharse como palanca para reorientar inversiones hacia sectores de bajas emisiones. Tenemos tecnologías a nuestro alcance con una rápida reducción de costes como renovables, vehículos eléctricos, etc. Las empresas y el sector financiero están dispuestos a invertir en ello, pero se requiere de una hoja de ruta llena de objetivos y políticas estables. En definitiva, no debemos de olvidar que la implantación de una economía libre de carbono se traducirá en un mejor futuro para nuestra sociedad.