En un mundo marcado por la crisis climática, la creciente escasez de recursos y un consumismo que parece no tener límites, un debate crucial emerge con fuerza: ¿es el agua un derecho fundamental para la vida o un simple activo económico para ser explotado?.
En este artículo busco desentrañar el concepto de extractivismo hídrico por analogía con el concepto de extractivismo de los recursos naturales, un modelo que ve el agua como una mercancía, en contraposición a la idea de que el agua es un bien común. A través de este análisis me gustaría dar respuesta a la pregunta de por qué la lucha por el agua es, en esencia, una lucha por la justicia social.
Contexto y Antecedentes del Extractivismo
El extractivismo es un modelo económico y social que ha marcado la historia de América Latina desde la Conquista. Se basa en la extracción a gran escala de recursos naturales para la exportación, un patrón que se perpetuó tras la independencia y se intensificó en los siglos XX y XXI.
Este modelo no es solo un conjunto de actividades económicas, sino una forma de entender la naturaleza como una fuente ilimitada de materias primas. Su lógica prioriza la acumulación de capital por encima de la sostenibilidad ambiental y los derechos de las comunidades que habitan los territorios
Rasgos clave del extractivismo
- Intensidad: Se enfoca en la extracción a gran escala y de alto volumen, generalmente a través de proyectos de gran envergadura como la minería a cielo abierto, la tala masiva de bosques o la explotación de hidrocarburos.
- Destino de la producción: Los recursos extraídos no se destinan a satisfacer las necesidades de la economía local o nacional, sino que se exportan para el consumo de los mercados globales.
- Impactos socioambientales: A menudo genera conflictos sociales debido al desplazamiento de comunidades y la contaminación del agua y la tierra. Además, puede causar la deforestación y la pérdida de biodiversidad, contribuyendo al cambio climático.
- Dependencia económica: Los países que adoptan este modelo se vuelven altamente dependientes de las fluctuaciones de los precios de las materias primas en el mercado internacional, lo que puede generar inestabilidad económica.
Históricamente, el extractivismo se ha centrado en los minerales (oro, plata, cobre), los hidrocarburos (petróleo, gas) y los productos agrícolas de exportación (soja, caña de azúcar), sin embargo, la creciente escasez de recursos y el aumento de la demanda global han llevado a que esta lógica podamos aplicarla a un recurso que antes se consideraba un bien inagotable: el agua.
El extractivismo hídrico: Un nuevo horizonte de explotación
El extractivismo hídrico (desconozco si es un término aceptado en el mundo académico pero es el que he encontrado para explicar este fenómeno y lo he visto utilizar por los movimientos sociales para describir la mercantilización y apropiación del agua) es una manifestación moderna y preocupante del modelo extractivista.
Se trata de la apropiación y el control del agua por parte de actores poderosos —ya sean empresas transnacionales, grandes corporaciones agrícolas o proyectos de infraestructura estatales— con el objetivo de convertirla en una mercancía. Bajo esta lógica, el agua deja de ser un derecho fundamental para convertirse en un activo financiero, desviado de sus usos vitales para la comunidad y los ecosistemas, y destinado a proyectos económicamente rentables para el lucro de unos pocos.
Este tipo de extractivismo se puede manifestar de diversas maneras. Algunos ejemplos que ilustran este fenómeno:
- La agroindustria: Grandes monocultivos como el aguacate en Chile y México o la caña de azúcar en Colombia demandan volúmenes enormes de agua, agotando así las reservas de los acuíferos y dejando a las comunidades locales sin acceso a un suministro básico.
- La megaminería: La minería a cielo abierto utiliza millones de litros de agua en sus procesos, pero, además, contamina las fuentes hídricas con químicos tóxicos, lo que tiene un impacto devastador en los ecosistemas y la salud de las poblaciones cercanas.
- Las grandes represas: Un caso particular es el de la construcción de represas para generar energía a gran escala. Aunque no se trate de un uso consuntivo del agua los efectos son de gran impacto ya que puede inundar vastas extensiones de tierra, desplazar comunidades enteras y alterar permanentemente los ecosistemas fluviales.
