Chile está viviendo un estallido social que ha remecido a la sociedad produciendo una crisis política, social, económica y cultural, donde la ciudadanía se ha manifestado masivamente en la calle para exigir, entre otros temas, terminar con los altos niveles de desigualdad y empezar un nuevo trato con la comunidad que permita una mayor participación en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas.
Complementariamente y desde hace varios años, el país vive en forma paralela la peor crisis hídrica de su historia desde que se tienen registro. En este contexto, fue el Ministro de Obras Públicas[1] y no las empresas sanitarias, quien informó "la posibilidad" que en el verano 2020/2021 tengamos racionamiento de agua potable en las principales ciudades de la zona central y parte del norte, incluyendo la Santiago, la capital del país. También informó que para evitar la existencia del día cero, se ha definido un plan de obras de US$700 millones para los próximos cinco años.
El justificar la falta de agua solamente con el cambio climático, es ocultar y hacerse cómplice de lo que están realizando los distintos sectores productivos, con un marco normativo desconectado de los nuevos escenarios y de una institucionalidad que no permite una gestión hídrica adecuada, han permitido la sobre-explotación que ha dañado severamente los ecosistemas acuáticos[3]. Esta actitud no tiene ninguna relación con el cambio climático
La escasez hídrica y la sequía que afectan al país, se han acrecentada este año por la bajas precipitaciones, la falta de nieve y las elevadas temperaturas que han ocasionado la muerte de 100.000 cabezas de caprinos, ovinos y bovinos por falta de agua y alimentos. Los incendios forestales que en el año 2019 llevamos 13,500 hectáreas consumidas, esto es tres veces más que los años anteriores[2], que han terminado agravando aun más la situación hídrica, obligando a tomar medidas por parte del gobierno, "Ejemplo de ello es la Mesa Nacional del Agua, que busca elaborar un diagnóstico, establecer los contenidos centrales de una política hídrica y proponer la infraestructura necesaria para la gestión de este recurso y la agenda 2030, que busca fortalecer la seguridad hídrica en el largo plazo".
Cuando se menciona la infraestructura necesaria, se refiere a la construcción de sondajes, profundización de pozos, construcción de una mega tubería que permita el traslado de agua desde un embalse a una planta de agua potable y la construcción de al menos una planta desaladora.
Dicho lo anterior, es necesario hacer algunas reflexiones;
1.- Llevamos años realizando mesas del agua y escuchando a los expertos, científicos, académicos, organismos nacionales e internacionales advirtiendo que la falta de agua en nuestro país sería de alto riesgo. También es sabido que la falta de agua no es solo por la baja de la pluviometría y la nivometría y tampoco es exclusivo del cambio climático. Es cierto que la falta de agua tiene un componente de sequía, que por definición es transitoria y de origen climático, pero también es consecuencia por el mal uso del agua producto del crecimiento económico del país, que nos ha llevado a una severa sobrexplotación de nuestras fuentes de agua, produciendo una escasez hídrica, que por definición es permanente y su origen es causado por el humano.
Los diagnósticos existen, se han realizado en cada gobierno anterior y en diversas instituciones académicas o científicas, incluso ya existen consenso. De igual manera, las políticas públicas del agua han sido emitidas por administraciones anteriores pero ninguna ha prosperado, por la forma como se diseñan con escasa participación de los usuarios y comunidades.
2.- Lo planteado por el Ministro y el Superintendente de Servicios Sanitarios, son propuestas del nivel central orientadas a construir grandes obras, de alto costo, que demoran 2, 3, hasta 4 años y están dirigidas a aumentar la oferta de agua (sequía) y no desde la demanda que es donde se genera la escasez hídrica, Es necesario trabajar con los territorios que conocen sus prioridades y los problemas, para diseñar localmente obras o acciones en busca de la eficiencia hídrica.
La industria sanitaria, que eventualmente nos puede imponer un racionamiento de servicios de agua potable, por cada 100 litros extraídos de los acuífero, 33 de ellos se pierden en el camino. En países como Holanda, Japón y otros, no tienen más de 5 litros de perdidas por los mismos 100 litros extraídos.
3.- En la modificación del Código de Aguas que lleva cerca de 8 años en el congreso, se pretende incorporar en su artículo 5°, que frente a la falta de agua, la prioridad la tenga el consumo humano. Entonces ¿se podría entender que si la ley estuviera en vigencia, no sería necesario hacer todas estas obras, producto que los otros usuarios de esa fuente o cuenca deben dejar de extraer agua para dar preferencia a la empresa sanitaria para el consumo humano?
4.- Nada se menciona de eventuales exigencias a la gran y mediana agricultura, (consume un 77% del total), para que incorpore un riego más eficiente y controlado, con medición veraz y oportuna, con organizaciones por cuenca para una mejor gestión participativa y/o la construcción de obras medianas y pequeñas, de bajo costo, de origen natural o de tecnología que incorpore eficiencia hídrica.
5.- Es probable que el Ministerio de Agricultura también tenga un plan para enfrentar la falta de agua, sin embargo, como la mirada es sectorialista y no integral, tenemos una serie de planes que muchas veces no cuentan con una adecuada coordinación estratégica y operacional.
6.- Finalmente, lo que no se planteó, es si los US$ 700 millones serán incorporados a la tarifa para que lo paguen los ciudadanos. En este sentido, que la SISS dé su aprobación previa a estas obras, estaría indicando que efectivamente se tendrán que cancelar por los consumidores. .
