Hace años que el sector del agua reclama más inversión para cumplir los requisitos legales de la Unión Europea y mantener actualizadas unas infraestructuras hidráulicas esenciales para el buen funcionamiento de la sociedad.
Aun así, el sector ha mostrado una gran resiliencia. Los servicios públicos del agua en España son un referente para muchos países, y el sector privado funciona excelentemente. Muestra de ello son los buenos datos económicos de los asociados de AQUA ESPAÑA en los últimos años. El año 2024 se mantuvo en esta línea y hay muy buenas perspectivas para 2025, con excelentes cifras de facturación y rentabilidad, y también en términos de empleo. Todo ello demuestra el impacto social positivo del sector. Justamente, en el empleo reside la clave del crecimiento y la posibilidad de ejecutar debidamente las inversiones anheladas.
Si requerimos más dinero para la infraestructura pública, también necesitaremos, en cierta medida, más profesionales para poder llevar a cabo los nuevos proyectos. Sin esta segunda parte de la ecuación, la primera no funcionará bien. A ello me referiré en este artículo, con la esperanza de que esta segunda parte de la ecuación se tenga en cuenta, pues es esencial para el éxito del sector.
Seguramente compartirás conmigo que, en los eventos empresariales de nuestro país sobre los retos del sector del agua en España, la falta de inversión es el punto más mencionado, especialmente por parte de los operadores del agua urbana y otras empresas vinculadas a grandes proyectos en este ámbito.
Para que el sector funcione, se requiere un análisis de necesidades, legislación favorable al negocio y financiación adecuada para operar
Igualmente, el reto más importante para el sector, al menos para las PYMEs privadas —habitualmente proveedoras de los anteriores—, es la adaptación a la legislación. Así lo refleja el Barómetro Sectorial 2024, presentado por AQUA ESPAÑA en enero de 2025. En nuestro sector existe un entorno legal enormemente complejo, cuyo cumplimiento exige grandes esfuerzos por parte de las empresas que desean ajustarse a él, especialmente las PYMEs, que son esenciales en el sector. Debemos avanzar decididamente hacia una simplificación legal que favorezca la actividad empresarial. Una legislación asfixiante, una inseguridad jurídica derivada de leyes ambiguas, y una capacidad inspectora limitada desincentivan a las mejores empresas, que son siempre el blanco preferido de la Administración inspectora, cuyos intereses están estrechamente vinculados al afán recaudatorio de la Administración Pública.
De la misma manera, la inversión en nuevas infraestructuras públicas o en la remodelación de las existentes debe ir acompañada de recursos adecuados para su funcionamiento a lo largo del tiempo. Lo primero sin lo segundo solo genera problemas.
Por otra parte, debemos asegurar el talento. Si tenemos dinero para proyectos, pero no contamos con la gente adecuada, no podremos aprovecharlo. Hoy, tal y como se expuso en un evento reciente de AQUA ESPAÑA, hay empresas que desestiman proyectos porque no disponen de personal adecuado para abordarlos con los estándares de calidad que dichas empresas mantienen. Esto es la antesala de que empresas de dudosa reputación asuman proyectos y generen problemas en lo que hagan.
Por todo ello, es seguro que necesitamos más inversión pública. Pero tengamos presente que esta debe ser también ejecutable y sostenible. Para que sea ejecutable, necesitamos procesos abordables y leyes favorables al negocio. Y para que sea sostenible, debemos asegurar recursos para la operativa de dichas instalaciones. Junto a todo ello, debemos ser capaces de disponer del talento adecuado que haga funcionar el sistema correctamente. Así que, cuando hablemos de retos sectoriales, hablemos también de la importancia de atraer al sector el talento y retenerlo. Más aún cuando este talento que requerimos para los nuevos retos tiene, por sus características cada vez más vinculadas a los datos y a lo digital, otros sectores como destino natural.
