El notorio empeoramiento de la situación hídrica en el país, sumado a la ausencia de políticas públicas estables que deriven en planes estratégicos objetivos y metas pero consensuadas y la falta de voluntad política de los últimos gobiernos, dejarán una peligrosa y dura tarea a la nueva administración, que se ha autodefinido como un gobierno ecológico. Lo concreto, es que la situación hídrica ya es insostenible y los antecedentes indican con una alta probabilidad que sucedan conflictos sociales o de orden públicos durante los próximos cuatro años del nuevo gobierno, es decir, si no enfrenta la crisis hídrica, al menos podría enfrentar un eventual el estallido social del agua.
En los ultimo 5 años, se han producido los 4 años de menor precipitación del siglo* y los cuatro años con el mayor incremento de la temperatura de los últimos 60 años, según el Reporte anual 2020 de la evolución del clima en Chile (DGAC). A lo menos es una señal que la situación hídrica empeora aceleradamente
Los últimos 16 años, período que comprende cuatro gobiernos, han transcurrido en el período donde se han producido las mayores bajas de las precipitaciones en forma sostenida, descendente y constante, (ver cuadro) y la demanda de agua no ha tenido cambios significativos, porque los ahorros logrados se destinan a nuevos usos. Por otra parte, el estado no ha tenido la presencia o el rol requerido lo realizado no ha sido suficiente, no se han realizaron reformas estructurales, estrategias u hojas de ruta de largo plazo que definan una linea de trabajo, solo se han tomado medidas de cortoplacistas de acuerdo a la contingencia política y asignado miles de millones de US$, sin exigir resultados o metas y sin hacer una evaluación de los impactos que han tenido estas medidas, dejando que cada sector tome sus iniciativas.
Lo más grave de la situación actual y futura, es que hemos sostenido la oferta de agua consumiendo las reservas hídricas sabiendo que no se están recuperando, esta sobrexplotación de los ecosistemas acuáticos no tiene control, ni siquiera por el estado
Los nuevos contextos están cambiando en forma acelerada con tal profundidad que se requiere de un proceso de transición hídrica participativa para una adaptación profunda y amplia del marco jurídico, institucionalidad y gestión hídrica con un enfoque sistémico y de cuencas, que se haga cargo de la contingencia al corto plazo y también del largo plazo. Las barreras como la falta de recursos, tecnología, información, soluciones hídricas e inversiones ya existen o se pueden resolver, pero el principal impedimento actualmente, es la voluntad política de los gobiernos de iniciar un proceso de adaptación al nuevo escenario hídrico, que se expresa en la falta de liderazgo con una visión de futuro compartida, que vaya más allá de solucionar la crisis hídrica e institucional del agua, si no que busque los consenso necesarios y ponga a las cuencas como el centro de la gestión del agua, es allí donde se genera el contacto con el agua y se hacen las intervenciones de los usuarios, allí se ejecuta la gestión hídrica donde se consume, distribuye y se extrae el agua.
El ministro de Obras públicas indicó hace algunas semanas, que todas las regiones del país al año 2021 presentan un déficit de precipitaciones del 50% y ninguna de ellas alcanzó las precipitaciones del año pasado
La situación hídrica en la población urbana tampoco es muy auspiciosa, en Santiago y el gran Valparaíso (Valparaíso, Viña del Mar, Villa Alemana, Quilpué, Concón, Quintero, Puchuncaví, Papudo y Maitencillo), están con un alto riesgo de quedar sin abastecimiento de agua potable durante el año 2022. A la fecha tenemos el 53% de los municipios del país en estado de alerta con decreto de escasez hídrica, concentrando al 47% de la población, repartidas desde la Región de Atacama por el norte a la Región de Los Lagos por el sur, con cerca de 9 millones de personas. El sector rural y su población lleva más de 3 años sin abastecimiento de agua potable y se están alimentando transitoriamente con camiones aljibes, con el riesgos sanitarios que eso significa para esa población.
No hemos avanzado con la urgencia y coherencia que se requiere, mientras tanto, sigue operando un mercado imperfecto como este, donde cada gobierno se ha limitado a dictar actos administrativos como decretos de emergencia agrícola o de escasez hídrica y asignar importantes cantidades de recursos públicos a los usuarios, sin evaluar los impactos de aquellas medidas o tener metas que permitan ver si se avanza o no.
Finalmente, serán los hechos como el incremento de precios de productos agrícolas o la restricción o la suspensión del abastecimiento del agua potable los que podrían tensionar a la comunidad a salir a las calles
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