Según Platón, la realidad no es lo que vemos, sino lo que comprendemos.
El agua ilustra bien esta idea. La creciente preocupación por problemas como la escasez, la contaminación o el aumento de episodios extremos, como inundaciones y sequías, convive con percepciones que no siempre reflejan la realidad hídrica en nuestro país y que condicionan cómo entendemos los desafíos del agua y las soluciones que estamos dispuestos a aceptar.
La brecha entre percepción y realidad se hace evidente en la opinión pública. Seis de cada diez ciudadanos expresan una preocupación notable por los problemas del agua. Sin embargo, esta elevada preocupación no siempre se traduce en un mayor respaldo a las decisiones necesarias para garantizar la seguridad hídrica, como una mayor disposición a pagar más por el servicio, aceptar recursos no convencionales o reducir el consumo.
Esta inquietud coexiste con importantes lagunas de conocimiento sobre cómo se utilizan realmente los recursos hídricos. En particular, la industria es percibida como uno de los principales consumidores y, junto con el turismo y los hogares, como uno de los sectores menos eficientes, cuando en realidad la agricultura concentra la mayor parte del consumo.
La preocupación por problemas relacionados con el agua convive con percepciones que no siempre reflejan la realidad hídrica del país
Cuando se pregunta a los ciudadanos qué sectores deberían ser prioritarios en caso de sequía, la respuesta es clara: la agricultura. Este apoyo no se limita a regiones con fuerte peso agrario y refleja una visión extendida de su carácter estratégico en la planificación hidrológica y de su vulnerabilidad. El medioambiente ocupa el segundo lugar en la jerarquía de preferencias, por encima de sectores como la industria o la energía, lo que evidencia una sensibilidad creciente hacia la preservación de los ecosistemas.
A ello se suma que el agua todavía no ocupa un lugar central en la conversación social cotidiana. El 47% de los encuestados nunca habla de ella con familia, amigos, pareja ni compañeros de trabajo. Este silencio frena la generación de normas colectivas y debilita la presión social, motor clave de cualquier transición ecológica.
Este imaginario colectivo explica por qué algunas soluciones generan más consenso que otras. Las medidas orientadas a aumentar la oferta, como la reutilización o la desalación, cuentan con un amplio respaldo ciudadano especialmente para usos no potables. No obstante, la aceptación cae cuando se plantean para consumo doméstico como cocinar o beber, sobre todo en el caso del agua regenerada, donde la desconfianza en su calidad es el principal motivo de rechazo.
En contraste, las políticas de gestión de la demanda, como el aumento del precio del agua, la reducción del consumo y la disminución de las dotaciones de regadío, generan menor aceptación. El precio del agua, lejos de funcionar como incentivo, apenas orienta las decisiones de consumo: muchas personas desconocen cuánto pagan o perciben el servicio como caro, equiparándolo a la telefonía móvil e internet, pese a su bajo coste frente a otros suministros básicos.
La confianza aparece como uno de los grandes retos de la gestión del agua. Es elevada en la ciencia, pero sensiblemente menor en las empresas del sector y, especialmente, en las instituciones públicas. La UE, los ayuntamientos, las CCAA y, en particular, el Gobierno suspenden en credibilidad ciudadana.
La encuesta, que he tenido la oportunidad de liderar en el Real Instituto Elcano, apunta a una conclusión clara: los desafíos del agua no son solo técnicos o económicos, sino también sociales. Tienen que ver con cómo percibimos el problema y con el grado de confianza que tenemos en quienes lo gestionan. Convertir la preocupación en compromiso exige mejorar la información, reforzar la transparencia y diseñar incentivos que favorezcan un uso más sostenible del recurso.
Solo con una sociedad informada y consciente del valor del agua será posible avanzar hacia una gestión más resiliente.