En estos tres ejemplos el uso del agua beneficia a unos pocos a costa de muchos. En estos modelos de explotación, la escasez de agua no es debida a un fenómeno natural, sino el resultado directo de un modelo que privatiza y despoja a las comunidades de su control sobre este recurso vital. La consecuencia es la profundización de las desigualdades, especialmente entre los grupos más vulnerables y el surgimiento de conflictos socioambientales por el control del agua.
Una mirada global: El extractivismo hídrico más allá de América Latina
Podríamos pensar que los problemas del agua provocados por un modelo extractivista se limitan al ámbito geográfico de América Latina. Sin duda es allí donde la magnitud del problema ha alcanzado niveles críticos y más llamativos pero, lamentablemente, si bien a menor escala, este modelo se repite en otras partes del mundo. El caso de España puede servir como ejemplo para ilustrar ciertas prácticas aceptadas en otros lugares del planeta y que siguen un patrón similar.
En España, por ejemplo, algunas de las prácticas de la agricultura intensiva, como el cultivo de frutos rojos en determinadas cuencas que presentan un elevado estrés hídrico o las relacionadas con la ganadería industrial, las conocida como «macrogranjas», ilustran perfectamente la lógica extractivista.
Este modelo productivo requiere de un uso masivo de agua que sobreexplota las fuentes de agua y las contamina, afectando a los ecosistemas y a las comunidades locales. La lógica es la misma: un recurso común y esencial se «sobreutiliza» para maximizar la ganancia de un sector sin importar los graves impactos sociales y ambientales que genera. El problema se acrecienta cuando, además, existe como base de este modelo el robo de agua, un saqueo continuado al margen de la legalidad que lucra a unos pocos, pero con unas consecuencias en el territorio que serán difíciles de superar.
Cotizar en la bolsa: el agua como mercancía
Más allá del extractivismo hídrico existe otra manera de mercantilizar el agua y que tiene lugar muy lejos de donde se desarrollan estos conflictos socioambientales que se han descrito en los apartados anteriores.
La paradoja del agua es que, si bien es esencial para la vida y no tiene un sustituto, la forma en que se ha gestionado a lo largo de la historia la ha convertido en un recurso escaso en muchas regiones. Esto ha creado las condiciones para que se le trate como un bien escaso, y por lo tanto, con un precio en el mercado. Aunque el agua en su esencia es un bien común y un derecho, la realidad actual nos muestra un mundo en el que, en la práctica, su gestión y distribución están cada vez más sujetas a las leyes del mercado.
La idea de que el agua cotice en la bolsa de valores implica un cambio fundamental en cómo se percibe y valora este recurso vital
Tradicionalmente, el agua se ha considerado un bien público, esencial para la vida y un derecho humano, reconocido oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 como el derecho al agua potable y al saneamiento, lo que obliga a los Estados a garantizar el acceso universal a servicios de agua segura, suficiente, asequible y accesible para todos sin discriminación. Este derecho es esencial para una vida digna, la salud y el disfrute de otros derechos humanos.
Sin embargo, al entrar en el mercado de valores, se le asigna un valor monetario y se convierte en una mercancía, similar a bienes como el petróleo, el oro o el trigo. Es otra manera de mercantilizar el agua. Que el agua cotice en la bolsa la convierte en una mercancía, desvinculando su valor de su función vital. Este proceso de mercantilización tiene implicaciones significativas.
En primer lugar, el agua se transforma en un activo financiero, y su precio se basa en la especulación más que en su valor real. Los inversores pueden comprar y vender contratos de futuros sobre el agua, viendo las sequías y la escasez como oportunidades de inversión en lugar de problemas sociales.
En segundo lugar, los beneficios se priorizan sobre las necesidades básicas. Al entrar en el mercado, se corre el riesgo de que las empresas privadas prioricen la rentabilidad económica por encima del acceso equitativo, lo que podría elevar los precios para las comunidades más pobres.
