En 2017 ha llovido poco, es un hecho, pero apenas un 15% por debajo de la media. Ni siquiera los últimos tres años han sido especialmente secos en casi toda la península. Sin embargo, los embalses no habían estado tan vacíos desde la dura sequía del 95.
Las impactantes imágenes de embalses casi vacíos han alarmado a la opinión pública, y se han convertido en una dura prueba de la escasez de agua. Pero también son la prueba de que no hemos aprendido de situaciones similares e incluso peores en el pasado, como las sequías del periodo 1995-1999 o las de 2004-2009. El uso del agua no disminuyó tras el último periodo seco, y el consumo se ha mantenido estos años en los que ha llovido menos. La superficie de regadío no sólo ha seguido creciendo, sino que se plantean cerca de medio millón de hectáreas nuevas. Y en las que ya existen sufrimos descalabros, como las 40.000 toneladas de melocotones y nectarinas retiradas este año del mercado en Aragón y Cataluña para controlar precios.
Es cierto que ha llovido menos y que estamos sufriendo unas temperaturas extremadamente altas. Pero esto es el cambio climático del que llevamos años recibiendo advertencias. ¿De verdad nos ha pillado la sequía por sorpresa? ¿Pensábamos que podíamos seguir gastando cada vez más agua sin ninguna consecuencia? En muchas cuencas, los índices de explotación de los recursos hídricos superan el 40%. Cuencas como el Guadalquivir, Segura o Júcar tienen graves problemas de sobreexplotación, pero en lugar de controlar el uso ilegal del agua o revisar concesiones se sigue permitiendo, ya sea de forma activa o “por omisión”, la aparición de nuevos regadíos. En zonas como el Alto Guadiana hay repartidos el doble de derechos que los recursos disponibles.
Se estima que en España siguen abiertos unos 500.000 pozos ilegales. Esto lleva a nuestras fuentes a la extenuación: la mitad de nuestros ríos y humedales están en mal estado y 200 acuíferos están declarados sobreexplotados, aparte de los que los merecen y no lo están. No puede sorprendernos que después de exprimir los ecosistemas hasta la última gota no haya margen de maniobra posible ante una sequía, un episodio natural y recurrente en el entorno mediterráneo.
Nos ha fallado la planificación. A pesar de los avances conseguidos gracias a las exigencias de la Directiva Marco del Agua, seguimos sin aplicarla en condiciones -ahí está la queja abierta por la Comisión Europea por los deficientes planes hidrológicos-, no hemos conseguido coordinar los planes de sequía con los de demarcación, ni hacer un buen seguimiento de la calidad de nuestros ríos, ni recuperar los costes del agua… Nuestros planes, además, siguen siendo miopes y lineales, no tienen visión de futuro ni periférica, y no han sido capaces de fijar una guía para las otras políticas que evite el suicidio hídrico de este país.
Ante la falta de previsión, el Gobierno ha vuelto a responder con parches, como eximir del pago del agua a algunos regantes en el momento en el que es más escasa, o facilitar un mercado de derechos que no solo mercantiliza este bien público, sino que consolida la sobreexplotación, al vender derechos de agua que en muchos casos no se estaban ejerciendo y solo existen en papel. Es un sistema perverso que se retroalimenta, aumentando el riesgo ambiental, social y económico, y que se esconde tras la justificación del cambio climático como si de una plaga bíblica se tratase.
Tenemos la oportunidad de cambiar y de dejar atrás las excusas que justifican tomar medidas de urgencia, una vez más, ante unos años secos. Tenemos que adaptar nuestras demandas a los recursos disponibles y ser capaces de adaptar nuestro desarrollo a un escenario de agua cada vez más escasa. Ante el cambio climático, los ecosistemas sanos y en buen estado son nuestra garantía para poder disponer de agua en cantidad y calidad suficiente, tanto para la naturaleza como para las personas. No podemos seguir esperando a que la solución nos venga del cielo.
