Opinión
María Dolores Pascual
La opinión deMaría Dolores PascualDirectora General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
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Avanzando hacia la digitalización del agua


Nos encontramos en estos momentos en un entorno cambiante cada vez más exigente con la gestión de los recursos naturales que debe dar respuesta a los elevados parámetros de sostenibilidad que demanda la sociedad actual.

La gestión del agua no es una excepción. El agua ha sido y es un factor de desarrollo, pero se corre el riesgo de ser un factor limitante y eso resulta difícil de aceptar. La reducción de las precipitaciones, la elevación de las temperaturas y frecuentes fenómenos extremos junto con la necesidad de garantizar el suministro a demandas razonables y la protección de los ecosistemas fluviales nos lleva a un panorama complicado que nos exige repensar nuestra manera de hacer las cosas.

Garantizar el agua hoy y mañana debe plantearse como un gran problema estratégico. Debemos plantearnos una forma diferente de actuar si queremos que las cosas cambien y mejoren y, especialmente en el sector del agua, estamos obligados a repensar nuestra gestión para enfrentarnos a las condiciones descritas. Contamos con un marco institucional adecuado, una gestión integrada de los recursos hídricos y unos planes hidrológicos por cuencas que deben permitirnos avanzar en esa dirección.

La sociedad nos está pidiendo que el consumo de agua sea cada vez más eficiente y adaptado a su disponibilidad. Debemos seguir trabajando para aumentar el conocimiento que tenemos sobre el agua.

En esa línea, desde la Dirección General del Agua se han identificado una serie de retos y líneas de actuación empezando por la necesidad de garantizar el suministro a usos esenciales a través, primero, del incremento de los recursos no convencionales —desalación y reutilización—; la protección de las aguas subterráneas como reservorio para situaciones de sequía y garantía de humedales y ríos; la mejora de las infraestructuras de transporte y la garantía de la seguridad de las infraestructuras de regulación.

Junto a ello, debemos arbitrar medida para proteger los ecosistemas fluviales no solo luchando contra la contaminación puntual y difusa sino también a través de una nueva visión de la dinámica fluvial que nos permita convivir con los ríos de una forma equilibrada mediante la recuperación de sus funciones ambientales y sociales.

En esa misma línea, la prevención y adaptación a los fenómenos extremos nos exige buscar medidas coherentes entre sí y articuladas a través de la planificación y establecer hojas de ruta aplicables en caso de sequías.

Finalmente, es preciso profundizar en la relación existente entre el agua y la energía, tanto desde la óptica tradicional de agua que genera energía; la generación de energía que necesita agua y, finalmente, la eficiencia energética en los usos del agua. 

El empujón definitivo hacia la digitalización de la gestión del agua se ha producido de la mano de los fondos Next Generation de la UE y el PRTR

El avance en estas direcciones nos permitirá avanzar en una transición hídrica de nuestro país que, sin embargo, necesita avanzar paralelamente en la transición digital.

La propia Unión Europea ha considerado la necesidad de una transición digital que conllevará “nuevas oportunidades para las empresas, fomentarán el desarrollo de tecnologías fiables, fomentarán una sociedad abierta y democrática, permitirán una economía dinámica y sostenible, contribuirán a luchar contra el cambio climático y a lograr la transición ecológica”

Por su parte, nuestro país ha desarrollado también estrategias de transformación digital mediante la Agenda Digital española para todos los sectores y dentro de ese contexto, la gestión del agua no puede quedar al margen, precisamente, por el carácter estratégico que tiene para el desarrollo económico y la calidad de vida de las personas.

La pandemia sanitaria sufrida entre 2020 y 2023 puso de manifiesto nuestra fragilidad y la necesidad de contar con la tecnología para garantizar servicios básicos y mantener la actividad económica.

Pero el empujón definitivo hacia la digitalización de la gestión del agua se ha producido de la mano de los fondos Next Generation de la Unión Europea y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, dentro de él, a través del PERTE DE DIGITALIZACIÓN DEL AGUA que conlleva, probablemente, la mayor inversión en agua en décadas.

Más de 3.000 millones de euros (1940 de inversión púbica y 1.120 de inversión público-privada) con el objetivo fundamental de potenciar el uso de las nuevas tecnologías de la información en el ciclo del agua para mejorar su gestión; aumentar su eficiencia y reducir las pérdidas en las redes de suministro; ser un motor para estimular las inversiones en el ciclo del agua y fomentar la actividad de los profesionales de la ingeniería, el tratamiento de datos y las telecomunicaciones.

La aprobación en marzo de 2022 del PERTE de la Digitalización del Ciclo del Agua ha marcado un antes y un después en administraciones, empresas y usuarios del agua a través de cuatro líneas de actuación:

En estos tres años desde su aprobación se ha avanzado en todas ellas, pero es destacable el esfuerzo hecho en la transformación digital de la administración hidráulica y de los usuarios.

El verdadero cambio de esta transformación debe ser el convencimiento de que el agua es un recurso escaso e imprescindible

Respecto de la primera, los organismos de cuenca de cuencas intercomunitarias han tramitado por ahora, proyectos por importe de 150 millones de euros para avanzar en su transformación en ámbitos referidos tanto a la tramitación electrónica de expedientes, el registro digital de las aguas, la digitalización de las redes de información hidrológica y en especial, de los distintos sistemas automáticos de información hidrológica, aplicación de tecnología BIM en la gestión de las infraestructuras o la digitalización de los trabajos de seguridad de las presas o aplicación de soluciones tecnológicas en la identificación de las zonas de riesgo por inundaciones. Igualmente, y a través de conferencia sectorial, el PERTE ha ayudado a los organismos de cuencas intracomunitarias a avanzar en este mismo proceso de transformación.

En cuanto al fomento de la digitalización de los usuarios del agua, todas las convocatorias que hasta ahora se han presentado han superado las previsiones en relación con el interés que han levantado.

Cerca de 400 proyectos se han presentado en total a las dos convocatorias del ciclo urbano, dotadas con un total de 500 millones de euros y destinadas a mejorar la eficiencia del ciclo integral urbano del agua desde la captación, almacenamiento y la distribución hasta el saneamiento y la depuración, contribuyendo a un uso más eficiente y sostenible del recurso.

En el sector del regadío, se han seleccionado provisionalmente 125 proyectos con un importe de 75 millones de euros dirigidos a lograr un uso más eficaz del agua, a utilizar de manera más racional los fertilizantes o a mejorar la eficiencia energética para reducir los costes y se trabaja ya en nuevas convocatorias que permitan mantener la línea iniciada.

Finalmente, se trabaja en la concreción de la línea de ayudas a través del Instituto de Crédito Oficial, también nuevamente para el ámbito urbano y el industrial.

Aún por finalizar su labor impulsora, el PERTE permitirá a numerosos abastecimientos, regadíos y usuarios industriales disponer de sistemas de gestión digitales para reducir pérdidas y mejorar la gestión del recurso hídrico al tener un mejor conocimiento sobre sus consumos. Y por lo que se refiere a las administraciones del agua, más información sobre captaciones de agua, consumos o vertidos de aguas residuales, así como creación de soluciones tecnológicas adaptadas a sus necesidades.

Pero, sin duda, el verdadero cambio de esta transformación debe ser el convencimiento de que el agua es un recurso escaso e imprescindible que merece que su uso sea cuidadosamente medido. Las distintas soluciones tecnológicas se nos presentan como herramientas formidables para mejorar la gestión el agua con el objetivo último de garantizar su protección y mejorar la calidad de vida de las personas.