Finalmente, este sistema promueve la privatización de los servicios hídricos, permitiendo que unos pocos controlen la gestión del agua con el fin de maximizar sus ingresos, lo que podría llevar a una menor inversión en infraestructura o a la subida de tarifas, planteando un dilema ético sobre si un recurso esencial para la vida debería estar en manos de intereses privados.
Haciendo un poco de historia, la mercantilización del agua alcanzó su punto más alto con la cotización del agua en la bolsa de valores. En 2020, el índice de futuros del agua NQH2O de Nasdaq permitió que los inversores pudieran especular sobre el precio futuro de este recurso. Esto desvincula el valor del agua de su función vital y lo somete a la volatilidad del mercado financiero. En esencia, las decisiones sobre el precio del agua se toman en Wall Street, lejos de las necesidades de los usuarios y los consumidores, reforzando la idea de que el agua es un activo financiero y no un bien común.
Cuando el agua cotiza en la bolsa se transforma de un bien común a un bien económico, lo que puede tener un impacto significativo en su gestión, en el acceso para las poblaciones vulnerables y en la priorización de los intereses financieros por encima de las necesidades humanas básicas.
La alternativa: hacia una gestión del agua como bien común
Frente al modelo extractivista del agua, lo que he venido a denominar extractivismo hídrico, la respuesta ha sido la defensa del agua como un bien común y un derecho humano. Esta visión propone una gestión sostenible y comunitaria del agua, que la entienda no como una mercancía, sino como un elemento fundamental para la vida y los ecosistemas.
La gobernanza comunitaria del agua es un pilar central de esta alternativa. Este modelo, arraigado en la historia y los saberes de muchas comunidades indígenas y campesinas, promueve la autogestión y el control colectivo sobre los recursos hídricos. Las decisiones sobre el agua se toman de forma participativa, priorizando las necesidades humanas y la salud del ecosistema por encima de cualquier interés comercial. Esto se materializa en la organización de juntas de agua, la protección de las fuentes y manantiales, y la distribución equitativa del recurso entre todos los miembros de la comunidad.
La alternativa no solo busca proteger el agua, sino también construir sociedades más justas y equitativas. Es un modelo que defiende la soberanía territorial y la autonomía de los pueblos, reconociendo su papel crucial como guardianes de los ecosistemas.
Más allá del extractivismo: El agua como pilar de la Justicia Social
El extractivismo hídrico es una de las expresiones más claras de la crisis en la que estamos inmersos como sociedad. Nos confronta con la paradoja de una modernidad consumista que avanza a costa de los recursos naturales que nos sostienen, poniendo en jaque el acceso equitativo a un bien fundamental y, por ende, la justicia social. El urgente debate sobre la crisis del agua nos obliga a cuestionar las bases de nuestro sistema económico y a reflexionar sobre qué tipo de relación queremos tener con la naturaleza y con los demás.
La idea de que el agua es un pilar de la justicia social nos permite elevar el debate, transformándolo de una discusión puramente económica o ambiental a una cuestión de derechos humanos y equidad. Es un enfoque que busca un cambio de paradigma en cómo valoramos y gestionamos un recurso tan esencial
Ante un futuro de incertidumbre climática y una creciente escasez de recursos, el desafío que tenemos por delante como humanidad es proteger el agua como el bien común que es, la fuente de toda la vida, garantizando que su acceso no sea un privilegio, sino un derecho universal.
Entonces hagámonos de nuevo la pregunta: ¿Cómo queremos que sea el agua?, ¿una mera mercancía o un bien común?. La respuesta es clara: el agua debe ser un bien común.
Al elegir el agua como un bien común, la humanidad se unirá en torno a un propósito compartido: proteger el recurso más vital para la vida. Esta elección nos permitirá construir un futuro lleno de esperanza, donde la igualdad, la justicia y el respeto por la naturaleza serán los cimientos de una sociedad próspera y sostenible.
Es un futuro en el que la humanidad, habiendo aprendido de sus errores, abraza la sabiduría ancestral de que el agua, al igual que el aire, pertenece a todos.
“El agua es un tesoro que vale más que el oro” (frase escrita en un mural del colegio del centro poblado El Tambo, Cajamarca (Perú))
